El Servicio Vasco de Salud ha sido condenado a indemnizar con 68.500 euros a un vecino de la localidad de Oñati, en Guipúzcoa (País Vasco) por extirparle un riñón al paciente tras un “deficiente seguimiento” médico. Así se desprende de la información publicada por El Diario Vasco.
El hombre tenía una piedra de un centímetro en el riñón, por lo que le operaron en el verano de 2020 en el hospital de Santiago, en Vitoria. Sin embargo, las revisiones post-operatorio se las hacían en el hospital comarcal de Arrasate. Según la sentencia del juzgado Contencioso-administrativo número 3 de Vitoria, fue allí donde se le hizo un “deficiente seguimiento” al paciente tras la intervención.
Le hicieron una primera revisión un mes después de la operación por vía telefónica debido a la pandemia por Covid-19. Tras esta, el paciente se fue de vacaciones, y cuenta al citado medio que “tenía los tobillos hinchados, ojeras, no podía ni andar 50 metros”. Llamó innumerables veces al hospital, sin embargo, “no me hacían caso”, lamenta el hombre.
La sentencia
El Servicio Vasco de Salud ha alegado que el paciente era “asintomático”, pero la jueza ha considerado que deberían haberle hecho pruebas antes
La prueba de imagen que debían hacerle debido a sus molestias se demoró “siete meses”, según la sentencia, que añade que el Servicio Vasco de Salud debe indemnizar al paciente por este motivo y “por no dar ninguna propuesta terapéutica para salvar el riñón”.
Al afectado, de 60 años, solo le queda un riñón, y lamenta que “por no hacerme una simple radiografía o ecografía, he perdido el riñón; le tengo que cuidar el resto de mi vida”. El hombre ha expresado a El Diario Vasco que “puedes tener un error al operar, pero por dejadez en la revisión, por vagancia...”.
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Desesperado por no recibir respuestas, el paciente terminó acudiendo a la clínica universitaria de Navarra, donde le operaron de urgencia el 14 de diciembre de 2021, pero no pudieron salvar su riñón por una “atrofia”. En ese momento, ya solo funcionaba “al 8%” y “podía dañar al otro” riñón. Cuando ya le habían extirpado el órgano y ya no era necesario, le llamaron de Osakidetza (el servicio sanitario público del País Vasco) para darle cita para una radiografía.
El Servicio Vasco de Salud ha alegado que el paciente era “asintomático” y que “no había posibilidad de sospechar de la obstrucción porque el único síntoma es el dolor”. Sin embargo, la magistrada considera que existe una responsabilidad por parte de Salud por un “funcionamiento anormal de los servicios públicos”, y que, “si le hubieran realizado las pruebas en menor tiempo, podrían haber visto el proceso antes de la pérdida del riñón”.