¿Personas electrónicas o máquinas?

“Los robots ya han salido de las jaulas”. Lo dijo el miércoles Dominik Bösl, director de innovación de la firma de robótica Kuka, y lo reiteró minutos después Lauren Zibell, líder de uno de los principales sindicatos europeos. Ambos intervenían en un debate sobre robótica organizado por el Parlamento Europeo, y mientras el primero utilizó la frase para explicar que estamos en la segunda fase de la revolución robótica, una en la que las personas y los robots ya pueden trabajar juntos en entornos colaborativos, el segundo lo hizo para advertir que “los robots han salido de las jaulas y eso plantea algunos problemas, como que puedan gol-
pearte”.

La diferente lectura que Bösl y Zibell hacen del mismo hecho –los avances en robótica– resume bien la disparidad de enfoques, la controversia y las inquietudes que suscita la relación entre humanos y robots. Y ello es lo que ha impulsado a los europarlamentarios a elaborar un informe que urge a la Comisión Europea (que es quien tiene capacidad para legislar) a adoptar medidas para regular el sector de la robótica civil y la inteligencia artificial en Europa.

Los europarlamentarios consideran urgente establecer normas que garanticen la seguridad, la privacidad, la integridad, la dignidad y la autonomía de las personas en su interacción con los robots, así como adoptar medidas para atenuar el impacto que estos puedan tener en el mercado de trabajo. Pero que tengan clara la necesidad de abordar los desafíos que plantea el uso y desarrollo de robots no implica que estén de acuerdo en cómo afrontarlos ni cómo resolverlos. Tras dos años de trabajo, los ponentes del informe que se debatirá y votará esta semana en el pleno del Parlamento no ocultan que “tenemos más preguntas e inquietudes que respuestas y soluciones”. Mady Delvaux-Stehres, europarlamentaria de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y redactora de la propuesta, reconoce que ni siquiera está clara la definición de robot, el concepto al que se aplicaría la legislación.

Los políticos, como los industriales y los investigadores, están divididos entre quienes defienden que los robots no son más que máquinas, y por tanto basta con aplicar o como mucho adaptar las normas europeas que ya existen para ellas, y quienes consideran que son algo más porque comienzan a aprender por sí mismos y a tomar decisiones, porque ya son capaces de interactuar a nivel social y porque modifican el entorno físico que comparten con las personas y sus actos pueden tener consecuencias para estas a nivel físico y también emocional. De hecho, en el informe que se someterá a votación el jueves se plantea que los robots más sofisticados sean considerados “personas electrónicas”, etiqueta que a nivel legal permitiría otorgarles derechos y obligaciones, entre ellas quizá pagar impuestos o cotizar a la Seguridad Social para compensar los empleos que “quitan” a los humanos.

Control humano

Advertencia: “Es una máquina, no la quiera”

En lo que sí están de acuerdo todos los ponentes del informe es en defender la supremacía de las personas y salvaguardar que los robots no puedan decidir sin control humano, para lo que podrían exigir que incorporen un interruptor de emergencia que garantice que cualquiera puede desconectarlos si causan daños.

Algunos, preocupados por la dependencia emocional que puedan crear los robots, van más allá y plantean que deberían incorporar una etiqueta que advierta “esta máquina es inteligente, puede facilitarle la existencia, pero es una máquina, no la quiera”. Preocupa especialmente el impacto que puedan tener los robots de servicios al cuidado de niños o ancianos porque, como explicó Tony Belpaeme, profesor de Robótica y Sistemas Cognitivos en la Universidad de Plymouth (Reino Unido) durante el seminario celebrado en la Eurocámara, “no podemos evitar ver las máquinas como si fueran humanos, y eso hace tiempo que lo sabemos, y siempre vemos a los robots más inteligentes de lo que son en realidad”.

Políticos, fabricantes e investigadores opinan que muchas de estas cuestiones podrían salvarse con un código ético que comprometa a todos, desde los diseñadores a los usuarios. “Los robots no son ni buenos ni malos; los humanos somos quienes los desarrollamos y nosotros decidimos qué papel han de tener en nuestras vidas”, justificó Dita Charanzová, del grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa.

Responsabilidad

¿Serviría la legislación sobre animales adiestrados?

Una cuestión que urge regular para impulsar la comercialización de robots es quién se responsabiliza de los daños que puedan causar. Hélène Chauveau, de la aseguradora Axa, advirtió a los asistentes que “sabemos que la víctima ha de ser indemnizada, pero determinar quién es el responsable, si el fabricante, el proveedor de software o el usuario, complicará la investigación y, por tanto, el pago de la indemnización”. Y esta demora va en contra de los intereses de los ciudadanos. “Al trabajador dañado por una máquina le da igual quién es el responsable; lo que le importa es que la compensación sea rápida, y por eso urge regular la responsabilidad civil de los robots”, dijo Zibell. Y apuntó que quizá puedan extraerse ideas para hacerlo en la legislación que se aplica para animales adiestrados.

La seguridad

Diseñar pensando en la protección de datos

La interacción entre personas y robots también plantea problemas de seguridad y confidencialidad. “Si no queremos que cada coche nos vigile y cada tostadora nos grabe, hay que regular la privacidad”, sostuvo Max Andersson, del grupo de los Verdes. Pero no todos sus colegas ven necesaria una legislación específica al respecto. Hay quienes, como Michel Boni, del grupo Popular Europeo, creen que basta con diseñar los nuevos robots pensando en respetar las normas europeas de seguridad y de protección de datos que ya están en vigor. Y también quienes, como Merja Kyllönen, de la Izquierda Europea, opinan que si Europa quiere ser protagonista de la revolución robótica y no mero espectador
no debería obsesionarse con regular y poner trabas a la investigación y la industria y se debería fijar en las oportunidades y no en las amenazas.

Y en esa línea podrían ir los planes de la Comisión Europea, que es quien tiene la potestad de regular. “Europa debe mantener su liderazgo y competitividad en robótica civil y la Comisión no pretende legislar todo; lo que sí tenemos claro es que la regulación de los robots debe hacerse a nivel europeo para que no sea un caos, y también que hay que iniciar un diálogo social sobre el impacto que tendrá en el mercado laboral”, anticipó el responsable de la dirección general de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías, Roberto Viola.

Impacto en el empleo

Invertir en las personas o gravar las máquinas

El informe que debatirá esta semana el Parlamento Europeo plantea la posibilidad de aplicar impuestos y cotizaciones sociales a los robots (o a las empresas que los utilicen) para compensar la pérdida de puestos de trabajo que ocasionen. Pero la propuesta no convence a la mayoría de actores implicados en este sector, que opinan que reduciría la competitividad de la industria europea. “La revolución robótica será algo muy lento y podemos prever cuáles serán los empleos que se perderán en el futuro, así que la solución no está en la fiscalidad sino en la educación, en que las personas aprendan cosas que los robots no pueden hacer y no las formemos para trabajos que desempeñarán las máquinas”, sugirió Dirk Lefeber, responsable del grupo de investigación en robótica de la Universidad de Bruselas. Para otros, la solución pasaría por establecer una renta básica que compense las altas tasas de paro que pueden derivarse del boom de la robótica y que atenúe la profunda división que puede establecerse en la sociedad entre quienes tengan una alta y una baja cualificación profesional.

Armonización

Garantizar la interoperabilidad entre máquinas

Los políticos quieren que una de las premisas que rija el desarrollo de la robótica europea sea la interoperabilidad entre máquinas para que los ciudadanos no se vean atados a una marca o una tecnología concreta. Por ello creen necesaria una regulación global, de ámbito comunitario, que evite que los fabricantes tengan normas distintas en cada país. Lo ideal, dicen, sería armonizarla también con Estados Unidos, aunque reconocen que no será fácil.