La juez que investiga al empresario —y comisionista— Alberto González Amador por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental tiene a partir de ahora luz verde definitiva para ampliar la causa a otro: corrupción en los negocios. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado desestimado el recurso interpuesto por el novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la decisión de abrir una pieza separada, como pidió el PSOE y Más Madrid.
Una de las cuestiones sobre las que la instructora podrá indagar es sobre un presunto pago de casi medio millón de euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención, en el que el fiscal ve una posible comisión encubierta. Los magistrados estiman que en el presente momento procesal “resulta procedente” esclarecer si los hechos son constitutivos de otros delitos.
”Las operaciones económicas y jurídicas realizadas –continúan los jueces-, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta”, recoge la resolición.
La pieza separada fue aberita para investigar posibles nuevos delitos “en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L --empresa de Alberto González Amador-- y su cliente Quirón Prevención S.L”.
La resolución analizaba “si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados”.
La acusación popular entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber “una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención”.
Entiende que podría tratarse de “una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020”.
