La Comunidad de Madrid ha recurrido el auto por el que el Tribunal Constitucional ha decidido apartar al magistrado conservador José María Macías de todas la deliberaciones sobre los recursos contra la ley de Amnistía porque, según alega, “expulsa a los vocales que no están dispuestos a asumir una trágala”.
Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de la Cámara regional, donde ha explicado que se pide “la nulidad de esta actuación, al ser una decisión irregular y arbitraria, que no respeta procedimiento alguno y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, apartándose del criterio previo de este mismo Tribunal Constitucional”.
En resumen, ha subrayado, se trata de “expulsar a los vocales que no están dispuestos a asumir una trágala”. “Una nueva arbitrariedad del ministro 24 del Gobierno de Sánchez: el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido”, ha denunciado.
El TC apartó a Macías en un primer momento de las deliberaciones del recurso de inconstitucionalidad impulsado por el Tribunal Supremo. La razón fue que antes de llegar al TC, Macías fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y firmó un informe reclamado por el Senado contrario a la ley de amnistía. Macías firmó con su voto favorable el texto en el que se afirmaba que la norma no tiene encaje en la Constitución, “pues este tipo de medida de gracia quedó excluido de su articulado de forma consciente”. Posteriormente el TC lo apartó de la deliberación de todos los recursos.
El Ejecutivo autonómico presentó en septiembre del año pasado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso a la ley de Amnistía en su totalidad. Lo hizo, tal y como explicó la presidenta Isabel Díaz Ayuso, “en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, la seguridad jurídica y la división de poderes”.
Díaz Ayuso también avanzó la recusación de tres magistrados del tribunal –Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez- por su “pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE”, partido que presentó el texto, “lo que le inhabilita para enjuiciar” su constitucionalidad.
Del mismo modo, el consejero de Justicia ha anunciado que el Gobierno regional ha presentado un texto de alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal.