Cuando hace unos días Emmanuel Macron declaró que las masas no tenían la legitimidad que tiene el pueblo representado por sus electos, no podía ignorar que conjuraba un espectro. Y Rousseau no tardó en entrar en redes sociales de la mano de Clémentine Autain, periodista y diputada de Francia Insumisa en la Asamblea Nacional, que le recordó en un tuit que desde que el ginebrino publicó El contrato social se sabía que la soberanía no se delegaba, que los electos no eran sus propietarios y que el pueblo ha de ser escuchado y respetado cuando se manifiesta. Han pasado 261 años, pero el fantasma de Jean-Jacques Rousseau vuelve a recorrer Europa y a enardecer a quienes salen a las calles en Francia, como cuando los sans-culottes tomaron la Bastilla o asaltaron las Tullerías para impulsar una revolución que acabó en naufragio.
En El contrato social se dice que el pueblo es el soberano y que los miembros del soberano solo pueden obedecer como súbditos las leyes que ellos mismos se han dado. Que la soberanía no puede dejarse en manos de representantes es solo un corolario de esta afirmación. No significa que el pueblo no pueda delegar en legisladores que redacten las leyes o gobiernos que las ejecuten, sino que estas leyes solo obligan porque responden a la voluntad general y que los gobiernos solo son legítimos cuando no actúan en contra de ella. Todo esto resulta algo metafísico, como la existencia de una realidad llamada “pueblo”. Pero Rousseau miró de poner su teoría con los pies en el suelo imaginando mecanismos constitucionales capaces de impedir que quienes redactaban y ejecutaban las leyes usurparan una soberanía que no les correspondería.
El ginebrino ya imaginó mecanismos para impedir que quienes redactan las leyes usurpen la soberanía
Este planteamiento rousseauniano inspiró una propuesta que ha protagonizado uno de los debates más interesantes de la política francesa durante estos últimos años, la de incluir en la Constitución el referéndum de iniciativa ciudadana (RIC), que se convirtió en una de las principales demandas de los chalecos amarillos y que ha sido defendida tanto por la Francia Insumisa de Mélenchon como por el Frente Nacional de Marine Le Pen. Una vez recogidas las firmas necesarias no para solicitarlos, sino para exigirlos (una característica que los distingue de consultas no rousseaunianas parecidas), estos referéndums permitirían aprobar o rechazar proyectos de ley propuestos por iniciativa popular, derogar o mantener leyes elaboradas por el Parlamento, revocar o mantener un cargo electo o convocar una asamblea constituyente. La propuesta de RIC, que, en su formulación básica, no garantiza la protección de las libertades y los derechos de las minorías, no es una buena solución, pero pone en evidencia cual es el problema. No resulta extraño que, en Francia, instalada en una crisis de legitimidad del sistema de representación porque muchos ciudadanos la perciben como una república oligárquica, a Rousseau se lo encuentre hasta en la sopa.