Todos contribuimos a sostener el gasto público según nuestra capacidad económica, con “un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Eso dice la Constitución. En la práctica, la cosa es diferente: las rentas altas y grandes empresas parten con ventaja y un acceso a recursos de planificación e ingeniería fiscal que reducen su factura.
Así lo exponen los técnicos del Ministerio de Hacienda José M. Mollinedo y Carlos Cruzado en Los ricos no pagan IRPF (Capitán Swing, 2024). Con una inspección centrada en el contribuyente medio, falta de recursos y tras soluciones fracasadas como las amnistías fiscales, denuncian que el sistema ni reduce desigualdades ni corrige deficiencias. Con todo esto, la carrera autonómica por bajar impuestos no conviene.
El sistema fiscal es imperfecto.
Ha tenido muchas reformas puntuales a lo largo del tiempo con las que ha perdido una cierta coherencia y unidad. En la Constitución se define un sistema tributario por el que todos debemos contribuir al sostenimiento de las cargas públicas con un modelo tributario justo. Pero se están dando muchos casos donde no se cumple el pago de sus impuestos. Personas con grandes rentas y patrimonio que incumplen sus obligaciones tributarias, que esconden partes de esos bienes y patrimonio millonarios a través de sociedades en paraísos fiscales. Un denominador común en los papeles de Panamá, la lista Falciani, Football Leaks... Tienen mucha renta, pero no tributan.
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Los ricos salen beneficiados.
A pesar de las medidas que se están tomando a nivel internacional para evitarlo, tradicionalmente han ido evitando la tributación de parte de sus rentas. También mediante medidas de elusión (minimizar el pago cumpliendo la normativa) por una norma tributaria que no es justa. La justicia implica cierta equidad en el pago del impuesto, pero esto no se produce porque en la norma hay circunstancias anómalas, anacrónicas, extrañas.
Y las exprimen. ¿No hace falta esconderse tanto para esquivar al fisco?
Es lo que estamos viendo, desafortunadamente. Hay mucha normativa que debería ser corregida, pero no se han ido aplicando las conclusiones de los expertos que ha consultado el Gobierno, como en el 2014, el 2017 o el 2021. Hay unos beneficios importantes que tienen estas personas que no tienen muchos ciudadanos. Una es contar con grandes bancos y despachos especializados, incluso de la asesoría internacional. Hace que tengan una información que no tiene el resto de ciudadanos y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en cómo las grandes empresas usan las principales ventajas de la ley del Impuesto de Sociedades. Su tipo impositivo, su tipo real sobre el beneficio que contabilizan, no llega al 6%. En las empresas medianas y pequeñas es del 14%. Su tipo real es superior, del doble. No parece muy lógico que en un impuesto lineal y con un tipo de carácter general haya grandes empresas que paguen la mitad que las pequeñas, que incluso tienen un régimen especial más beneficioso.
La justicia implicaría cierta equidad en el pago de los impuestos... pero esto no se produce”
“La Agencia Tributaria prima las comprobaciones sobre particulares, autónomos y pymes, a los que dedica el 80% de los efectivos”, señalan. ¿Esto tiene sentido?
El grueso de las comprobaciones nace del control de las discrepancias, entre el dato declarado por cada contribuyente y la información que posee Hacienda. Las personas y entidades que tienen buen asesoramiento no incurren en discrepancias y por lo tanto no suelen entrar en el plan de comprobación. A no ser que surja alguna información como las filtraciones periodísticas… O porque hay una entidad que declara unos pagos que otra no recoge… O porque dice que reside en otro país cuando realmente reside aquí… Eso sí hace que las grandes fortunas sean objeto de comprobaciones.
Si el modelo actual se centra cada vez más en las rentas del trabajador, ¿perjudica más al contribuyente medio?
El control tributario de las personas es más sencillo para la Agencia Tributaria. No tienen tan buen asesoramiento o no cuentan con ello y al final es un fraude burdo, que es muy fácil de ser descubierto. Es un trabajo que se hace muy rápido. Pero el fraude en las declaraciones de la renta no suele superar los 1.000 euros. Si miramos al pasado, a una única multinacional cementera le impusieron una multa de 400 millones de euros. ¿A cuántos contribuyentes pequeños, con pequeños importes, hay que investigar para sumar esos 400 millones? Ahí puede haber un campo de mejora. Habría que cambiar el enfoque de la inspección. Desde luego, investigar a una multinacional es infinitamente más complejo que a un ciudadano de a pie, pero si fuéramos capaces de cambiar la visión llegaremos a un fraude más complejo, más sofisticado. Puede ser más lento, pero rendir mucho más.
Son muy críticos con el resultado de las amnistías fiscales. ¿Fracasaron?
En la historia hemos visto que han sido siempre malas decisiones con un coste político importante en la mayoría de los casos. De las amnistías que se han ido produciendo ninguna ha logrado el objetivo de borrón y cuenta nueva. Ese borrón y cuenta nueva solamente se ha producido para borrar casos que estaban siendo investigados o próximos a ser investigados, para acogerse a ella y que no entrasen en delitos contra la Hacienda. Como en el caso de la familia Pujol.
En la historia vemos que las amnistías fiscales han sido siempre malas decisiones”
Deportistas, famosos, artistas... Defraudan y se los sigue idolatrando.
Muestra la falta de conciencia fiscal que tenemos en nuestro país. Cuando Leo Messi acudió a los juzgados para declarar por su investigación por delitos fiscales la gente lo coreaba. No creemos que sea muy de recibo para los ciudadanos, para nuestro país. Su calidad deportiva no tiene que hacer perdonar sus incumplimientos tributarios. Esto hace mal a la conciencia fiscal. También lo hemos visto con artistas que han sido investigados e incluso condenados por delitos contra la Hacienda Pública. La dinámica se ha repetido.
Ahora es tiempo de youtubers, de streamers que se van a Andorra.
Los jóvenes entienden por qué se van allí para no tributar. Pero buena parte del público que los sigue tiene pocos ingresos, han recibido ayudas de los ERTE, prestaciones por desempleo o sus familias reciben ayudas públicas. Y eso sale del pago de impuestos. Si estas personas a las que siguen y admiran no declaran correctamente el pago de esos impuestos, ellos son los principales perjudicados. Esto muchos ciudadanos no lo ven.
¿Defraudar igual sale barato?
A quien le pillan no. Las medidas contra el fraude y las sanciones no son poca cosa. Lo que ocurre es que en demasiadas ocasiones por la escasez de plantilla que se tiene en la Agencia Tributaria se llega a poco. Hay margen de mejora. Además las normas internas han desapoderado a los técnicos de investigar los delitos fiscales y esto hace que desde el 2010 se hayan desplomado sucesivamente, a lo largo del tiempo, un 80% las denuncias por delitos contra la Hacienda Pública.
Denuncian una “espiral de competencia fiscal a la baja” entre autonomías. ¿Conviene? ¿Gana alguien realmente?
Los que perdemos somos los ciudadanos. Los impuestos son una de las caras de la moneda, la otra son los gastos públicos. La educación, la sanidad, las pensiones, las ayudas públicas, la dependencia... Lo que no se paga con impuestos impide realizar esos gastos. Es difícil mejorar la calidad de los servicios o las pensiones si no se ingresa lo suficiente.
