El 70% del seguro escolar va a casos de anorexia en Barcelona y Madrid
Trabajo quiere traspasar al sistema sanitario estas funciones antes de julio
Una joven paciente de anorexia en un piso tutelado de la fundación ITA
A finales de diciembre, una clínica de Sevilla especializada en el tratamiento de trastornos de conducta alimentaria (TCA) recibió una carta del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la que se anunciaba el fin de la colaboración actual entre el seguro escolar y las personas allí atendidas a partir del 31 de marzo. La noticia conmocionó a miles de personas, sobre todo en Barcelona y Madrid, donde se concentra la gran mayoría de pacientes de trastornos alimentarios cubiertas por el seguro escolar.
Sólo en ITA, una de las principales instituciones privadas dedicadas a los TCA en toda España, unas mil jóvenes y adolescentes siguen el tratamiento que en un 80% paga el seguro escolar de las pacientes.
El cálculo de las asociaciones de anorexia y bulimia es que en toda España hay 2.500 pacientes en esta situación. Son tratamientos largos y muy costosos, de varios miles de euros al mes en los casos más graves, y que en conjunto suman el 70% del gasto del seguro escolar, que gestiona hasta ahora el INSS. “¿Tienen idea de cómo es este tratamiento? ¿Creen que puede suspenderse de repente y pasar a otro equipamiento sanitario sin que pase nada?”, plantean las asociaciones de familiares.
Según ha comunicado un portavoz del Ministerio de Trabajo, de quien depende el INSS, la medida queda en suspenso hasta que se estudie la mejor solución jurídica y sanitaria para esta “costumbre”. Pero con la idea de que a partir del verano, durante las vacaciones escolares, el seguro escolar deje esta función especial con centros privados que se ocupan de la anorexia y la bulimia. Ese gasto, el de las 2.500 afectadas, es de unos 12 millones de euros al año, que se concentran prácticamente entre Madrid y Barcelona.
Las asociaciones de afectadas reclamarán hoy al ministerio una solución para las 2.500 pacientes actuales
Una buena parte de las pacientes con estos trastornos, como anorexia, bulimia y atracones, acuden a equipamientos muy especializados privados gracias a esa ayuda a la que tienen acceso todas las que sean estudiantes entre los 14 y los 28 años. Es una anomalía asistencial ya que los problemas de salud mental, como los respiratorios o el cáncer, tienen atención completa en el sistema sanitario público.
Pero la insuficiencia de esos tratamientos en los casos leves, los que no requieren ingreso hospitalario, y la falta de recursos especializados para casos graves en muchas comunidades abocan a muchas familias a la opción privada para evitar que las pacientes empeoren o se cronifiquen.
En Catalunya se ha invertido un presupuesto extra de 70 millones en salud mental pero hasta ahora se han reforzado sobre todo las unidades expertas de hospitales. La parte más leve de estas dolencias se reforzará a partir de una nueva cartera de servicios que intenta establecer el mínimo adecuado que debe ofrecerse en los equipos de primaria de salud mental: más frecuencia en las sesiones, un referente experto en cada territorio y mayor coordinación entre los servicios ya existentes. Para que esa fuga a la privada no sea tan necesaria.
Pero la realidad a fecha de hoy es que al menos 2.500 pacientes están siendo atendidas en la privada gracias al pago de un seguro escolar que está a punto de cambiar su papel. “No tiene sentido con la universalización de la asistencia que el seguro escolar esté ocupándose de una atención garantizada para todos en el sistema nacional de salud de cada comunidad”, argumenta el Ministerio de Trabajo. La idea es que quede como un seguro que cubre accidentes y las prestaciones económicas que corresponda, pero no esta asistencia que copa el 70% de su gasto.
Las asociaciones de anorexia y bulimia se verán esta mañana con representantes del Ministerio de Trabajo para aclarar la situación que les dejaba en el aire pacientes en medio de largos tratamientos que duran cuatro o cinco años. “Tenemos que ver cómo parar este disparate”, resumen representantes de las asociaciones. “En algunas comunidades la privada es el único equipamiento posible para nuestras hijas”.