Cuando WhatsApp anunció hace unos meses que iba a cambiar sus condiciones de servicio, que incluirían la potestad de la aplicación de mensajería de compartir datos con empresas del grupo Facebook, como la misma red social o Instagram, parecía claro que esta modificación no podría afectar a los ciudadanos de la Unión Europea, porque desde el 2018, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) prohíbe de forma explícita esa práctica. Ahora, mire la configuración de su app de WhatsApp. Si ya ha aceptado las condiciones, verá que estas incluyen ese trasiego de datos. Mientras la compañía sigue adelante con sus planes, varios reguladores europeos la han puesto en el punto de mira.
El más rápido ha sido el responsable de protección de datos de Hamburgo (Alemania), Johannes Caspar, que ha prohibido explícitamente a Facebook obtener esos datos. Su orden fue publicada antes del pasado 15 de mayo, fecha en la que expiraba el ultimátum de WhatsApp otorgó a sus usuarios para aceptar sus nuevas condiciones. El regulador alemán “pretende garantizar los derechos y libertades de los muchos millones de usuarios que dan su consentimiento a las condiciones de uso en toda Alemania”, según apuntó. “Mi objetivo —señaló—es evitar las desventajas y los daños asociados a este procedimiento de caja negra”.
Si no se aceptan las normas de la aplicación, se limitarán funciones hasta convertirse en poco práctica
Caspar se ha acogido en este caso a unos poderes extraordinarios previstos en el RGPD que sobre el papel le permiten imponer a Facebook una congelación de tres meses en la recopilación de datos de WhatsApp, pero no parece que eso haya cambiado los planes de la red social que lidera Mark Zuckerberg.
A partir de la orden de la autoridad de protección de datos de Hamburgo, un portavoz de WhatsApp manifestó que, como sus afirmaciones “son erróneas, la orden no afectará al despliegue continuado de la actualización”. “Seguimos plenamente comprometidos con la entrega de comunicaciones seguras y privadas para todos”, sentenció.
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La fecha límite inicial del ultimátum, que incluía la cancelación de las cuentas que no aceptaran las nuevas condiciones, era del 8 de febrero. Después de afrontar una revuelta de usuarios que se fueron en masa a Telegram y Signal, WhatsApp pospuso la aceptación al pasado 15 de febrero. Una semana antes, anunció además que no cancelaría las cuentas a los usuarios que no los aceptaran. Aunque en la práctica eso es lo que acabará ocurriendo.
Quienes no las aceptan reciben “un recordatorio persistente” y tendrán “un acceso limitado a las funciones de WhatsApp”, como no poder acceder a su lista de chats. Después de unas semanas en esa situación, no se podrá recibir llamadas o notificaciones entrantes y WhatsApp dejará de
enviar mensajes y llamadas al teléfono. El resultado es que en esas condiciones la app de mensajería deja de ser práctica y, en definitiva, deja de haber alicientes para utilizarla. Al cabo de cuatro meses de inactividad, cualquier cuenta es cancelada.
La batalla apunta a una resolución en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y es muy posible que ahora actúen nuevas autoridades europeas de protección de datos en el mismo sentido, o que se considere que la de Hamburgo defiende los intereses de todos los europeos y actúa de forma excepcional como ventanilla única. Esta situación se produce en un contexto en el que en Alemania se critica la inacción de la autoridad de Irlanda, a la que le hubiera correspondido actuar por ser el país en el que están inscritas las plataformas, pero la investigación abierta por el regulador irlandés no está cerrada. Entre tanto, si no acepta las condiciones de WhatsApp, su app empezará a funcionar mal.