Europa avala que Drets Socials no reclame 22 millones en ayudas abonadas por error

El Tribunal de Derechos Humanos o Tribunal de Estrasburgo, además del propio Tribunal Supremo de España, han sentado doctrina sobre la devolución o no de las ayudas sociales abonadas por error. Este es un problema que afecta en la actualidad al departamento de Drets Socials de la Generalitat por la renta garantizada de ciudadanía y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por el ingreso mínimo vital.

Tanto la Síndica de Greuges como el Defensor del Pueblo han solicitado que sus respectivas administraciones reconsideren (en el caso de Esther Giménez-Salinas) o limiten (en el de Ángel Gabilondo) la obligación de devolver el cobro indebido de prestaciones. La jurisprudencia europea y española avala la no devolución cuando haya habido una actuación burocrática negligente, y no mala fe por parte de los beneficiarios.

Y este es el quid de la cuestión, al menos en Catalunya, donde la propia Generalitat admite que estudia “vías legales para dejar sin efecto” los requerimientos enviados a los afectados. El dinero solo se reclamará, asegura el Govern, a quien haya actuado con probada picaresca. La renta garantizada de ciudadanía es de unos 600 euros al mes. El importe medio que se ha reclamado inicialmente a 2.829 familias es de 7.757 euros.

La conclusión es fácil: 21.944.553 euros. O “más de 17 millones”, calcula la Síndica. La cifra final solo se sabrá cuando se separen los expedientes correctos de los incorrectos. Sean 17 o casi 22 millones, Estrasburgo considera “legítimo” exigir el retorno de subsidios abonados por error. Pero esos mismos jueces creen que “una cosa puede ser legítima y no proporcionada”, si supone “una carga excesiva para los interesados”.

El Tribunal Supremo ha hecho suya esta interpretación cuando los afectados no contribuyeran al error en la decisión administrativa, sobre todo teniendo en cuenta que esta clase de ayudas sociales son muy modestas y van dirigidas a personas especialmente vulnerables. Es obligación de la administración, central o autonómica, actuar a tiempo, de forma coherente y adecuada. ¿Ha ocurrido así en esta situación?

No, dice con contundencia la Síndica de Greuges, que recuerda que el problema no afecta únicamente a la renta garantizada de ciudadanía, sino también al ingreso mínimo vital. En realidad, en la raíz del problema está en el hecho de que se hayan solapado las concesiones de la renta garantizada y del ingreso mínimo (algo perfectamente legal: ambos subsidios son salvavidas para personas en grave situación de precariedad).

La Síndica y el Defensor coinciden en pedir mesura al Gobierno central y autonómico

Si con los dos subsidios u otros ingresos sobrevenidos se superaba el umbral de pobreza, las familias debían comunicar su nueva situación económica a la Administración para que reevaluara su situación. Y ahí está, explican fuentes del Tercer Sector, otro problema: muchas familias sí lo comunicaron, “pero a veces la administración es un dinosaurio que tarda demasiado en reaccionar”.

Por ley solo se pueden reclamar de forma retroactiva las ayudas supuestamente erróneas concedidas en los últimos cuatro años. Pero pedir ahora su reintegro total o parcial puede agravar las condiciones de un colectivo muy vulnerable, agregan estas mismas fuentes, en sintonía con la opinión de la Sindicatura de Greuges y con la investigación que ha puesto en marcha el Defensor del Pueblo.

La pregunta

¿Existe un único responsable?

La información económica que se exige a los beneficiarios obra en poder de varias administraciones. Estaba en su mano impedir que el globo se hinchara tanto (7.757 euros de media). Y este es el tercer vértice del triángulo. El caso ha destapado la deficiente colaboración y falta de medios técnicos y humanos de los diferentes organismos que otorgan ayudas, subsidios, prestaciones y pensiones. Y, como se desprende de sentencias de altos tribunales europeos y españoles, no se puede culpar de ello exclusivamente a la ciudadanía.