Una semana después de que se conociese que PSOE y Junts habían logrado sellar un acuerdo para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat de Catalunya, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha roto su silencio sobre el asunto en plena ofensiva del Partido Popular, abrazado por los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil. Y lo ha hecho para desinflar los asuntos del pacto que afectarían de lleno a su departamento: “No hay ninguna cesión en el control de fronteras ni en el control de flujos migratorios irregulares”.
El titular de Interior, que este lunes ha presido un acto en conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, ha asegurado que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil seguirán desarrollando en fronteras las mismas funciones que hasta ahora, si la proposición de ley llega finalmente a buen puerto en el Congreso de los Diputados. La Policía Nacional, tal y como ha detallado, será quien acuerde quién entra y quién sale del territorio nacional. “Son y serán los que ponen el sello en el pasaporte”, ha ejemplificado.
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Tras pedir una “lectura sosegada” del acuerdo migratorio, el ministro del Interior ha asegurado que éste se enmarca en “ampliar las capacidades de autogobierno” de Catalunya para “ser más eficaces en la prestación del servicio público”. “Siempre con cooperación y coordinación y nunca con confusión de competencias”, ha reiterado el ministro quien ha insitido en que los Mossos d'Esquadra actuarán en fronteras “en el marco de las competencias que finalmente reseñe esa proposición”.
Respecto al control de “los flujos migratorios irregulares” y las devoluciones de migrantes que acceden a territorio español de forma irregular, Marlaska ha explicado que tampoco existe “ninguna cesión” y que la proposición “no modifica nada sobre la situación actual”, porque la sanción que conlleva esta irregularidad es la expulsión, una competencia de la Administración General del Estado.
“Otra cosa”, ha añadido el ministro, son las devoluciones que no exigen un expediente, por ejemplo, de quienes tienen prohibido entrar en territorio nacional o a quienes se les sustituye la pena de prisión por una expulsión del país.
