La compañía Ecolumber –especializada en la producción y comercialización de frutos secos– ha suspendido su cotización en bolsa bajo requerimiento de la dirección general de Política Financiera de la Generalitat.
La compañía, con sede en Barcelona y explotaciones agrarias en Tarragona y Aragón, solicitó el pasado martes la entrada en concurso de acreedores, hecho que ha motivado la suspensión de la cotización de la empresa en la bolsa de Barcelona.
La solicitud del concurso de acreedores llega después de unos meses en que la empresa se ha encontrado en la cuerda floja, negociando con los acreedores –principalmente un grupo de entidades financieras– un plan de reestructuración de la deuda que finalmente no ha salido adelante.
El pasado mes de octubre, la Audiencia Provincial de Barcelona dio la razón a los bancos y anuló la homologación del plan de reestructuración del grupo porque la configuración de clases del pasivo era artificiosa. Así que el plan quedó en papel mojado y la compañía perdió la posibilidad de alcanzar una quita del 70% de la deuda y una espera a cinco años del 30% restante.
Fuentes conocedoras aseguran que el pasivo total asciende a 34 millones de euros. Esta cifra es la suma de la deuda de tres sociedades: el propio holding Ecolumber, con 14,8 millones de pasivo, Frutos Secos de La Vega, con 6 millones de pasivo, y Uriarte, con 13 millones de euros más, aproximadamente. En el 2023, la facturación de la empresa fue de 23 millones y las pérdidas de 13 millones.
La compañía –controlada por varias familias, como Godia e Ybarra– ha llegado a esta situación a causa de una serie de inversiones fallidas en el negocio agrario, donde opera con explotaciones de almendros y de nogales en Tarragona y Aragón. Concretamente, una de sus filiales, Cododal, tuvo que declararse en concurso de acreedores. Estas fuentes comentan que Ecolumber sufrió la crisis sanitaria y el impacto del aumento de costes de la guerra en Ucrania y que últimamente, ha tenido que asumir los costes de lanzamiento de productos y otros estructurales.
Próximamente, los juzgados mercantiles de Barcelona procederán a la declaración del concurso de acreedores y valorarán el curso del negocio, que puede ir a la liquidación de los activos, la venta de la unidad productiva o, aunque sea menos probable, la firma de un convenio.
