Muchos en Venezuela, tanto en el gobierno como la oposición, ya hablaban del “robo del siglo” tras el anuncio a principios de este año en Estados Unidos de que se subastaría la empresa estatal petrolera venezolana Citgo, con sede en Houston, para así indemnizar a los fondos de inversión y corporaciones multinacionales perjudicados por la quiebra del estado venezolano y las nacionalizaciones chavistas.
Ahora, la decisión preliminar de un tribunal en Delaware de autorizar la venta de Citgo a una filial del polémico fondo Elliott Investments, parece confirmar los peores temores. A fin de cuentas, Elliott es el más agresivo de los llamados fondos buitre, poderosos vehículos financieros que compran deuda de países pobres en suspensión de pagos para luego llevar a sus gobiernos a los tribunales y así extraer el máximo beneficio. Lo que la revista el New Yorker calificó como “una forma de hacer negocios singularmente adversarial e inmensamente lucrativa”.
Si el plan del tribunal en Delaware sigue adelante, Elliott, encabezado por el billonario estadounidense y donante republicano, Paul Singer—que ha sacado beneficios jugosos mediante sendas demandas contra los impagos de países como Argentina, la República Democrática del Congo, Perú o Liberia—pagará 7.300 millones de dólares por los activos de Citgo en Estados Unidos. Estos incluyen tres importantes refinerías en Texas, Luisiana e Illinois, que producen más de 800.000 barriles de gasolina al día, y una importante red de gasolineras. Es mucho menos de lo que se calculaba que era el valor de Citgo, -filial de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)-, cuyo logotipo, en forma de triangulo rojo, ha sido una incongruente presencia en EE. UU. durante décadas de enfrentamiento entre Caracas y Washington.
Un fondo buitre pagará la mitad de lo que vale por las refinerias y gasolineras de Citgo
Pero Elliott debe lidiar con las demandas judiciales de una veintena de corporaciones multinacionales, principalmente mineras y empresas de energía, así como fondos de inversión que pretenden ser indemnizados por impagos sobre deuda venezolana y nacionalizaciones de empresas privadas realizadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Tal es el frenesí de las empresas demandantes, todas empeñadas en arrancar su pedazo de Citgo, que incluso Elliott puede sentirse incómodo. Los tenedores de bonos han acudido a otros tribunales en busca de decisiones a favor de sus propias demandas. Un grupo de tenedores de bonos, que compraron deuda venezolana avalada por activos de Citgo en 2020 por un precio equivalente al 20% de su valor de emisión, ahora pretenden conseguir más del 90%. Liderados por el fondo Gramercy, especializado en comprar bonos basura de entidades en quiebra, quieren ganar a otras demandantes, ya sean empresas energéticas o mineras, en la cola para ser compensadas por impagos o por la nacionalización de sus activos. Reembolsar a estos inversores, haría inviable la operación de Elliott
La venta de Citgo incluye tres refinerías en Texas, Luisiana e Illinois y una gran red de gasolineras
Según el analista petrolero en Houston, Paul Sankey, antes de la subasta se había calculado que el valor de Citgo—en manos del estado venezolano desde 1990—oscilaba entre 32.000 millones y 40.000 millones de dólares. En 2011, cuando Chávez tanteó vender la empresa, se valoró en 13.500 millones de dólares.
“Se pierde Citgo por el 50% de su valor”, afirmó el analista petrolero venezolano Einstein Millán. Es “la entrega de la joya de la corona a intereses extranjeros reunidos en torno al capital de riesgo”, añadió.
Tanto el gobierno venezolano como la oposición se oponen a la venta de Citgo que no solo generaba miles de millones de dólares en ingresos para Venezuela, sino también refinaba el crudo pesado extraído por PDVSA en la cuenca del río Orinoco.
Pero la cuestionada victoria de Nicolás Maduro en las elecciones de julio hace casi imposible que la administración Biden detenga la subasta. “Si hubiera un cambio de gobierno en Venezuela, tal vez el gobierno en Washington retiraría la licencia, pero ya parece una decisión tomada”, dijo el economista venezolano radicado en EE. UU., Francisco Rodríguez.
Imagen de la refinería de la petrolera en Luisiana
Esto no deja de ser irónico. Porque, para muchos analistas de la enrevesada historia de Citgo, era la oposición venezolana, en colaboración con halcones neoconservadores en la administración de Donald Trump, la que dio la oportunidad de oro a las multinacionales para hacerse con Citgo.
Trump emitió un decreto en 2017, parte de un embargo total sobre la venta de petróleo venezolano, en el que Citgo ya no podía transferir sus beneficios a Caracas. Luego, tras reconocer como jefe de estado al joven lider parlamentario Juan Guaidó autoproclamado como presidente en enero del 2019, el entonces presidente estadounidense entregó todos los activos venezolanos en el exterior, -el más valioso siendo Citgo-, al nuevo gobierno “en la sombra” de Guaidó. El resultado -por error o intención - sería el destripamiento de los activos de Citgo en beneficio de los fondos y corporaciones multinacionales.
Los activos de Citgo equivalían al 10% del PIB venezolano, o dicho en otras cifras, 13.500 millones de dólares, según el tanteo de venta de Chávez en el 2012
Hubo “una motivación oculta detrás del fracasado plan de cambio de régimen”, según sostiene la periodista estadounidense Anya Parampil en su nuevo libro Corporate coup -golpe corporativo- (OR Books, 2024) .“Fue una conspiración para robar el activo internacional más codiciado de Venezuela”. Ya con la entrada de Elliott—conocido por su agresividad en pleitos contra países en quiebra que llegó a forzar la incautación de un barco militar argentino en 2011 con el fin de cobrar 2.600 millones de dólares al gobierno de Cristina Kirchner—la jugada puede haberse perfeccionado.
El libro 'Corporate coup' denuncia una complot para robar los activos de PDVSA
Al hacerse con el control de la valiosa red de distribución y las refinerías de Citgo en Estados Unidos, Guaidó y sus colaboradores -liderados por Luisa Palacios, afincada en Nueva Jersey y cónyuge de un alto directivo de JP Morgan en Wall Street- hicieron un regalo a los abogados de las multinacionales petroleras y los fondos globales que habían sufrido reveses en Venezuela.
El auto gol se produjo de la siguiente manera. Durante 20 años, los gobiernos chavistas, con asesoramiento de los mejores abogados corporativos, habían creado estructuras administrativas para “mantener una distancia de seguridad entre Citgo, PDVSA y el Estado venezolano, ”, afirma Parampil. Esto “hizo difícil demostrar, con argumentos legales, que Citgo era un instrumento de Maduro”. Ningún acreedor logró convencer a los jueces en EE. UU. de que tenía derecho a cobrar su compensación a traves del embargo de Citgo.
Pero, tras la entrega de la empresa al equipo gubernamental de Guaidó que nombró a nuevos miembros de la junta de administración de PDVSA y Citgo, el juez Leonard Stark de Delaware aceptó por primera vez en 2023, el argumento de que Citgo era un llamado “alter ego” del Estado venezolano.
Venezuela ha perdido la joya de sus activos petroleros en el extranjero por la mitad de su valor
Bajo esa rebuscada figura juridica, cualquier empresa que se consideraba perjudicada por las acciones del Estado venezolano tenia derecho a pedir indemnización mediante el embargo de los activos de Citgo. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Stark falló en favor del argumento de que el equipo de Guaidó “usó los recursos de PDVSA para sus propios fines. (lo cual) permitió que los acreedores de la república venezolana (y no solo de PDVSA) embargaran a CITGO”, dice Rodriguez.
Abogados consultados por La Vanguardia en el entorno del gobierno paralelo de Guaidó responden que la decision se debe a un cambio de postura de los jueces estadounidenses. “En el 2023 tanto la corte de Delaware como la corte de apelaciones para el tercer circuito cambiaron los criterios usados para definir el alter ego,” dijo osé Ignacio Hernández, el máximo representante jurídico del gobierno paralelo de Guaidó. Los jueces, decidieron erróneamente que “controles normales” -como el nombramiento de la junta administradora- “eran prueba de alter ego y esos controles se imputaron al gobierno interino”. En todo caso, añadió Hernández, la responsabilidad de la perdida de Citgo no es del gobierno interno de Guaidó sino “ la deuda pública por 170.000 millones de dólares, el legado de de Hugo Chávez y Nicolás Maduro" que convirtió a Venezeula en un blanco de demandas de acreedores y fondos buitre
Bien fuera por el error de los abogados de Guaidó, los cambios de criterio de los tribunales estadounidenses o el legado de endeudamiento de los gobiernos chavistas, el resultado es lo mismo: Citgo -cuyos activos equivalían a nada menos que el 10% del PIB venezolano- será embargado para el beneficio de un grupo de fondos de buitre, inversores en bonos basura en Wall Street asi como multinacionales del sector energético y minero.
Aunque sea solo por la coincidencia en el tiempo, es difícil deslindar la debacle de Citgo de la mala gestión del gobierno paralelo de Guaidó. Parampil incluso pregunta si el saqueo de Citgo fue un objetivo explícito del plan urdido en 2019 por la Administración Trump para derrocar a Maduro. “¿Fue un efecto colateral del plan de cambio de régimen o fue una consecuencia intencionada del mismo?”, se pregunta en su libro.
Desde luego, los posibles beneficiarios de la venta forzada de Citgo son aliados de los halcones -muchos con base en Miami- que diseñaron el golpe de Guaidó. A parte de Elliott, incluyen a las multinacionales petroleras, ConocoPhillips, un importante donador a la campaña de Trump, Vitol, y Koch Industries, cuyos socios, los hermanos Koch de Kansas, son patrocinadores de la Red Atlas integrada por grupos ultraconservadores latinoamericanos, entre ellos la actual oposición venezolana (Pedro Urruchurtu, el asesor de Corina Machado, la candidata de facto en las elecciones presidenciales de julio, es un activista de redes liberales relacionadas con Atlas).
También participa en la puja por los activos de Citgo la empresa minera de oro canadiense Crystallex, cuya concesión para sacar de oro en el sur de Venezuela fue retirada por Chavez en 2008. Otra minera canadiense, Gold Reserve, participa, así como la fabricante de vidrio estadounidense Owens-Illinois, que fue nacionalizada por el gobierno de Chávez y trata de embolsarse casi 450 millones de dólares. Siemens Energy es otra demandante. En total, hay unas 19 demandas cuyas reclamaciones ascienden a unos 20.000 millones de dólares, el 40% del PIB venezolano, lo que casi triplica lo que Elliott pagaría por Citgo.
Las reclamaciones de 20.000 millones triplican lo que Elliott pagará por Citgo
La historia de Crystallex es clave para entender el esperpéntico desenlace de la tragedia de Citgo. Tras la decision del gobierno de Chávez de retirar la concesión de su mina Las Cristinas, esta empresa canadiense demandó al estado venezolano en 2016 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal de arbitraje afiliado al Banco Mundial y con sede en Washington utilizado en el pasado por fondos buitre como Elliott. Como suele ocurrir, este tribunal multilateral dio la razón a la multinacional y ordenó al estado venezolano a pagar 1.200 millones de dólares en indemnización a Crystallex. Con el reconocimiento por el tribunal de Delaware de que Citgo es el “alter ego” del estado venezolano, Crystallex ya tiene luz verde para buscar toda o parte de esta compensación mediante el embargo y venta de los activos de Citgo, aunque deberá medirse ya con Elliott.
Un dato que ha despertado sospechas de que el plan Guaidó era, efectivamente, un “golpe corporativo” es que el ya citado asesor legal del equipo de Guaidó, José Ignacio Hernández, había sido anteriormente abogado tanto de Crystallex como de Owens-Illinois cuando estas intentaron recuperar sus inversiones perdidas en Venezuela mediante el embargo de bienes petroleras del estado venezolano. Aunque Hernández no utilizó la figura de “alter ego” en los juicios contra Venezuela, sí hizo hincapié en que los gobiernos chavistas habían quebrado a independencia legal de PDVSA y por tanto, que un embargo seria legal. “Ya había dicho en repetidas ocasiones que Maduro y Chávez habían violado la autonomía de PDVSA que es obvio pero es totalmente falso que argumenté la tesis del alter ego”, insistió Hernández en una entrevista concedida a La Vanguardia.
Sin embargo, parte de la oposición venezolana pide una investgación sobre el papel de Hernández asi como el de Carlos Vecchio, otro abogado que fue nombrado encargado de negocios del gobierno de Guaidó en EE.UU., Vecchio había representado a la petrolera estadounidense Exxon. “Hay que respetar la presunción de inocencia pero puede haber conflictos de interés y es suficiente para merecer una investigación”, dijo Francisco Rodriguez.
El equipo de Guaidó “debe ser investigado por posibles conflictos de interés”
Citgo no es el único activo del quebrado estado venezolano que fue expropiado durante los años de Trump. La fábrica en Barranquilla (Colombia) de la empresa pública venezolana de fertilizantes Monómeros —otra filial de PDVSA— fue entregada al gobierno de Guaidó también. Tras el colapso de la empresa en medio de acusaciones de corrupción, Gustavo Petro, el presidente colombiano, devolvió Monómeros al estado venezolano. Así mismo, los lingotes de oro venezolano en la bóveda del Banco de Inglaterra fueron apartados del control del estado venezolano tras la operación Guaidó. Carente de legitimidad y sin el apoyo de las fuerzas de seguridad, el virtual gobierno creado por Trump, perdió credibilidad rápidamente. Ahora se le acusa de malversación de fondos y otros delitos de corrupción. Guaidó se ha mudado a Miami.