Lo que uno recuerda de lo ocurrido hace cinco años cuando la covid asoló el mundo depende mucho de lo vivido. Para la gran mayoría, aquellos días ya están superados. Para otros, los familiares de las decenas de miles de personas que fallecieron (75.000 sólo en el 2020, 40.000 en el 2021...), la aparición de ese virus se asocia directamente con dolor. Pero hay un colectivo que no ha podido superarlo. Son los hijos, hermanos y nietos de aquellos residentes que murieron en los centros de mayores en las peores condiciones posibles, asfixiados, abandonados, deshidratados, sin atención médica, sin sedación y solos, muy solos. “Es muy difícil superarlo porque tuvieron una muerte muy indigna”, señala Ángela Ruiz, que perdió a sus padres en un centro de la Comunidad de Madrid.
La mayoría de los ciudadanos se echaron las manos a la cabeza horrorizados ante lo ocurrido y hubo un clamor popular por acabar con las malas condiciones de estos centros. La alta mortalidad se produjo, recuerdan desde la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare), por la realidad de las residencias, sobre todo, en los privadas y concertada: alta densidad de residentes, pocos espacios comunes, habitaciones compartidas, escasos profesionales para atender decentemente a los residentes. “Por la noche, por ejemplo, somos tres auxiliares para atender a 125 residentes y como no podemos llevarlos al baño les ponemos un pañal, quieran o no”, explica una trabajadora de una residencia concertada de Madrid. La escasa contratación de profesionales y las malas condiciones laborales son, para Pladigmare, el gran lastre de estos centros.
En la primera ola fallecieron 20.268 personas por covid en residencias, casi la mitad en Madrid
Tras la pandemia, el Ministerio de Derechos Sociales acordó con las comunidades autónomas cambiar el modelo de residencias y centros de dependientes (Acuerdo de acreditación y calidad de centros y servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia). En el 2022, se ratificó un pacto que establecía un nuevo modelo de cuidados, centrado sobre todo en las personas, en sus derechos, y en convertir esos lugares en un verdadero hogar. Eso se tradujo en una serie de medidas, entre las que destacan la limitación a 75, 90 o 120 plazas, dependiendo de la ubicación del centro (poblaciones pequeñas, medianas o grandes). Estos límites no se aplican a las residencias geriátricas ya construidas.
La vida en los nuevos centros residenciales se organizaría en pequeñas unidades de convivencia, con un máximo de 15 personas. Estas unidades tendrán, según ese acuerdo aprobado, sala de estar, comedor y un espacio para la preparación de comidas y dispondrán de forma gratuita de conexión y dispositivos para el acceso a Internet, tanto en espacios comunes como privados. Los centros ya construidos tendrán un plazo para reconvertir los centros hasta el 31 de diciembre de 2029.
¿Y todo ese acuerdo, en qué se ha traducido realmente? Como explica Miguel Vázquez, de Pladigmare, “en papel mojado”, porque hay comunidades que se han desmarcado. Como es el caso de Madrid, que ha elaborado sus propios criterios.
Así, en la región madrileña, las unidades de convivencia tendrán un máximo de 25 personas, en vez de las 15 acordadas; los centros de nueva construcción no podrán superar las 150 plazas frente a las 120 pactadas; y el 50% de las habitaciones tendrán que ser individuales, en vez del 65% .
Y eso que Madrid es la comunidad más cuestionada por su gestión de la pandemia en las residencias de mayores. Según datos de Sanidad, en la primera ola (hasta mayo del 2020) fallecieron 20.268 personas por covid en residencias de servicios sociales, siendo Madrid el epicentro. Durante los meses más duros de la pandemia, perecieron 9.468 personas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid. El 77% de ellos, 7.291, murieron sin ser trasladados a un hospital por los protocolos de exclusión sanitaria firmados por el gobierno de Ayuso. La Consejería de Sanidad emitió cuatro protocolos entre el 18 y 25 de marzo del 2020 en los que se impedía el traslado de pacientes con un determinado grado de dependencia o de deterioro cognitivo a hospitales públicos, al de campaña de Ifema, a los hoteles medicalizados o a los hospitales privados, salvo que la persona tuviese seguro privado, dicen desde la plataforma Verdad y Justicia.
