Isabel Díaz Ayuso ha cambiado el paso, y la actitud, sobre la gestión sanitaria que la Comunidad de Madrid que preside realizó en las residencias de mayores durante la pandemia. Principalmente durante su fase inicial y más aguda, en la segunda quincena de marzo. Cuando la Consejería de Sanidad madrileña implantó los llamados “protocolos de la vergüenza”, elaborados para restringir las derivaciones de enfermos residentes a hospitales y que, a la postre, se tradujeron en la muerte de 7.291 personas usuarias de los citados centros.
Después de cinco años evitando a los familiares de los fallecidos y paladeando cada uno de los 54 archivos que la justicia provincial ha decretado a otras tantas denuncias por supuesta “negligencia”, la presidenta de la Comunidad ha accedido a reunirse con ellas. “Las recibiré como se merecen, como es debido”, señaló en una rueda de prensa reciente a pesar de que su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), ha mantenido durante años lo contrario. Que esos encuentros jamás iban a tener lugar porque las víctimas “han llamado a Ayuso asesina”.
Pero a este viraje hay que sumar otro. Uno doble. La presidenta madrileña ha pasado de afear las denuncias de los familiares, calificándolas como “las mismas mierdas de siempre”, a entrar de lleno en el asunto. Y después de minimizar sistemáticamente el sufrimiento de los afectados cada vez que Más Madrid y PSOE se lo reiteraban, ha decidido ser ella quien empuñe el número de fallecidos como argumento político: “Solo les interesa hablar de Madrid, pero cuando ustedes gobernaban murieron 130.000 personas en todo el país”, les ha reprochado en los últimos días en un intento de redirigir los ataques hacia otras administraciones gobernadas en el 2020 por la izquierda.
Lee también
Como este primer intento no dio el resultado que esperaban cosechar en los despachos de la Puerta del Sol, días después lo intentó reduciendo, de la noche a la mañana, el número de fallecidos en las residencias a 4.100. Pero este segundo intento tampoco caló. Principalmente, porque la oposición le reprochó rápidamente que, aunque ese dato fuera cierto –algo que desmiente el propio Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid–, eso no les “exculpa de la gravedad de los protocolos de la vergüenza”.
El Gobierno regional madrileño ha pasado de evitar a las víctimas a aceptar reunirse con ellas
Lo que destilan estos volantazos de Ayuso es la urgencia por desembarazarse del 7.291. Desligarse de una cifra que resume el horror de la pandemia en Madrid. Quitarse de encima un número que la persigue allá donde va. Tanto en la Asamblea de Madrid con manifestaciones de los afectados, como en su reciente visita inaugural a la Feria Arco de Arte Contemporáneo, para la que el equipo de la presidenta diseñó un recorrido que evitó que tuviera que pasar por delante de la obra 7.291 del artista Ramón Mateos.
¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? “Porque el drama de las residencias se ha trasladado a escala nacional”, coinciden en responder Más Madrid y PSOE. La oposición política madrileña se refieren a que el viraje que ha derivado en aceptar recibir a las víctimas se produjo tras una entrevista de Jordi Évole en la Sexta a una de las familiares afectadas. Y el del “trilerismo” de intentar esconder la cifra real de muertos sucedió horas antes de la emisión en RTVE del documental de nombre, precisamente, 7.291 , dirigido por Diego Galán.
“Pero la jugada no les ha podido salir peor porque, fruto de su propia torpeza, ambas emisiones se viralizaron y se dispararon en audiencias”, señalan desde Más Madrid. La de Évole, porque el testimonio de la hija de una fallecida en residencias fue puesto en duda por el propio MAR, quien horas después tuvo que admitir que su acusación era falsa. Y la del documental, porque el veto que el PP decretó previamente para su retransmisión en Telemadrid propició que alcanzara muy buenos datos de audiencia, con casi 1,3 millones de espectadores que, solo en Madrid, se tradujo en una cuota de pantalla del 25,8%.
Los dos patinazos han coincidido cuando el PP madrileño ha entrado de lleno en la polémica en lugar de desviar la atención, como ha sucedido en otras ocasiones. Cuando ha camuflado temas incómodos para Ayuso echando mano de “los escándalos judiciales de Pedro Sánchez” o las “extorsiones” del independentismo catalán. Pero ese comodín ahora no sirve, cuando en el debate político gira en torno a la gestión de la dana realizada por Carlos Mazón.
“El mensaje de las cañas cuajó en el 2021 porque se quería pasar página, ahora la gente quiere saber qué ocurrió”
“En el 2021, la gente estaba traumatizada por la pandemia, quería pasar página, y ahí el mensaje de las cañas frente a la responsabilidad colectiva cuajó; pero cinco años después, tenemos la calma necesaria para examinar lo que pasó; y ver a unas familias llorando por la muerte de su familiar y que la responsable diga que son las mismas mierdas de siempre y que peor es lo de ella, que la insultan… es demoledor”, señalan desde el entorno de Manuela Bergerot, jefa de filas de Más Madrid.
El PSOE, por su parte, pone énfasis en el “nerviosismo” que este asunto genera en el equipo de Ayuso. Y por eso no piensan destensar la oposición que su portavoz, Mar Espinar, está desempeñando. “Si no le gusta, tenemos otra cifra. El 511”, advierten los socialistas en alusión al artículo del Código Penal que sanciona con inhabilitación y pena de prisión al particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho. “Pero por muchos trucos que hagan, la cifra de muertos es solo una: 7.291”.
Una activista interviene durante una rueda de prensa de Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid
Cambio de estrategia
Los familiares apuntan a los gestores
Los familiares de los mayores fallecidos en las residencias madrileñas durante la pandemia decidieron a finales de febrero cambiar de estrategia. Y viendo cómo la justicia archivaba una tras otras las denuncias que habían interpuesto contra Isabel Díaz Ayuso, dejaron de apuntar a la presidenta de la Comunidad de Madrid para hacerlo hacia cuatro responsables directos de la gestión sanitaria y los geriatras de 25 hospitales por la “exclusión sanitaria” que se les aplicó a sus seres queridos.
Esta nueva estrategia acaba de arrancar su periplo judicial, pero los primeros movimientos ya apuntan hacia un cambio de paradigma dado que la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha confirmado esta semana que presentará hasta nueve causas para investigar si alguna residencia denegó prestación sanitaria a los ancianos por motivos discriminatorios al no derivarlos a hospitales.
Aunque la Comunidad de Madrid se ampara en que otras administraciones autonómicas idearon “protocolos similares”, las plataformas recalcan que solo la madrileña llegó a aplicar unos triajes que fueron plasmados en una documentación oficial a la que Carlos Mur, exdirector general de coordinación sociosanitaria de Madrid, dio el visto bueno estampando su firma a pie de página.
