En las últimas semanas, el Gobierno español ha seguido estudiando la reforma del delito de sedición para cambiar sus características y la condena que supone. El plazo para que los diferentes grupos parlamentarios presentaran enmiendas a este proyecto terminaba el pasado 9 de diciembre.
Entre ellas, ha sido muy sonada la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quien ha planteado cambios en otro delito asociado: el delito de malversación. Este delito está relacionado con la corrupción y se refiere a la apropiación indebida de dinero público por parte de aquellos que ocupan cargos en la Administración: diputados, funcionarios o representantes de gobiernos autonómicos y locales.
El delito de malversación está en vigor desde 1996 y fue modificado por última vez en 2015, con el gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular). En la actualidad, la malversación se sanciona con una pena de dos a seis años de prisión para todo aquel funcionario público que realice una administración desleal sobre el patrimonio público.
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Las condenas aumentan según una serie de supuestos: hablamos de penas de cuatro a ocho años de cárcel y de 10 a 20 de inhabilitación si el valor del dinero apropiado es mayor de 50.000 euros. Las penas pueden aumentar hasta los 12 años de cárcel si los bienes apropiados exceden los 250.000 euros.
El delito de malversación no diferencia la finalidad de la apropiación indebida, es decir, a qué se destina el dinero público malversado. Las penas son las mismas para todas las personas que utilicen dinero público de forma desleal, independientemente de si lo utilizan para fines particulares o no. Esta fue una de las modificaciones que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2015.
¿Qué propone ERC?
La propuesta de ERC se centra precisamente en este punto: diferenciar la finalidad de la malversación a la hora de imponer las condenas. El partido catalán rechaza la idea de que los condenados por el referéndum independentista celebrado en Catalunya en 2017 puedan ser equiparados a otros políticos que han utilizado dinero público para asuntos personales.
Lo que propone ERC es crear un nuevo tipo dentro del delito de malversación con el objetivo de castigar con menos años de cárcel (entre seis meses y tres años) a las autoridades públicas que malversen dinero público sin ánimo de lucro personal. Es decir, que no utilicen los bienes apropiados para un beneficio particular.
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Los políticos que organizaron el referéndum independentista fueron condenados por un delito de malversación por haber destinado dinero público a la celebración de una convocatoria que fue considerada ilegal. Sin embargo, la Fiscalía no consideró que estas personas utilizaran el dinero desviado para un beneficio particular.
De esta manera, el planteamiento de ERC implicaría cambios para gran parte de los imputados por el referéndum catalán. En caso de que la enmienda saliera adelante, algunos políticos catalanes que todavía están siendo juzgados o que se encuentran en el extranjero, como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, recibirían penas de cárcel menores que con la ley actual.
La postura del Gobierno
Tras la propuesta de ERC, el Gobierno presentó este lunes una nueva propuesta de reforma del Código Penal para el delito de malversación: penalizar con hasta cuatro años de cárcel el desvío presupuestario irregular dentro de la Administración. Es decir, un año más de la condena máxima que propone ERC.
La intención del Gobierno es que ninguna actuación que suponga un desvío de fondos públicos, sea cual sea su destino, quede exenta de castigo. De esta forma, la desviación de fondos públicos que tuvo lugar durante el referéndum catalán no quedará impune en ninguno de los casos.
El Gobierno también ha aprovechado para lanzar una iniciativa propia: el delito por “enriquecimiento ilícito”. Este prevé castigar con entre seis meses y tres años de prisión a los cargos públicos que, hasta cinco años después de abandonar su puesto, incrementen su patrimonio en más de 250.000 euros sin poder justificarlo.
Por su parte, los partidos de la oposición (Partido Popular, Vox y Ciudadanos) ya han anunciado su rechazo a todas las reformas propuestas por el Gobierno.
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