La división en el Poder Judicial enmaraña la reforma de la elección de sus vocales

Los dos principales partidos, PSOE y PP, trasladaron hace seis meses su enfrentamiento al pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre cómo deben elegirse sus vocales. Tras más de cinco años de bloqueo del órgano de los jueces, ambas formaciones pactaron su renovación y dar un plazo de seis meses al nuevo pleno para que emitiera un informe con una propuesta para reformar el sistema de nombramientos para ser llevado a las Cortes para su debate y votación. Ese plazo se cumple esta semana y dentro del Consejo no se ha logrado por ahora una propuesta consensuada.

El plazo acaba oficialmente el jueves 6 de febrero y la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha convocado un pleno extraordinario para el miércoles con el objetivo de llevar ante los veinte vocales los trabajos realizados por cuatro de ellos, designados específicamente para llevarlos a cabo. Fuentes del órgano aseguran que a tres días de la reunión plenaria, los planteamientos entre el bloque progresista y el conservador son antagónicos y, por tanto, un acuerdo se vislumbra complicado. Perelló pretende que entre todos los vocales se pueda llegar a un acuerdo, aunque sea de mínimos, en el último momento.

La disposición de la ley, aprobada en julio del pasado año, establece que en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el CGPJ elabore un informe con objeto de examinar los sistemas europeos para la elección de los miembros de los consejos de la magistratura análogos al Consejo español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces.

El miércoles acaba el plazo fijado para que el pleno envíe a las Cortes y al Gobierno una propuesta

Dicha propuesta debe ser trasladada al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado con el fin de que los titulares de la iniciativa legislativa la sometan a la consideración de las Cortes Generales para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación.

Según fuentes del órgano de los jueces, el primer mandato se ha cumplido. El Consejo designó a cuatro vocales, dos progresistas y dos conservadores, quienes durante esos meses han elaborado, junto a cuatro letrados, un informe comparativo de otros sistemas judiciales, han dado traslado a las asociaciones judiciales para escuchar sus propuestas, han pedido informes a las salas de gobierno de todos los tribunales superiores, además de a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo. Todo eso está plasmado en un informe.

El problema viene en el segundo mandato legal, el de presentar una propuesta común. Existen diferencias insalvables entre los dos grupos, sobre todo por cómo debe ser el sistema de elección. Ambos bloques reconocen que no entregar una propuesta común deja en mala situación al órgano.

Perelló pretende que entre todos se pueda llegar a un acuerdo, aunque sea de mínimos, en el último momento

El principal escollo es la participación del Parlamento. Los progresistas no conciben que desaparezca su papel, aunque sí admiten mejorar el sistema para evitar que se vuelva a repetir la situación del Consejo anterior, que estuvo en bloqueo más de cinco años por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP.

Los conservadores no piensan ceder en ese punto. A su juicio, Europa lleva años reclamando que los jueces deben ser elegidos por los jueces y que debe desaparecer o reducirse al máximo la participación del Parlamento para evitar dar la imagen de falta de independencia y de supeditación de los vocales a los partidos políticos.

El choque es conceptual. Los conservadores entienden que el CGPJ es un órgano de representación de los jueces y que deben ser ellos quienes designen a sus vocales. Sin embargo, los progresistas entienden que este órgano debe tener representación de todas las sensibilidades de la sociedad, y éstas están representadas en el Parlamento.

El sector conservador quieren eliminar o reducir el rol del Parlamento; el progresista,mantenerlo

Fuentes del órgano indican que los conservadores estarían dispuestos a limitar la elección de los vocales por parte de los jueces a únicamente los de procedencia judicial, lo que significa que ocho serían todavía designados por las Cortes.

En estos seis meses, los cuatro vocales designados para este trabajo no han sido capaces de presentar una propuesta conjunta. Los progresistas creen que de no lograr un consenso se pueden enviar dos propuestas alternativas para por lo menos dar cumplimiento al mandato legal. Sin embargo, a día de hoy, los conservadores desdeñan tal ofrecimiento porque consideran que el mandato reclama una propuesta común. A su juicio, presentar dos propuestas contrarias no sirve para avanzar en una reforma que debiera plantearse en el Congreso de los Diputados.

Dentro de estos trabajos, los dos grupos han analizado el informe del Supremo, que reclama que se deje “al margen de la contienda entre partidos políticos” la formación del mismo, y plantea dos alternativas: que los jueces elijan directamente a sus compañeros, o que se limite la intervención de las Cortes Generales.

Ni el Parlamento ni el Gobierno tiene capacidad de sancionar al Consejo por no entregar el informe

En el pleno de este miércoles se decidirá, por lo menos si se envían las dos propuestas, si se llega a algún acuerdo de última hora o si no se envía nada ante la falta de acuerdo. Fuentes parlamentarias sostienen que en la previsión legal que se interpreta de la ley aprobada en julio no se prevé ninguna consecuencia en caso de que el CGPJ no envíe ninguna propuesta. Ni las Cortes ni el Gobierno tienen capacidad para “sancionar” el hecho de que no hagan lo que la ley les indica. Igualmente estas fuentes reconocen que el Congreso no tiene hoy las mayorías para hacer una reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección. Lo que podrá hacer el Parlamento es un mero recordatorio hasta que haya un acuerdo.