La división política y educativa deja el ultimátum del TSJC sin resolver
El modelo de la escuela en Catalunya
ERC urge a reformar la ley de Política Lingüística para tenerla el próximo curso y Junts calla
Un grupo de escolares juegan en el patio de una escuela del Eixample de Barcelona
El ultimátum de quince días dado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a la Generalitat para que la escuela imparta un mínimo de 25% de castellano lleva visos de quedarse sin resolver a tiempo por las disputas tanto políticas como por las diferencias dentro de la comunidad educativa sobre cuál ha de ser la respuesta: si acatar dando una asignatura en castellano (Matemáticas, por ejemplo) o hacer caso omiso a la orden judicial atendiendo a que solo hay dos inspectores del Estado para supervisar el cumplimiento por 5.500 colegios y que estamos casi a final de curso.
ERC aún confía en que Junts vuelva al pacto por el catalán. De ahí que ayer tanto las portavoces del Govern como de ERC, Patrícia Plaja y Marta Vilalta, plantearon la urgencia de llevar a la Mesa del Parlament cuanto antes la reforma de la ley de Política Lingüística para que sea aprobada, algo en lo que están plenamente de acuerdo PSC y En Comú Podem. Junts ayer mantuvo un sonoro silencio sobre este asunto.
Escuela de Todos celebra que el auto “ponga fin al monolingüismo educativo en catalán”
En este contexto de presión hacia Junts cabe leer las acusaciones de inactividad que salieron ayer de las filas de ERC, PSC y comunes. Los tres coinciden en apuntar que la inestabilidad interna del partido que aún lidera Carles Puigdemont –pendiente de un congreso el 4 de julio para reorganizar la dirección– es, primero, la causa por la cual se apartaron del pacto a cuatro ocho horas después de firmarlo; y, segundo, la razón por la cual todavía no ha salido adelante la reforma de la ley de Política Lingüística que evitaría, a su parecer, que el uso del catalán se vea perjudicado.
“Junts nos pidió tiempo, hemos tenido empatía pero se va agotando”, dijo ayer Alicia Romero, portavoz del PSC. Mientras, JxCat hace mutis y el bloqueo en la respuesta al TSJC se mantiene. El Govern también sigue un tanto atascado y no acaba de poner en marcha el decreto prometido y del que siguen sin aportar detalles sobre su contenido. Ayer Plaja se limitó a decir que el curso que viene, al margen del TSJC, “habrá más catalán en las escuelas”.
Los socialistas siguen a la espera, como los comunes, pero ambos están dispuestos si es necesario a sacar adelante la modificación de la ley que permitiría esquivar las “injerencias judiciales”. La frase de Romero viene a cuento: con sus votos, los de los comunes y los de ERC es suficiente para aprobarla en cualquier momento en el Parlament, de un día para otro si cabe. El problema es que ERC, de entrada, no está dispuesto a caminar sin Junts y cree que hay tiempo aún para sacar adelante la iniciativa. Ayer Salvador Illa volvió a decir que “no pasa nada por dar una materia adicional en castellano”.
Pero los republicanos tampoco es que quieran jugar con fuego. Marta Vilalta, secretaria general adjunta de ERC, atiza a JxCat. Cree que dilata la decisión sin motivo y avisa que “no responder no es una respuesta”. “No toleraremos que se supedite a los intereses de un partido en concreto”, afirmó en alusión JxCat.
También en el sector educativo, desde el lunes han surgido diversas voces sobre cómo se ha de responder al ultimátum del TSJC. Una de esas voces es la de la presidenta del Consell Lingüístic Assessor del Govern, Carme Junyent, que en declaraciones a TV3 planteó a Educació que cumpla la sentencia pero que se ocupe de garantizar que los alumnos saben “efectivamente” el catalán y lo hablan. “Si una asignatura más en castellano resuelve el contencioso, estoy a favor. Pero con una condición: que los usos espontáneos, el comedor, el personal no docente del centro funcionen en catalán. (...) Defendámonos, incluso cumpliendo”. Junyent propone impartir en castellano Matemáticas, que es troncal como pide el tribunal, y asegurarse que en el resto de asignaturas, ya sea Educación Física, Música, o Ciencias, los alumnos usen el catalán. En cualquier caso, el concepto de troncalidad resulta caduco dado que muchos proyectos son por competencias.
La presidenta de la Associació de Mestres Rosa Sensat, Francina Martí, reclamó a la Generalitat “más cobertura legal” para que no recaiga toda la responsabilidad del cumplimiento de la orden judicial en los docentes. En su opinión, la interlocutoria del TSJC es un ataque al catalán y precisa de una respuesta unitaria: “Que la sentencia sea una oportunidad para despertarnos y defender de manera contundente el catalán”.
Por su parte, las asociaciones de la plataforma Escuela de Todos expresaron su satisfacción por una “decisión histórica que pone fecha definitiva al fin de la inmersión obligatoria y al monolingüismo educativo en catalán”. “El castellano hasta ahora estaba excluido. Así se respetan los derechos lingüísticos de todos”, dijo la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada.