El regreso de las sesiones de control al Gobierno en el Senado ha dejado en evidencia este martes que la bronca política sigue en el mismo punto en el que quedó a finales de 2024. Con buena parte de las estrategias judicializadas.
Alicia García ha sido la primera en abrir fuego esta tarde. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta ha enumerado un variado “catálogo de corruptelas” socialistas tras el que ha acusado al Gobierno de ser “un comando de encubrimiento de delitos y una coalición contra España y los españoles”, en relación a las causas judiciales abiertas sobre la figura de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, o la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y ha resumido que la acción del Gobierno empieza y termina en Sánchez al estilo Piratas del Caribe“ y ”rumbo" a la República Dominicana, en alusión a la relación que con este país tenían Víctor de Aldama y otros investigados en el caso Koldo.
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El ataque, en ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -a quien los populares le han recriminado que lleve “once meses sin someterse al control” del Senado- ha ido dirigido al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes quien ha tratado de deslegitimarlo de raíz reprochando que el PP siga instalado “en la insinuación, en la mentira y en la calumnia”.
A juicio de Félix Bolaños, el PP está deslegitimado para esta contienda: “¿No le parece irónico que el Partido Popular financie el abogado de un pseudo sindicato ultraderechista para que les haga a ustedes el trabajo sucio?”, se ha preguntado.
Bolaños ha aludido así a que Víctor Soriano -abogado que representa a Manos Limpias en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos- fuera contratado en enero del pasado año como personal eventual adscrito a la secretaria primera del Senado, Eva Ortiz, del PP.
Por este motivo, el ministro ha preguntado a la portavoz popular si tiene la “conciencia tranquila” por ello y porque su partido esté usando a este sindicato para el “trabajo sucio” contra cargos socialistas.
Nuevo choque a la vista
Senado vs Congreso
El PP ha aprobado este martes en el Senado un doble requerimiento formal al Gobierno y al Congreso para que procedan a “revocar la corrección de errores” introducida de manera “fraudulenta” en la Ley de Eficiencia Jurídica a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) después de su tramitación parlamentaria, dando así el primer paso para plantear otro choque institucional entre Cámaras, que podría desembocar en el Tribunal Constitucional (TC).
Este requerimiento oficial ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP y ha contado también con el apoyo de Vox y UPN, como suele ser habitual. El PSOE ha votado en contra y el resto de formaciones han optado por abstenerse.
El PP denuncia en este caso que el Gobierno y el Congreso han utilizado “de forma fraudulenta” la corrección de errores para modificar el texto final de la Ley de Eficiencia Jurídica respecto a lo que se aprobó en el Parlamento.
La mayoría absoluta del PP vetó el proyecto de ley en el Senado y lo devolvió al Congreso, que levantó esa enmienda a la totalidad y el proyecto fue publicado en el BOE como ley orgánica.
García criticó que la ley fue aprobada en las Cortes sin recoger los complementos salariales por destino de un subgrupo y un grupo de jueces y que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, “sí lo incluyeron días después en el BOE y en el BOCG utilizando la vía de la corrección de errores”.
“Una ley sólo puede ser modificada por otra ley”, avisó García, que aseguró que “es una muestra más del intento de Sánchez de gobernar de espaldas al Parlamento, una falta de respeto a la democracia y a la soberanía nacional”.
