Josep dejó pasar las fiestas de Navidad para enviar un e-mail incendiario a su perito asignado. De buenas maneras, pero evidentemente exhausto por la espera, le recordó que hacía más de 70 días que vivía, con su mujer e hijo, en casa de su suegra porque el suelo de la suya, sus enseres, muebles y azulejos los engulló el agua de la dana. El técnico había pasado por su casa, inundada aquella tarde-noche del 29 de octubre, el pasado 4 de diciembre, pero “desde entonces nadie nos decía nada. Cada lunes Josep escribía para preguntar y nada, sin respuesta”.
Nos adjunta los correos enviados, el 19 de noviembre, el 16 de diciembre, el último del pasado 7 de enero… Finalmente, esta semana le han pasado una propuesta en firme de indemnización, la segunda tras matizar la documentación aportada. “Está siendo desesperante y con el coche, que también lo perdí, lo mismo. Cada día llamo al seguro y me dicen que el tema lo lleva el Consorcio, y parece que ahora empiezan a pagar…”, relata Josep.
Alba, que vivía en Picanya, explica que “seguimos esperando el peritaje del coche y el informe de nuestra casa. No sé si eso es lentitud”, dice irónicamente. Ha cobrado ayudas del Gobierno antes que de la Generalitat Valenciana, y sigue pendiente, como cada día, de la cuenta corriente. Porque hay un sentir general, percibido entre los muchos testimonios, que La Vanguardia ha recogido, de que los peritajes están haciéndose tarde y las indemnizaciones tardan en llegar, cuando son lo que más se necesitan. Porque cabe diferenciar entre la batería de ayudas que han articulado las diferentes administraciones públicas –también las entidades privadas- y las indemnizaciones que asume el Consorcio de compensación de seguros, dependiente del Ministerio de Economía.
Retirada de lodos en el garaje de una finca de Catarroja. © Miguel Lorenzo
Mientras, los afectados corren a completar formularios y a solicitar citas previas para pedir las ayudas prometidas a las que pueden aspirar. Josep se sabe cada recorrido administrativo, lo tiene todo en la cabeza, pero a día de hoy solo ha recibido la ayuda urgente de 6.000 euros que la Generalitat Valenciana otorga para paliar la pérdida de bienes de primera necesidad. “Del resto no he recibido nada aún, y lo peor es que no tienes una manera eficiente de contactar. Me sé el número de memoria y nunca te lo cogen, siempre está ocupado”, esgrime.
El jueves se puso en cola en la web de la administración valenciana para optar a una de las ayudas por pérdida de vehículo –de 250 euros a 2.500, según modalidad– que el gobierno de Carlos Mazón aprobó el martes en el último pleno del Consell. El mismo jueves la Conselleria de Hacienda, que gestiona el trámite, apuntaba que el número de citas previas concedidas para la solicitud telemática de la ayuda era de 40.000 y que solo en los 15 primeros minutos se habían asignado 15.280 citas.
Ayudas privadas de Juan Roig, Amancio Ortega, Cruz Roja o Fundació la Caixa complementan las de Ejecutivo y Consell
La necesidad aprieta. Lo sabe Vicent Carcelén, portavoz de la Asociación de Afectados de Aldaia y comerciante afectado. Su tienda de arreglos florales, decoración y regalos está a pie del barranco de la Saleta, así que aquella tarde el agua se llevó por delante el género, abundante, de la campaña de Todos Santos y no ha podido subir la persiana ni para Navidad ni para Reyes. “La burocracia va muy lenta, mucho. A mi ni me ha llamado el perito, y eso que en el minuto 1 del día 5 de noviembre ya pasé el parte del destrozo que tenía en la tienda”, recuerda.
Carcelén remarca que “la ayuda que sí que ha llegado es la de Juan Roig, y también la de Amancio Ortega”. La de Roig es la que popularmente en Valencia se conoce como “la de Mercadona”, un paquete de ayudas de 25 millones de euros, ampliado luego hasta los 35, que el empresario valenciano ha concedido a fondo perdido a un total de 4.600 negocios, unos 8.000 euros por solicitante.
Vicent también ha recibido 3.000 euros de los 100 millones de euros que la fundación de Amancio Ortega repartió entre 38 entidades locales. Una de ellas era Aldaia, donde la asociación de la que forma parte Vicent trabaja por visibilizar que es ahora, cuando parece que ya, por fin, se acaba el barro, “cuando viene lo peor. Los locales y las viviendas están desoladas por dentro”, remarca. Importantes están siendo también las aportaciones de Cruz Roja y Fundació la Caixa.
Las asociaciones de afectados piden celeridad: “Lo peor venía después del barro”
De esa desolación hace recuento el perito, a quien todo el mundo apela estos días. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, dijo esta semana que se ha multiplicado por cuatro el número de peritos en la región para que puedan actuar “de manera más rápida y diligente”, pero los profesionales asumen que la magnitud desborda cualquier urgencia. Lo explica uno de los técnicos que ha recorrido estos días comercios, escuelas infantiles y viviendas inundadas para peritar cuanto se perdió en la dana. Trabaja para una aseguradora a la que el Consorcio ha derivado diferentes expedientes, algunos de los cuales pudo vídeo-peritar porque eran cosas sencillas.
“Me temo que lo sucedido en Valencia es una cosa tan extraordinaria y ha sido tan grave que al final todo va acorde a la magnitud del desastre”, apunta. Hace tres semanas cerró sus últimos expedientes, pero del pago, que en prácticamente ningún caso baja de los 100.000 euros, se encarga el Consorcio, insiste. Su trabajo pasa por listar todo activo afectado, pero en cualquier caso el cumplimiento de la póliza “va a misa”. Es por ello que muchos afectados están encontrándose que sus viviendas estaban “infraaseguradas”.
Explican diversas fuentes que eso ocurre porque nadie mira a fondo cuánto asegura, pero en una catástrofe como esta el recuento apunta a cifras más elevadas que las que se pactó con la aseguradora. En ese caso, el Gobierno asume un 30% para ampliar las coberturas.
“La burocracia va muy lenta. Ni me ha llamado aún el perito”, apunta un comerciante de Aldaia
Sin embargo, también hay gente que “no tenía seguro y entonces no les cubre nada, y o les echas una mano o nada”. Lo explica Pura, portavoz de la Asociación de afectados de Catarroja, que insiste en que remarquemos que “no es normal que a los tres meses de todo lo que ha pasado, sigamos igual”.
Su narración, entristecida por ver a tantos vecinas y vecinas pasándolo mal, devuelve el texto a aquel 30 de octubre, cuando nadie asimilaba lo que había pasado. “Hay montones de casos, dos hermanas octogenarias a las que el agua les arrasó la casa que hasta que las han sacado se ha tardado, un señor que no se puede mover, lo operan esta semana y no tiene ascensor aún… Son tantas situaciones que aún hay días que no duermo por las noches y me echo a llorar”. Mientras hablamos confirma la fecha y hora de la próxima reunión con voluntarios, los que aún quedan en las poblaciones afectadas, para coordinar la ayuda que hace falta distribuir. Luego irá a revisar su finca, que sigue con afectaciones, sin ascensor y “sin ninguna ayuda económica del Gobierno ni Generalitat, lo estamos sufragando los vecinos porque corre riesgo de derrumbe”. Para muchos, aunque arranque la desescalada, sigue siendo octubre.
El 97% de los expedientes, en trámite
El Gobierno cifra en 236.798 el número de solicitudes recibidas por el Consorcio de Compensación de Seguros, a 17 de enero. De estas, un total de 231.485 están en tramitación. Es decir, están tramitándose el 97,7% y solo se han finalizado el 2,3% de las solicitudes. A cuenta de estas, la cifra abonada asciende ya, según matizó el ministro de Economía Carlos Cuerpo en su visita a València del pasado viernes, a los 1.115 millones de euros. Cuerpo dijo que se ha producido una “aceleración” de diciembre a enero a pesar de las fiestas navideñas. De esos primeros millones, 470 se habrían destinado a afectados residentes en las cinco localidades más afectadas, Paiporta, Catarroja, Aldaia, Algemesí y Alfafar
