Una jueza de Barcelona decidirá si avala la eutanasia de una joven de 23 años con paraplejia cuyo padre logró suspender in extremis el pasado agosto, pese a que ella había expresado su voluntad ante un notario y los forenses acreditan que es capaz de decidir sobre su vida.
El juicio, que se celebra este martes en el juzgado contencioso número 12 de Barcelona, pondrá sobre la mesa hasta qué punto la familia de una persona adulta que solicite la eutanasia está legitimada para impedirla a través de los tribunales.
Estas son las claves del primer juicio de España sobre el derecho a la muerte digna:
¿Cómo llegó a los tribunales?
La vista enfrentará a la Generalitat, que defiende la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación que en julio del 2024 dio luz verde a la eutanasia -por unanimidad de sus 19 miembros-, y al padre de la chica, representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos.
También interviene en el proceso la Fiscalía, que en agosto apoyó suspender la eutanasia de la joven y pidió varias diligencias, entre ellas conocer su expediente sanitario, antes de pronunciarse sobre la cuestión.
La eutanasia estaba prevista el 2 de agosto
La eutanasia estaba prevista el 2 de agosto, pero la jueza accedió a paralizarla 'in extremis“ a raíz del recurso planteado por el padre, para evitar un perjuicio ”irreparable“.
El padre ya había intentado, sin éxito, impedir la muerte asistida de su hija a través de una denuncia presentada ante el juzgado de guardia de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que la archivó después de que una forense concluyera que conserva sus capacidades cognoscitivas y volitivas.
¿Qué legitimidad tiene la familia?
Más allá de este caso, el juicio plantea una cuestión que los tribunales deben resolver: ¿están los familiares legitimados para oponerse a una petición de eutanasia?
La Fiscalía sostiene que sí. De hecho, en otro caso de eutanasia suspendida a un hombre de 54 años, a petición de su padre, estimó que, aunque la decisión es ”eminentemente personal“ y tiene un ”fuerte componente de autodeterminación“, los familiares pueden tener voz siempre que sean ”afines“ y conozcan la ”evolución y circunstancias“.
La Generalitat mantiene que la joven es la única e indiscutible titular del derecho a una muerte digna
La Generalitat, por el contrario, mantiene que la joven es la única e indiscutible titular del derecho a una muerte digna, que entronca a su vez con los derechos fundamentales a la vida y a la dignidad que fundamentan la ley de eutanasia.
En cualquier caso, considera que no se puede deducir ”de forma automática“ un interés legítimo derivado de un vínculo familiar. Y es que, además, esta es una situación particular: la joven ha pasado gran parte de su vida bajo tutela de la administración.
Un proceso de casi dos años
Cuando recibió la autorización de la eutanasia, la joven llevaba casi dos años con un diagnóstico de paraplejia fruto de un intento de suicidio en noviembre del 2022, que le dejó graves secuelas y pérdida de autonomía. Desde entonces ha sido objeto de seguimiento por parte de una docena de médicos, incluidos neurólogos, psicólogos y psiquiatras.
Los expertos concluyeron que sus secuelas son ”permanentes e irreversibles“, por lo que inició los trámites para pedir la muerte asistida en abril de 2024, alegando un ”sufrimiento constante“.
Secuelas ”permanentes e irreversibles“
Debido a los trastornos mentales que sufre la joven, se siguió un criterio de ”prudencia reforzado“ antes de autorizar la eutanasia y el caso se elevó al pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación para que lo discutieran sus 19 miembros.
Abogados Cristianos, no obstante, alega que la mujer ya pidió la eutanasia antes de su intento de suicidio y esgrimen que ha experimentado cambios de opinión durante el proceso, por sus problemas de salud mental.
“Sufrimiento intolerable”
La Comisión que autorizó la eutanasia estimó que la mujer cumple los requisitos que establece la Ley: un sufrimiento físico y psíquico constante, reiteradamente expresado como intolerable y sin pronóstico de mejora o curación y, además, documentado por distintos médicos a lo largo de casi dos años.
Pero Abogados Cristianos argumenta que la joven no reúne las condiciones cognitivas para decidir sobre su vida y que presenta una ”voluntad cambiante“, por un trastorno límite de personalidad que requiere tratamiento psiquiátrico. Sostienen además que es ”susceptible de mejoría por su juventud".
El dictamen de la Comisión de la Generalitat que avaló la eutanasia descartó que la chica tuviera mermada su capacidad de decisión, mientras los informes médicos apuntan a que desde hace dos años presenta estabilidad psicopatológica.
Una anotación y una acta notarial
Para demostrar esas supuestas dudas, los representantes del padre se aferran a una anotación manuscrita en la que la chica parecía expresar reparos a la eutanasia semanas antes de la fecha fijada.
Consultada por los responsable sanitarios sobre esa nota, la joven aseguró que no tenía ninguna voluntad de echarse atrás y añadió que no era consciente de haber escrito ese documento en un estado de lucidez.
Siguiendo los criterios de la Comisión de Evaluación, el centro contactó con un notario, que levantó acta de su voluntad de seguir adelante con el proceso. Ese documento será clave en el juicio.
La joven, ante el tribunal
Este martes desfilarán ante la jueza una decena de testigos, casi todos médicos de distintas especialidades que han tratado a la joven los últimos años, además de forenses.
La propia chica tendrá que ser interrogada, como pidió la Fiscalía en contra del criterio de la Generalitat. El ministerio público solicitó su declaración y, además, que fuera examinada por dos médicos forenses que acreditaran si está en condiciones de decidir.
La joven asistirá al juicio
Los forenses ya han entregado su dictamen, que ratifica que la joven conserva las facultades mentales para decidir sobre su propia vida, por lo que la Generalitat volvió a pedir que se la dispensara de declarar para evitar exponerla al proceso judicial.
La Fiscalía insistió en que debía hacerlo y la joven, que precisa de asistencia para sus desplazamientos, tendrá que acudir este martes a la Ciudad de la Justicia.