La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado 11 años de prisión y una multa de 59 millones para el expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal.
Así lo ha recogido en el escrito de acusación presentado a la juez Carmen Lamela en la investigación que se sigue contra el exdirectivo del Barça. Actualmente, Rosell está en prisión incondicional a la espera de que se celebre el juicio y en principio este miércoles culminará su traslado desde la cárcel de Soto del Real, en la que ingresó en mayo de 2017, a la de Brians 2, en la provincia de Barcelona.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dio el visto bueno la semana pasada a su traslado a una prisión catalana, al haber dictado ya el auto de procesamiento contra él y otras 5 personas por blanquear 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), de los que el expresidente del FC Barcelona se quedó con al menos 6,5 millones.
La juez Lamela dio el visto bueno la semana pasada a su traslado a una prisión catalana, al haber dictado ya el auto de procesamiento contra él y otras 5 personas por blanquear 20 millones de euros
El pasado 29 de mayo, Lamela dictó el procesamiento para Rosell, su esposa, Marta Pineda, al abogado andorrano Joan Besolí y otras tres personas al entender que formaban parte de una organización criminal que ocultó dinero desviado de la CBF por su expresidente Ricardo Teixeira, investigado en Estados Unidos.
Se les atribuye el blanqueo de 19,9 millones de mordidas obtenidas por Teixeira de los derechos de retransmisión de 24 amistosos de la selección brasileña y otros 5 millones de un contrato de patrocinio con la marca Nike. Según la jueza, Rosell se apropió de al menos 6,5 millones de euros de la operación de los amistosos.
La Fiscalía solicita para el socio de Rosell, Joan Besolí, diez años de prisión y una multa de 55 millones mientras que para la mujer del exdirectivo del Barça, Marta Pineda, reclama siete años de cárcel y 50 millones de euros de multa por los mismos delitos. También están acusados el cuñado de Besolí, Pedro Andrés Ramón, que se enfrenta a 8 años de cárcel; el exsocio libanés de Rosell, Sahe Ohanessian, al que solicitan siete años de prisión; y José Colomer, también socio del expresidente azulgrana, al que piden seis años de cárcel.
Según explica el escrito de acusación al que ha tenido acceso La Vanguardia, Rosell junto a sus socios y su mujer, “utilizando esa firme estructura de colaboración y confianza, procedieron a ocultar las cantidades ilícitamente obtenidas de Ricardo Teixeira con ocasión de la firma de ciertos contratos en los que este intervenía de representación de la Confederación Brasileña de Fútbol de la que fue presidente”.
El Ministerio Público entiende que Rosell habría blanqueado 19,9 millones de euros desde 2006, con el primero de los contratos firmado por Terra Teixeira con una sociedad árabe domiciliada en las islas Caimán y que tenía por objeto obtener los derechos de 24 partidos amistosos disputados por la selección de Brasil. De la investigación se desprende cómo “se impuso a la compradora el pago de unos fondos de los que en beneficio propio se apoderaron Rosell y Terra Teixeira en perjuicio de CBF”, de forma que el primero recibiría un total de 6.580.000 euros y el segundo, 8.393.328 euros, “en ambos casos sin conocimiento de la CFB y en su perjuicio”.
Según señala la juez
Había un entramado societario desde sociedades que pertenecían un grupo empresarial saudí que figuraba comprador y que terminaban en cuentas de Andorra
La juez ya señalaba todas las operaciones llevadas a cabo por los investigados para dar apariencia de legalidad al cobro de esas cantidades, a través de un entramado societario y transferencias bancarias ordenadas desde sociedades que pertenecían al grupo empresarial saudí que figuraba comprador y que terminaban en cuentas de Andorra donde figuraban como firmas autorizadas Rosell y el abogado andorrano Joan Besolí.
Estas transferencias “reflejan un movimiento de flujo de dinero con destino al propio Teixeira y personas de su entorno que figuraban como testaferros, en algunos casos de forma directa y en otros de forma indirecta, a través de empresas intermedias administradas y/o relacionadas con el citado Besolí y su cuñado Pedro Andrés Ramos”, apunta.
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