El Estatut de 2006 ya atribuía al gobierno catalán competencias en materia de inmigración. La Generalitat se hacía responsable de la acogida e integración de quienes llegaban a Catalunya así como la tramitación de los permisos de trabajo y el establecimiento, compartido con el Estado, de los contingentes de trabajadores aceptados. Estas competencias pasaron el filtro de la severa sentencia del Tribunal Constitucional en 2010.
El proyecto de ley que han acordado PSOE y Junts va más allá de esas atribuciones y lo hace en forma de delegación de las competencias del Estado por la vía del artículo 150.2 de la Constitución, un mecanismo que está en manos del pleno de las Cortes, no del propio Gobierno.
En síntesis, estas serían las competencias que asumiría Catalunya de llegarse a aprobar la ley, de carácter orgánico, acordada entre ambos partidos.
Autorizaciones de residencia
La Generalitat asume la instrucción y la resolución de las autorizaciones para la residencia indefinida de extranjeros en Catalunya –lo que legalmente se conoce como la residencia de larga duración– así como las autorizaciones para la residencia temporal –más de 90 días y menos de cinco años– y la estancia de larga duración –menos de tres meses–.
La administración catalana asume la potestad de otorgar estas autorizaciones y también gestionar su renovación o extinción. También la Generalitat será el organismo competente para decidir sobre los recursos que planteen los extranjeros en torno a estas autorizaciones. Aunque el acuerdo no dice nada al respecto, en la nota de prensa remitida ayer por el PSOE se colige que la Generalitat, de acuerdo con estas peticiones, podrá otorgar el Número de Identidad de Extranjero, una acreditación de un registro estatal que no está vinculada con el otorgamiento de la nacionalidad española, una competencia que sigue quedando reservada a la Administración central.
Expulsiones
La expulsión de inmigrantes fuera del territorio de España también seguirá siendo una competencia exclusiva del Gobierno central aunque la Generalitat tendrá competencia en la instrucción de expedientes y procedimientos de sanción que culminen en una orden de deportación. Cosa distinta –aunque el texto del proyecto de ley es ambiguo al respecto– son las devoluciones en la frontera española en las que sí podrían actuar los Mossos en la medida que amplían sus competencias.
Control de las fronteras
La seguridad de puertos y aeropuertos era una de las piezas que preveía cobrarse Junts y la ley así lo recoge. La gran incógnita que quedaba por despejar era si además la policía de la Generalitat tendría atribuciones de seguridad en los accesos a los espacios Schengen, es decir, las zonas de acceso de personas que proceden de países que no pertenecen a la Unión Europea. Por poner un ejemplo, los espacios Schengen en el aeropuerto de El Prat son aquellos en los que desembarcan los pasajeros procedentes de América o África. En efecto, el texto del proyecto de ley prevé que la policía de la Generalitat forme parte como “policía integral” de la vigilancia en los puestos de acceso de personas extranjeras en colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esto es, la Policía Nacional y la Guardia Civil. En cualquier caso los criterios con lo que los Mossos puedan operar en estas zonas de acceso se decidirá en la Junta se Seguridad.
Centros de internamiento
La gestión integral de los controvertidos Centros de Internamiento de Extranjeros pasará a ser una competencia de la Generalitat en caso de que la ley llegue a prosperar. En Catalunya el único operativo es el de Zona Franca –es uno de los siete que hay en España– con una capacidad de 250 personas. La Generalitat se haría cargo de su gestión por delegación del Gobierno central con lo que el acuerdo no deja manos libres a la comunidad para cerrarlo como, en su día, pretendía Junts. La Generalitat será el organismo competente para dirigir estos centros y su personal pasará a depender de la comunidad autónoma. En los Centros de Internamiento de Extranjeros son confinados durante al menos sesenta días aquellos inmigrantes que están en proceso de devolución.
La condición del catalán
En la exposición de motivos del proyecto de ley los redactores hacen hincapié en la “experiencia integradora” de la sociedad catalana. “Con la petición de asumir de manera integral la delegación de competencias Catalunya apuesta por un modelo de gestión basado en el establecimiento de una serie de derechos inclusivos pero también de deberes claros”. “Este marco –añade el texto del proyecto de ley– debe ser un elemento clave que vertebre el compromiso de integración y de respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales que definen nuestra sociedad”. Sin embargo, en la ley, no se establece en ningún precepto que la lengua catalana pueda ser un condicionante relacionado con la residencia de personas extranjeras en Catalunya. En la medida que se trata de una ley que delega competencias, el marco legal ha de ser el que aplica la Administración central en todos sus territorios. No obstante y tal vez como salvaguarda, la disposición adicional tercera del proyecto prevé que el Estado y la Generalitat colaborarán para “la plena inclusión e integración de la población extranjera en Catalunya”.
Refuerzo de los Mossos
Por último el proyecto de ley determina que para asumir estas nuevas competencias –entre las que también figurará el combate contra la trata de personas inmigrantes– se produzca una ampliación progresiva de los efectivos de los Mossos d’Esquadra hasta alcanzar los 26.800 agentes –actualmente hay cerca de 19.000 en activo– en el lejano horizonte del año 2032. Además, y en virtud de esta ley, la Generalitat y el Gobierno central se comprometen a compartir los ficheros de información relativa a la población inmigrante.
