La Guardia Civil de A Coruña ha desarticulado una red criminal familiar, con base en Santiago de Compostela y Ribeira, que operaba en varias provincias españolas, incluidas Granada y Málaga. La operación, conocida como Torino, ha resultado en la detención de siete personas y la identificación de cuatro más, quienes están pendientes de arresto, por fraudes relacionados con contratos de telefonía móvil y compraventa de dispositivos electrónicos.
En el marco de esta operación, se han esclarecido 55 casos de usurpación de identidad en diversas provincias, como Alicante, Girona, Madrid, Lugo y Pontevedra, además de las andaluzas. También se ha descubierto la creación fraudulenta de 141 líneas telefónicas y la compra ilícita de 132 terminales móviles, cuyo valor asciende a 26.000 euros.
El grupo criminal utilizaba el método 'phising' para obtener datos personales
El grupo criminal empleaba técnicas de ingeniería social, como el 'phishing', para obtener datos personales de sus víctimas. Con esta información, cometían fraudes relacionados con la usurpación de identidad, el blanqueo de capitales, la falsedad documental y estafas continuadas. Los dispositivos adquiridos eran revendidos a través de plataformas de compraventa y comercios de segunda mano.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada por una operadora telefónica que detectó múltiples reclamaciones de clientes afectados por la contratación fraudulenta de líneas y la compra de teléfonos sin su consentimiento. Tras varios meses de investigación, el Equipo@Coruña identificó a los miembros del grupo, que operaban principalmente desde Santiago de Compostela.
No solo genera importantes pérdidas económicas para las operadoras sino que supone un grave impacto emocional y financiero para las víctimas
Este 'modus operandi', conocido como “fraude de solicitud”, causó graves perjuicios a las víctimas ya que no solo adquirían deudas con las operadoras, sino que eran incluidas en listas de morosos y enfrentaban reclamaciones judiciales, e incluso llegaron a ser citadas en juicios o estar sujetas a órdenes de búsqueda.
Por eso, no solo genera importantes pérdidas económicas para las operadoras sino que supone un grave impacto emocional y financiero para las víctimas, según explica la Guardia Civil, que recuerda la importancia de proteger los datos personales y verificar la seguridad de las transacciones realizadas a través de internet, especialmente en redes sociales y plataformas de compraventa.