La historia que ha puesto en jaque a la Fiscalía General del Estado y podría acabar salpicando al Gobierno comenzó el 12 de marzo de este año. Lo que empezó como una noticia en la que se destapaba que el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaba siendo investigado por haber defraudado a Hacienda y haber utilizado empresas tapadera para no pagar impuestos, ha acabado con una campaña mediática, judicial, política y policial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que también podría acabar desestabilizando el Gobierno de Pedro Sánchez.
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