Un profesor condenado en 2018 por la descarga y distribución de pornografía infantil ha vuelto a ejercer en la escuela Cepa de Calvià, generando gran polémica entre padres, alumnos y docentes, según ha informado Última Hora. Ante la controversia desatada, la conselleria d'Educació, tras reunirse con el docente, decidió trasladarlo a tareas administrativas para evitar que tenga contacto con menores.
El docente estuvo trabajando en un instituto público de Llucmajor hasta que fue detenido en julio de 2017 por corrupción de menores y pornografía infantil. La alerta sobre sus actividades llegó desde una ONG de Estados Unidos dedicada a la protección infantil. En las redes sociales, un usuario bajo el nombre de ‘Vicioso 53’ estaba compartiendo material pedófilo y descargando contenido desde un servidor en España
El sospechoso compartió pornografía infantil y utilizó un chat desechable para borrar sus huellas
Las autoridades norteamericanas contactaron con el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Central de Madrid, que rastreó al individuo hasta Palma. El 1 de julio de 2016, el sospechoso compartió pornografía infantil y utilizó un chat desechable para borrar sus huellas.
Sin embargo, la policía logró identificarlo y, el 3 de mayo de 2017, realizaron un registro en su domicilio, donde incautaron varios discos duros, ordenadores, memorias externas, teléfonos y cámaras. Además, encontraron más de 24 imágenes de menores manteniendo relaciones sexuales con adultos y alrededor de 500 fotografías de niñas y adolescentes desnudas o en top-less, tomadas de manera furtiva en playas de Mallorca, aunque estas últimas no fueron valoradas como prueba en el juicio.
En marzo de 2018, el profesor mallorquín fue juzgado y aceptó un acuerdo con la Fiscalía, reconociendo los cargos de pornografía infantil. Fue condenado a 18 meses de prisión y a una inhabilitación de 6,5 años, en la que debía mantenerse alejado de menores. Aunque no ingresó en prisión debido a su falta de antecedentes penales, la pena se suspendió bajo la condición de no volver a delinquir.
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Una vez cumplidos los seis años y medio de inhabilitación, el condenado solicitó su reincorporación a la escuela, y el 21 de enero de este año empezó a trabajar en el centro Cepa de Calvià, en Magaluf. Su pasado criminal se conoció entre los padres de los alumnos, lo que generó una fuerte polémica. Aunque perdió su plaza en el instituto de Llucmajor tras la condena, no perdió su condición de funcionario público. Finalmente, tras la controversia, la conselleria d'Educació decidió apartarlo del aula y asignarle tareas administrativas.