Love Parade, sin sentencia

Alrededor de un millón de jóvenes de todo el mundo se citaron en aquel último Love Parade en julio de 2010. La fiesta de música techno que nació a finales de los ochenta en las calles de Berlín se había convertido en un multitudinario festival de música y baile que aquel año se celebraba en Duisburgo. Para acceder a los escenarios la multitud tenía que recorrer un túnel de 200 metros de largo y dieciocho de ancho. Allí se desencadenó una avalancha humana que provocó 650 heridos y 21 muertos. El proceso judicial que siguió a la tragedia se ha convertido en otra pesadilla para los familiares de la víctimas. Después de casi diez años de proceso, con archivos, recursos y recogida de firmas, el coronavirus ha acelerado la prescripción de un juicio que se había eternizado y que ahora se queda sin sentencia.

“En Alemania si un juicio no acaba antes de los diez años, la causa automáticamente prescribe... y esta instrucción se ha hecho a regañadientes, el juicio se hizo por la presión popular”, lamenta el abogado tarraconense Paco Zapater. Su hija Clara, de 22 años, estaba en el túnel aquel 24 de julio. Ella, su amiga Marta (de Cambrils), 14 jóvenes alemanes, una australiana, una china, un bosnio, un italiano y un holandés perdieron la vida en aquel infierno.

A finales de marzo se suspendieron las sesiones porque uno de los jueces tuvo que ponerse en cuarentena

“Tenemos derecho a un juicio equitativo tal y como establece el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; y este no ha acabado, no han dictado sentencia”, insiste Zapater. Él y su mujer han decidido que agotarán todas las vías posibles y recurrirán al Tribunal de Estrasburgo. En el banquillo de la audiencia de Duisburgo se sentaron seis empleados del Ayuntamiento y cuatro de la empresa que organizaron el Love Parade. La investigación reveló “graves errores en la concepción y autorización del evento” y “fallos de seguridad”. No en vano, la fiesta estaba calculada para una afluencia no superior a las 250.000 personas y según las estimaciones había alrededor de un millón. Todos tenían que pasar por el único acceso posible: el túnel. La aglomeración era tal, que después de la avalancha, la policía decidió no suspender inmediatamente la fiesta para evitar más situaciones de pánico y poder controlar la complicada evacuación de la zona.

Pese a la gravedad de los hechos, los acusados quedaron imputados por “homicidio involuntario” y “lesiones involuntarias” y el juicio acabó en archivo en abril del 2016. Algunas de las familias, entre ellas la de Clara, acordaron entonces presentar recurso ante el tribunal de Duisburgo, pero fueron inútiles, se consideró que no había pruebas suficientes para abrir un proceso penal. Las familias iniciaron entonces una campaña popular y con 366.000 firmas bajo el brazo y un nuevo recurso consiguieron que la Audiencia Territorial de Düsseldorf (Renania del Norte-Westfalia) ordenara la apertura del juicio oral. Habían pasado siete años de la tragedia.

“Confiábamos que el juicio aclararía las causas y señalaría los responsables de la muerte de nuestros hijos”, dice Zapater. En el banquillo quedaron tres de los diez acusados inicialmente. Los tres eran empleados de la empresa que organizó la fiesta, pero todos los empleados municipales que habían estado imputados quedaron sin cargos.

Tras dos años y seis meses de juicio se han celebrado 183 sesiones. “Eso significa una media de algo más de una sesión a la semana... Hace mucho tiempo que nuestros abogados están presentando escritos y advirtiendo verbalmente que si no se aceleraba el ritmo, acabaría prescribiendo la causa”, dice Zapater. Y así ha sido. Hace unos días el tribunal propuso finalizar el juicio y no esperar hasta julio debido a la situación provocada por la Covid-19.

Las sesiones quedaron interrumpidas a finales de marzo porque uno de los jueces tuvo que ponerse en cuarentena y el fiscal ha aceptado la propuesta del tribunal. En el proceso, que no se celebra en el edificio de la audiencia , sino en una sala de congresos de Düsseldorf, participan un centenar de personas.

Las familias consideran que todo podría haber sido más ágil. Que no hubo y no hay voluntad de buscar responsables. Que podrían tomarse medidas de seguridad y acabar con el juicio. Pero el tribunal ha decidido, dadas las circunstancias, dar el juicio por prescrito. Algunas tienen claro que recurrirán a Estrasburgo. La familia de Clara lo hará.