Resulta curioso constatar que la mayoría de los redactores senior de esta casa –una manera amable de decir que ya son, somos, mayores– recuerdan bien dónde estaban aquella tarde del 24 de febrero de 2005, justo hoy hace veinte años, cuando el president de la Generalitat, Pasqual Maragall descerrajó desde su escaño en el Parlament aquella frase, señalando a Artur Mas: “Ustedes tienen un problema y ese problema se llama tres por ciento”.
En realidad hacía ya años que el pago de mordidas por la adjudicación de obra pública era un asunto que circulaba en Catalunya por debajo del silencio. Un silencio que sólo rompían ocasionalmente algunos heroicos disidentes que vivían en la periferia del sistema político. Por esa razón, escuchar al president Maragall soltar esa frase en un pleno del Parlament fue tan disruptivo.
Aunque posiblemente el expresident nunca ha llegado a ser consciente de ello, aquella declaración fue el anticipo político de una auténtica tempestad legal que acabaría desencadenando la disolución de Convergència, enviaría “a la papelera de la historia” a alguno de sus dirigentes y desembocaría en una considerable lista de juicios y condenas entre las que sobresale con nota el caso del Palau de la Música. Maragall tenía razón, pero entonces nadie se la dio. Ni él mismo y menos aún su propio partido.
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Es interesante repasar las actas de aquel pleno de hace 20 años. Tras lanzar aquella denuncia, Artur Mas tomó la palabra desde su escaño para pedirle a Maragall que retirara lo dicho. Y Maragall lo hizo. Regresó el silencio.
El siguiente diputado en intervenir fue Miquel Iceta, el portavoz del PSC en aquel momento que empezó así su intervención. “He estado a punto de pedirle amparo [dirigiéndose al presidente del Parlament] porque corrijamos el riesgo de perder el hilo del debate”… No hizo apenas una alusión a la denuncia planteada por Maragall y si lo hizo fue para rebatirla: “no se pueden hacer acusaciones infundadas”.
Uno de los asesores principales de Maragall, que ahora disfruta de una plácida jubilación, recuerda que aquella declaración no estaba prevista. “Queríamos hacerlo más adelante. El president quería hablar de la corrupción, sí, pero habíamos acordado que aquel no era el momento”.
El Parlament concluyó en mayo de 2005 que no se había podido acreditar el cobro de comisiones
Y con razón. Maragall tomó la palabra al final del pleno en el que el entonces el conseller de Política Territorial Joaquim Nadal defendió la actuación del Govern en la crisis suscitada por el hundimiento del túnel del Carmel a consecuencia de las obras de construcción de la ampliación del metro.
Mil doscientas personas habían sido desalojadas de sus hogares a consecuencia de un error derivado de un proyecto planificado y encargado por la Generalitat convergente, pero ejecutado por la Generalitat del tripartito –el gobierno de PSC, ERC y los ecosocialistas de ICV- . El desastre era demasiado colosal para liarse a bofetadas.
Nunca llegó a haber responsables legales del agujero del Carmel dado que la investigación judicial quedó archivada en julio de 2008. Y tampoco hubo responsables políticos. La comisión de investigación creada en el Parlament concluyó en mayo de 2005 que no se había podido acreditar el cobro de comisiones.
Una afirmación que, tiempo después, empezarían a desbaratar los tribunales con sentencias como los de los casos Adigsa, el Palau de la Música, ITV, Pretòria –en el que también había implicados cargos del PSC–, Barcelona Regional, el caso 3%, que arrancó en Torredembarra y que sigue pendiente de juicio en la Audiencia Nacional, hasta llegar a la confesión del president Pujol el 25 de julio de 2014. Pero esto último ya es agua de otro molino. Forma parte de otro episodio de la política catalana. Otra guerra mucho más sucia.
Lo de aquella tarde en el Parlament no fue una de aquellas maragalladas que amigos y adversarios atribuían al carácter, entre la candidez y la arrogancia, del entonces president. “Cuando llegamos al Govern pedimos una auditoria interna y el resultado fue un informe de miles de páginas que concluía que los métodos de contratación eran muy mejorables, que había poco control y aún menos exigencia a los contratistas”, recuerda su asesor. El documento, sin embargo, no exponía casos concretos, ni señalaba culpables.
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Maragall se sentía muy frustrado en aquel debate del Carmel. El desastre había ocurrido en la ciudad de la que él había sido alcalde y en un barrio modesto, uno de aquellos que él había cuidado con su modelo de urbanismo igualitario. Y ahora se había hundido a consecuencia de un proyecto del que no se sentía responsable, pero del que sus adversarios, singularmente Artur Mas en el curso del pleno, le hacían único culpable. Así que soltó aquella frase que iba más lejos de lo que la auditoria que tenía sobre la mesa de su despacho le permitía afirmar.
Tal vez por eso acabó retirando sus palabras –un gesto que sólo le reprocharon en el pleno dos diputados de Esquerra Republicana, Carod Rovira y Joan Ridao–. Lo hizo por esa razón y para preservar su gran proyecto político, inviable sin el apoyo de Convergència, el nuevo Estatut, que sería fuente de nuevas frustraciones mucho más profundas que el túnel del Carmel.
En sus memorias Pasqual Maragall dice: “mis casi tres años de estancia en el Palau de la Generalitat no fueron los más felices de mi vida política. Lo podrían haber sido, pero no lo fueron”.
