Si una mujer decide denunciar a su pareja o expareja por violencia de género ante las autoridades, tiene derecho a asistencia jurídica gratuita si así lo desea. Sin embargo, este derecho no se aplica cuando la violencia machista ha ocurrido fuera del ámbito sentimental, a pesar de que la ley establece que las víctimas de violencia sexual también deberían contar con este apoyo.
Por eso, la actriz Elisa Mouliaá tuvo que contratar a una abogada para iniciar un procedimiento legal contra Iñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual. Del mismo modo, Mar Bermúdez presentó una denuncia por violencia sexual, que también asumió por su cuenta, contra el periodista Saül Gordillo. Y la víctima de Dani Alves también tuvo que recurrir a una abogada particular para actuar penalmente contra el exfutbolista.
Saül Gordillo, Dani Alves e Íñigo Errejón.
Siguen sin justicia gratuita un año después
Aunque sus casos han resonado mediáticamente durante los últimos meses, están lejos de ser excepcionales y representan solo algunos ejemplos que trascienden a la esfera pública debido a la notoriedad de los presuntos perpetradores. De hecho, cada día se denuncian 14 violaciones, es decir, una cada dos horas, y 55 delitos contra la libertad sexual, según el Balance de Criminalidad de Interior. No obstante, existe una alta infradenuncia, pues la gran mayoría no denuncia a sus agresores (92%).
Todas ellas deberían tener acceso a un abogado de oficio, tal y como estipula la conocida ley del 'solo sí es sí'. Esta norma, impulsada por Irene Montero y en vigor desde el 7 de octubre de 2022, señala en su disposición vigesimoprimera que, en el plazo de un año, el Gobierno debía presentar una reforma de la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita para las víctimas de violencia sexual, independientemente de su nivel adquisitivo. Un año después, las mujeres continúan asumiendo este coste. La Vanguardia se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia en relación con este tema, pero no ha obtenido respuesta.
Se está produciendo un incumplimiento manifiesto de la ley
Para Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía, hay una “ausencia de voluntad política”. “Se está produciendo un incumplimiento manifiesto de la ley, que algunos colegios de la Abogacía de España están tratando de solventar, ya sea prestando servicios o buscando convenios con otras administraciones”.
Rodríguez Santocildes, también decano del Colegio de la Abogacía de León, hace referencia a un acuerdo suscrito en 2017 y renovado anualmente entre la Junta de Castilla y León y el Consejo de la Abogacía de la comunidad, que establece asistencia jurídica gratuita para las víctimas ante el incumplimiento de la ley. “Se debe cumplir con la previsión legal, cuyo plazo terminó en octubre de 2023, pero quizás no están dispuestos a dotar los recursos económicos necesarios para garantizar la justicia gratuita”. Y añade: “Es fundamental para las víctimas”.
Ciutat de la Justícia de Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat.
Precisamente, el presidente de la subcomisión señala la desprotección que atraviesan las víctimas y ha reivindicado la asistencia preceptiva desde el momento previo a la interposición de la denuncia, pues resulta “determinante” para la resolución del proceso. “No basta con recoger unos hechos expresados de manera espontánea en ese momento; la redacción, la claridad en la formulación de la denuncia y el contenido de la misma pueden ser decisivos a lo largo del procedimiento. Del mismo modo que la persona investigada cuenta con ese asesoramiento preceptivo antes de prestar declaración, la víctima también debería disponer de este apoyo obligatorio”.
A nivel de financiación de justicia gratuita, es importante distinguir entre las comunidades con competencias transferidas, que se financian a través de los presupuestos de su comunidad, y aquellas que dependen directamente del Ministerio de Justicia. De hecho, Rodríguez Santocildes recuerda que los baremos y las remuneraciones del turno de oficio llevan desde 2018 sin actualizarse. “Hay compañeros que cobran el triple por hacer el mismo trabajo, lo que genera un agravio comparativo”, confiesa el abogado.
Cargas de trabajo y baja remuneración de los abogados del turno de oficio
Comunidades como Catalunya, que tiene las competencias transferidas a la Generalitat, tampoco cuentan con grandes retribuciones. No obstante, el Departament de Justícia y el Consejo de la Abogacía Catalana acordaron la semana pasada una inyección adicional de ocho millones de euros para el turno de oficio en 2025. Aunque “es el acuerdo más importante de los últimos 15 años, no resuelve todas las necesidades que tenemos”, señaló la presidenta Marta Martínez i Gellida.
Una de esas necesidades es la carga de trabajo. En concreto, los letrados de guardia del turno de oficio de violencia de género son “insuficientes”. Carmen Valenzuela, responsable del Turno de Oficio y Asistencia a la persona detenida (TOAD) del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB): “Somos tres abogados de guardia para diez comisarías de Mossos, más dos de la Guardia Urbana, que también pueden tomar declaraciones. Hacemos encaje de bolillos para que todas las víctimas sean atendidas”. Valenzuela remarca la importancia de “dignificar” el turno, teniendo en cuenta que “llevamos toda la carga” y “estamos permanentemente en contacto con víctimas en situaciones muy vulnerables”.
Una mujer participa en una marcha contra la violencia machista, en una imagen de archivo.
Las mujeres tardan una media de 8 años y 8 meses en denunciar la situación de maltrato. Cuando acuden a la comisaría, pueden llevar años soportando situaciones de violencia que han mermado su salud a todos los niveles. “Aunque llegamos en el plazo máximo de una hora, reclamamos también que las comisarías cuenten con un psicólogo para tener atendida y acompañada a la víctima. Suelen estar muy nerviosas, no conocen los procedimientos y tienen que esperar en salas de espera mucho tiempo”.
Aproximadamente, un 90% de los casos de violencia de género de Barcelona —apunta— los llevan los profesionales del turno de oficio. “Esas mujeres, a menudo, sufren violencia económica, ¿cómo van a pagarse un abogado particular?”.
Una atención “discriminatoria”
Aunque las víctimas de violencia sexual (fuera de la pareja o expareja) siguen sin acceder a la justicia gratuita, a pesar de lo que establece la ley, los abogados del turno de oficio de Barcelona las asisten en una primera atención en comisaría y, posteriormente, durante la ratificación en el juzgado. “Pero ahí se acaba su cometido. Seguirá el procedimiento con Fiscalía, pero sin letrado, a no ser que la víctima quiera o pueda pagar uno”, aclara Valenzuela, quien admite que esta situación es “discriminatoria”.
Las condiciones laborales y las cargas de trabajo llevan a algunos profesionales a darse de baja. Es el caso de Júlia Humet, abogada penalista experta en violencias machistas, quien ha dejado el turno de oficio de violencia de género después de siete años. “La motivación económica nunca es la principal, ya que no compensa. Lo haces por convicción, para ver casos diferentes o por militancia”, aunque esto le haya supuesto un desgaste personal y emocional que finalmente la ha llevado a abandonar el turno.
Humet destaca la importancia del “buen acompañamiento” a las víctimas para que puedan seguir adelante con el proceso judicial, que es “largo y complicado”. “Sin embargo, si no funciona, en parte debido a que los abogados están mal remunerados y deben hacer muchas otras tareas, esto afecta negativamente el proceso y, por lo tanto, a las denunciantes”.
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