El laberinto judicial de Pasapalabra parece no tener fin. Después de que el Tribunal Supremo diese la razón a la productora británica ITV y le arrebatase los derechos de emisión a Mediaset, y de que Atresmedia comprase el formato hace unos meses, ahora ha sido ésta última la que ha tramitado de forma preventiva un escrito a la compañía holandesa MC&F y que sería la propietaria de los derechos de la prueba final del concurso llamado El Rosco .
Ha sido el juzgado Mercantil 8 de Barcelona el que ha admitido a trámite este escrito preventivo a petición de Atresmedia que quiere blindarse así ante la posibilidad de que MC&F (que asegura ser la titular de los derechos de propiedad intelectual de El Rosco) presente una solicitud de medidas cautelares urgentes.
Christian Gálvez presenta 'Pasapalabra'
Christian Gálvez presenta 'Pasapalabra'
La admisión a trámite del citado escrito preventivo está amparada por una decisión “unánime” del Tribunal Mercantil de Barcelona -integrado por los titulares de los once juzgados mercantiles de Barcelona- haciendo una interpretación extensiva de las prerrogativas de la Ley de Propiedad Industrial, aplicable en materia de Propiedad Intelectual, que es este caso, y de acuerdo con la jurisprudencia europea.
Así, la admisión de este escrito supone que ITV y Atresmedia, propietaria de los derechos del concurso televisivo Pasapalabra y sociedad que ha adquirido la licencia para su difusión en televisión, trasladan su parecer ante la eventual presentación de medidas cautelares por parte de MC&F. Los holandeses consideran que son los autores de un concurso televisivo llamado 21x100 y que sería similar a El Rosco final de Pasapalabra .
En el auto, al que tenido acceso La Vanguardia y Europa Press, el juzgado fundamenta la admisión del escrito en un antecedente anterior sobre esta cuestión, entre la empresa MC&F y las mercantiles ITV y Mediaset, que fue resuelto por el Tribunal Supremo con la suspensión de la emisión del concurso que presentaba Christian Gálvez en Telecinco.
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La admisión implica la apertura de un expediente con tres meses de vigencia, al que se incorporarían las hipotéticas medidas cautelares que pudiera presentar quien pudiera llegar a ser demandante, MC&F. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aclara que la admisión del escrito preventivo no anticipa ninguna posición por parte del órgano judicial en caso de que se solicitaran medidas cautelares.