La gobernanza económica en la zona euro se ha basado en exigir tres objetivos a los gobiernos de los países que forman parte de dicha área económica. El primero, que el déficit público no supere el 3% del PIB del país. El segundo, que la ratio de la deuda pública respecto al PIB no supere el 60% y, en tercer lugar, que el presupuesto estructural esté equilibrado. Estas condiciones no han superado la prueba de algodón de las coyunturas económicas especialmente adversas. La pandemia y sus indeseados efectos económicos hizo que en el 2020 se suspendiera su aplicación y se dejase a los estados miembros utilizar los presupuestos nacionales como creyesen más conveniente como instrumento anticíclico. Sin embargo, la recuperación económica de los países de la zona euro, a pesar de la incertidumbre que generan los conflictos internacionales, ha impulsado la necesidad de proponer nuevas reglas de gobernanza económica, que deberían ser acordadas en el segundo semestre de este año.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea
La Comisión Europea dio a conocer una propuesta legislativa sobre las reglas de la nueva gobernanza económica, el pasado 26 de abril, que se sustenta en negociar entre la Comisión y cada Estado miembro una reducción de la deuda, sin definir objetivos cuantitativos comunes a todos los países, en un periodo de cuatro años, que se puede extender a siete siempre que las correcciones fiscales se lleven a cabo en los primeros años de dicho periodo. A pesar de ello, el objetivo a largo plazo del 60% de deuda pública en relación con el PIB seguirá siendo el valor de referencia. De manera complementaria, la propuesta de la Comisión introduce la obligación a los estados miembros con un déficit superior al 3% del PIB a reducirlo al menos un 0,5% cada año hasta situarse por debajo del mencionado 3%.
Los estados miembros con un déficit superior al 3% del PIB deben reducirlo al menos un 0,5% cada año hasta alcanzar el 3%
A pesar del aumento de flexibilidad que introduce, la propuesta de la Comisión no impide que las medidas adoptadas puedan tener un carácter procíclico, como ya sucedió durante la Gran Recesión, como sugiere el mantenimiento de objetivos numéricos, sin ninguna justificación científica. En sentido positivo cabe señalar que las inversiones públicas para impulsar la digitalización, la sostenibilidad medioambiental, la defensa y la cohesión social pueden ser consideradas al margen de las reglas de la nueva gobernanza económica. También se apunta la necesidad de integrar en el análisis de la sostenibilidad de la deuda las políticas del BCE en relación con los tipos de interés o con la adquisición de deuda pública de los estados miembros. Finalmente, también parecería adecuado, dotar de un mayor protagonismo a los parlamentos nacionales y europeo en la determinación de los supuestos sobre la sostenibilidad de la deuda.
Habrá que esperar que las necesarias nuevas reglas fiscales no repitan los errores del pasado y que el debate en el seno del Ecofin permita conciliar las diferentes posiciones de sus miembros.