El Gobierno y la Comunidad de Madrid pactan un criterio homogéneo para fijar restricciones en grandes municipios

Principio de acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Madrid, que afectará al resto de España. Tras cuatro días con las espadas en alto, los dos ejecutivos se levantaron con una propuesta, que deberá ser ratificada en el Consejo Interterritorial de Sanidad que hoy se reúne. Ésta establece que en los municipios de menos de 100.000 habitantes serán las comunidades las que decidan las medidas a adoptar. Pero para las más populosas (67 en total en el conjunto de España, en las que viven unos 18,5 millones de personas) las restricciones se adoptarán en función de unos criterios comunes a todas ellas. Así lo indicaron fuentes de la Comunidad de Madrid y posteriormente confirmó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa desde la Moncloa.

Estos criterios son: tener más de 500 casos por 100.000 habitantes, una positividad en las pruebas de diagnóstico por encima del 10% y una ocupación de las UCI superior al 35%. Las ciudades que superen estos indicadores tendrán que limitar los movimientos, los contactos sociales, reducir los aforos y los horarios de los locales comerciales, incluidos los bares y restaurantes, y el refuerzo de su sistema sanitario. Madrid y los grandes municipios del sur y el este de la región están por encima de estos indicadores, por lo que se prevé que las restricciones, si se aprueban, entrarían en vigor de inmediato.

Presiones

Catalunya y Castilla-La Mancha urgen a Madrid a tomar medidas de movilidad ya

La situación en la Comunidad de Madrid es, reiteró el ministro, muy preocupante. “Eso exige actuar con mucha determinación para tomar el control de la pandemia y doblegar la curva”. Y recordó que la incidencia acumulada supera los 780 casos por 100.000 habitantes, la positividad supera el 20% y la ocupación de las UCI, el 40%.

La lista completa de los municipios afectados se dará a conocer hoy si el Consejo Interterritorial lo aprueba, algo que a tenor de las palabras de Illa, que ayer mismo habló con los consejeros de Sanidad, parece que recibirá un apoyo mayoritario.

Illa justificó la decisión de actuar ya en Madrid en que el CDC considera que hay que tomar medidas a partir de 60 casos por 100.000 habitantes y, de forma contundente, a partir de 200 casos.

Este acuerdo llega después de que varias comunidades hayan presionado en las últimas horas para acabar con el cruce de acusaciones y declaraciones de estos días. La ultima Catalunya ayer mismo. “No somos quiénes para decir qué tienen que hacer, pero sí creemos que tienen que tomar decisiones ya, que no mareen la perdiz por más tiempo. Madrid tiene una tasa muy elevada de contagios y es un nudo de comunicaciones y, o hacen alguna cosa o tenemos un problema”, resumió ayer Josep Maria Argimon, secretario de Salut Pública.

Desde Salut

“No somos una isla, si el virus circula todos tenemos un problema”, advierte Argimon

El responsable del control de la pandemia en Catalunya aclaró que no pide que se corte el AVE o el puente aéreo entre Madrid y Barcelona, “pero quizá sí habrá que pensar en reducirlo”. A su juicio, es el Gobierno el que tiene que intervenir para controlar la movilidad entre Madrid y el resto, porque los ciudadanos circulan constantemente en rutas que pasan por allí: de Madrid a Barcelona o a Zaragoza y viceversa, de Zaragoza a Barcelona o València, de València a Madrid... “Eso funciona así y por ese motivo ante la actual situación creemos que vale la pena pensarse si es imprescindible hoy ir a Madrid o se puede resolver con una videoconferencia”, añadió Argimon.

El punto de inflexión en la preocupación por las repercusiones de lo que ocurre en la capital, y que se arrastra desde hace dos semanas sin que se haya tomado medidas, es la decisión de no hacer PCR a los contactos. La Comunidad de Madrid ha modificado el protocolo y ha determinado que se harán test a los contactos estrechos de un positivo, salvo si son convivientes, personas vulnerables, trabajadores del ámbito sanitario y sociosanitario y situación de especial riesgo o aquellos que presenten síntomas.

Esta orden llega tres días después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cambiara el protocolo Covid-19 de los centros educativos. A partir de ahora, si un alumno o un profesor dan positivo a sus compañeros no se les realizara la prueba. Sencillamente serán enviados a sus casas donde guardarán cuarentena diez días. Esa decisión incumple una de las promesas que más repitió Ayuso antes del comienzo del curso. “Eso es reconocer que están en fase de franca mitigación, la que equivale a la situación de marzo y abril, cuando la movilidad se limitó acertadamente al máximo”, Argimon. El secretario de Salut Pública mostró una gráfica con las tasas de infección en las distintas comunidades y países cercanos y habló del gran esfuerzo que hacen todos por controlar la situación.

También ha presionado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quien lleva pidiendo desde primeros de agosto, cuando las cifras de contagios empezaron a subir en Madrid, que había que estudiar medidas coordinadas entre ambas comunidades y también con Castilla y León, por la influencia que la región madrileña tiene en las dos Castillas.  La movilidad entre los madrileños y castellano-manchegos es de las más elevadas de España: cada día se mueven entre ambos territorios 700.000 personas.

Su voz fue escuchada y comenzaron las reuniones a tres bandas, junto con el Ministerio de Sanidad, en busca de medidas comunes que nunca llegaron. Así, Castilla-La Mancha empezó a ver cómo crecían los contagios en los municipios toledanos próximos al sur de Madrid, como Seseña o Illescas, tomando medidas propias de la fase 2 de la desescalada, mientras Madrid seguía asegurando que la pandemia estaba bajo control. “Es incoherente que nosotros adoptemos medidas si los madrileños no lo hacen. Dependemos de ellos”, señalan fuentes del equipo de Page.