La Policía busca a quien envió el vídeo sexual que llevó al suicidio a una mujer

“No se puede señalar a nadie. Ni a un posible exnovio, ni a un trabajador en concreto, ni a la propia víctima... por la sencilla razón de que no se sabe aún quién fue. Lo único que parece que está claro es que había (y hay) un vídeo sexual compartido por decenas de trabajadores de una empresa que, al parecer, ha sido el desencadenante que llevó a una empleada a acabar con su vida . Estamos investigando de dónde salió ese vídeo, quién originó la cadena y quiénes participaron en su difusión”.

De esta manera resumía ayer un policía de Alcalá de Henares (Madrid), ciudad en la que residía Verónica R., de 32 años, el estado en el que se encuentra la investigación de oficio abierta en esta comisaría tras descubrirse que el suicidio de esta joven madre de dos niños de 4 años y 9 meses el pasado sábado en su casa podría estar originado por el acoso al que fue sometida tras la divulgación del citado vídeo entre los compañeros de la fábrica CNH Industrial, del grupo Iveco, ubicado en el distrito de San Blas-Canillejas. Por el momento, aseguran, no
se ha descubierto quién es esa persona.

Iveco

Al delito contra la intimidad se sumaría el de violencia machista si el responsable tuvo una relación con la víctima

Por su parte, la fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ha pedido un informe a la Policía Nacional para determinar si hay hechos que pudieran ser constitutivos de delito, según fuentes fiscales citadas por Efe. Si fuera así y ante la ausencia de una denuncia por parte de la familia, la Fiscalía se haría cargo de la misma.

Pero, ¿hay delito en ese suicidio? Los expertos tienen clara la respuesta: sí. Entre ellos, Encarnación Iglesias, presidenta de la Asociación Víctimas de la Violencia Digital, que asesora y ayuda a las personas que viven una situación de acoso en las redes sociales. Y no sólo un delito, indica, puede haber varios. Por un lado uno de violación de la intimidad a través de las redes sociales por la difusión de un vídeo (independientemente de si hay consentimiento de la víctima o no) tal y como establece el Código Penal, con penas de entre 3 meses y un año de cárcel. Comete delito tanto el que inicia la cadena como el que comparte el contenido.

En el caso de que la persona que difundió el citado vídeo (al parecer grabado hace al menos cinco años) hubiera tenido una relación sentimental (hay quien apunta a un exnovio que habría querido retomar la relación a lo que ella se negó, información que no ha sido confirmada por la Policía) el delito sería más grave. Y entraría en el campo de la violencia machista si, además, se comprobara que hubo extorsión o acoso.

Otras implicaciones entran en el mundo laboral. CC.OO. anunció ayer que interpondrá una denuncia contra la empresa por no haber activado el protocolo contra el acoso sexual, ya que la dirección de la empresa fue informada de la situación que estaba viviendo Verónica R.

Según algunos medios de comunicación, el departamento de recursos humanos de Iveco instó a Verónica R., que llevaba trabajando en la empresa desde el 2006, a denunciar lo sucedido, pues puede ser constitutivo de un delito contra la intimidad, pero ella rechazó hacerlo. Iveco no ha hecho declaraciones al respecto.

A la espera de que avancen las investigaciones y se descubra quién inició la difusión del vídeo y quiénes lo compartieron, el caso de esta mujer ha puesto encima de la mesa la “completa falta de concienciación de los ciudadanos sobre el uso de las redes sociales. Nos estamos centrando en explicar a los niños que no se puede compartir ni dar like a imágenes y vídeos de personas porque es un delito de invasión de la intimidad, pero los adultos saben mucho menos”, explica Iglesias. “Todos tenemos un móvil en la mano sin ser conscientes de que estos actos pueden dañar irremediable a una persona”, indica la presidenta de una asociación creada hace cuatro años por ciudadanos que sufrieron violencia digital.