Si alguien planteara hoy un examen a las madres y padres con hijos en edad escolar sobre los interrogantes que plantea esta extraña vuelta a las aulas nadie aprobaría. Ni aunque estudiaran, pues la mayoría de preguntas que quitan hoy el sueño a estas familias – a solo dos semanas del inició del curso en Catalunya y a cinco días en autonomías como Madrid o Navarra– no tienen en estos momentos respuesta.
Así que no debería de extrañar, en ese creciente mar de dudas por los continuos cambios de criterio de las autoridades educativas y sanitarias sobre cómo hay que gestionar de esta pandemia en las aulas, que cada día sean más las familias que se declaren abiertamente insumisas. Madres y padres que aseguran tener decidido ya que no van a llevar a sus hijas e hijos a la escuela mientras no se asegure que esos centros son seguros y no serán un nuevo foco de contagios.
En algunos colegios los profesores –como estos de la escuela Laia en Barcelona– ya preparan la vuelta a las aulas, pero aún hay muchas dudas sobre cómo se desarrollarán las clases
Y si ese examen se centrara en la postura adoptada por esos progenitores apuntados a esta corriente insumisa, se necesitaría más de un folio para plasmar los interrogantes que está planteado esta particular cruzada educativa sin precedentes, que se está extendiendo también como una gran mancha de aceite por toda Europa.
En esa evaluación concreta sobre la insumisión la primera pregunta sería: ¿Qué consecuencias tendrá para esas familias la negativa a escolarizar a sus hijos? La respuesta del sistema educativo es muy clara. “La educación es obligatoria entre los alumnos de edades comprendidas entre los 6 y 16 años” y la escolarización presencial (eso lo defiende hasta la ONU) es un deber y a la vez un derecho pensado para acabar con las desigualdades.
Pero, ¿qué respondería una de esas familias a esa misma pregunta tras pedir asesoramiento legal? La respuesta queda plasmada en las diversas plataformas y grupos extendidos por todo el territorio español que llaman a la insumisión escolar. Esas madres y padres defienden, a falta de una directriz concreta sobre una crisis sanitaria como la actual, que el derecho a la salud y vida del propio niño prevalece sobre el derecho a la educación.
La escolarización es obligatoria, pero las familias insumisas dicen que el derecho a la salud prevalece sobre el derecho a la educación
Así que la segunda pregunta sería:. ¿Pueden quitar a unos padres la custodia de un hijo por negarse a escolarizarlo? En condiciones normales (antes de esta pandemía) un fiscal podía adoptar esa medida sin problemas por el bien del menor.
Con el actual panorama, indican fuentes judiciales, llegar a ese extremo será más complicado, pues para que prospere uno de estos procesos se requiere que el absentismo sea prolongado y considerado como una afrenta directa y sin motivos justificados a la autoridad educativa.
Aquí se plantea un tema de salud, por lo que los jueces, añaden estas mismas fuentes, no lo van a tener tan claro como antes si se les presenta una causa por este motivo. Y más si esas familias pueden probar que las medidas de seguridad implantadas en el centro no garantizan una protección a contagios por coronavirus. Ninguna escuela o instituto estaría en condiciones, en estos momentos, de asegurar que el riesgo de infección en sus instalaciones es cero.
Para sancionar a los padres, el juez tendrán que valorar si el centro puede garantizar que no habrá contagios
La norma –olvidando el escenario excepcional creado por esta pandemia– establece que cuando las faltas a clase de un menor sin justificar superan el 20% del periodo lectivo, los centros tienen la obligación de intervenir e informar a las autoridades de esa ausencia. Y poca broma, pues ese abandono escolar propiciado por los progenitores puede acarrear para estos penas de cárcel.
Pero con la actual crisis sanitaria todo será mucho más difícil para los jueces, en caso de que lleguen casos a esos despachos judiciales. Habrá que instruir igual, apuntan fuentes judiciales, pero a la hora de tomar una decisión pesará, y mucho, el hecho de si el centro afectado puede o no garantizar que no haya contagios en sus aulas. Y es en ese punto al que se aferran estas madres y padres insumisos para justificar la legalidad de su postura.
Las familias insumisas ven una contradicción en que se prohíban reuniones de más de 10 personas y en cambio se permita un aforo superior en las aulas
¿Y en el caso de parejas separadas? El consejo de los abogados es que la decisión de no escolarizar a una hija o hijo por el riesgo de contagiarse de la Covid debería ser tomada de común acuerdo por los dos progenitores para evitar el riesgo de que si la decisión la toma un solo cónyuge sin el consentimiento de la ex pareja, el primero o primera pueda ser penalizado por tomar sin consenso esa decisión.
Este movimiento de insumisión escolar nació con mucha fuerza en Andalucía y ya pasan del medio millar las AMPAS de esa comunidad que han decidido arrancar el curso con los niños en casa y seguir las clases a distancia como hicieron en el pico de la pandemia.Otros movimientos en Galicia, Baleares o Catalunya han seguido esa misma estela.
Una de las voces muy escuchadas por esos padres y madres que consideran un riesgo para la salud la asistencia presencial de sus hijos en las aulas es una profesora y activa tuitera (Maestra Enfurecida), impulsora de una petición en Change.org que suma ya más de 245.000 firmas (espera llegar al medio millón) para exigir a las autoridades educativas y a las comunidades autónomas que garanticen “una vuelta al cole segura”.
Pero siguiendo con ese ficticio examen con un formulario por ahora sin respuestas, muchas de esas familias que se plantean no llevar a sus hijos a clase por miedo al contagio y que este se traslade a personas vulnerables del ámbito familiar, se preguntan también cómo evaluarán los profesores a los alumnos que no vayan a clase, o si los centros recibirán instrucciones para asegurar que esos escolares que se van a quedar en casa puedan seguir el temario impartido a los que sí acudan a las aulas.
Las paradojas –y ahí tienen razón estas familias insumisas– son muchas. En los foros y canales de mensajería por la que se comunican estas madres y padres se plantean cuestiones como la contradicción de que se considere seguro encerrar en una misma aula de cuarenta metros cuadrados a una treintena de alumnos y estén prohibidas las reuniones de más de diez personas, tanto en espacios públicos como privados. Para valorar el alcance del éxito de esta campaña habrá que esperar a que arranque el curso.