El Gobierno central y el canario avanzan, aunque a un ritmo mucho menor de lo que exigiría la crisis humanitaria que sufren las islas, en el reparto puntual de 4.000 menores migrantes no acompañados que llegaron al archipiélago en cayucos y desde entonces están tutelados en el sistema –colapsadísimo– de Canarias. La Abogacía del Estado ha recibido esta semana para su estudio el texto que, de ser aprobado, permitirá una distribución extraordinaria entre el resto de comunidades autónomas. Pero antes, ambos ejecutivos van a intentar amarrar los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para que la iniciativa –como sucedió el pasado verano con el intento de reforma de la ley de Extranjería gracias a los votos en contra de PP, Vox y Junts– no suponga otro varapalo para el Gobierno. Se avecina una nueva negociación agónica.
Las reuniones se están llevando a cabo, desde inicios de año, con la máxima discreción. Más allá de la cifra de 4.000 menores sin amparo familiar que deben de salir de Canarias –y otros 400 de Ceuta–, los equipos negociadores no quieren dar a conocer el número de niños y adolescentes que recibirá cada comunidad autónoma. Creen que este anuncio –cuando la mayoría de regiones están gobernadas por el PP– puede dinamitar su aprobación. Las comunidades del PP ya avisan de que darán la batalla. Incluso los acercamientos a Junts, cuyos votos serían esenciales si el PP se mantiene en el bloqueo, se están llevando a cabo sin poner negro sobre blanco la cifra de menores migrantes que acabarían en Catalunya. De hecho, el texto ya cerrado, según fuentes ministeriales, no incluye finalmente con qué criterios –y cuánto pesará cada uno de ellos– se realizará el reparto puntual.
El coeficiente que determinará las cifras tiene en cuenta el PIB, población, desempleo o solidaridad previa
Sin embargo, según ha podido saber La Vanguardia de fuentes próximas a la negociación, el reparto extraordinario –de aprobarse– se hará finalmente con base en un coeficiente que ha formulado un equipo capitaneado por la investigadora experta en migraciones Gemma Pinyol, quien defiende que este sistema asegura una distribución “justa y eficiente”. Ese coeficiente es el resultado de una fórmula matemática en la que se conjugan criterios como la población, el PIB, la tasa de desempleo, la acogida o la solidaridad a la hora de recibir voluntariamente a estos menores en los últimos cinco años. La población y el PIB puntúan en positivo (a más habitantes, más menores a recibir), mientras que el resto de indicadores son negativos (si una región ha hecho ya un esfuerzo previo de acoger o su desempleo está por las nubes, restará en la cifra final).
La fórmula, no obstante, presenta una grieta. Los únicos datos de los que no se puede dudar son los de la población, el PIB o el desempleo. Por el contrario, son las propias comunidades autónomas las que aportan los datos de los menores que tienen tutelados o los que han recibido en el último lustro. Y aquí, la falta de transparencia con la que actúan las administraciones convierte las cifras que ofrecen en poco fiables, discutibles o, simplemente, no coinciden, según reconocen fuentes ministeriales. Pese a ello, esta será la fórmula que se pretende usar.
La comunidad que deberá hacer el mayor esfuerzo será La Rioja. La cuestión es sencilla: solo acoge a nueve menores migrantes y en los últimos años no ha hecho esfuerzos para ampliar su sistema de plazas, tal y como denuncian otras regiones. Le siguen regiones que están a la cabeza por población –Andalucía, Madrid y Catalunya–, pese a que son comunidades que han alertado de que su sistema de acogida está ya tensionado. Una estimación –basada en esta fórmula, pero a falta de que se consolidasen los datos aportados por las comunidades– cifraría en unos 300 menores migrantes los que llegarían procedentes de Canarias a cada una de estas tres regiones.
La vía jurídica de la distribución, aún en el aire
El Gobierno espera que el próximo martes o miércoles la Abogacía del Estado se pronuncie sobre si la fórmula adecuada para llevar a cabo la distribución puntual de menores migrantes es el decreto ley –como defiende el Gobierno de Canarias– o la proposición de ley –por lo que apuestan desde un sector el Ejecutivo central–. Sea cual sea la vía final, lo que tienen claro ambos gobiernos es que no la registrarán en el Congreso o la aprobará el Consejo de Ministros hasta que los apoyos en el Parlamento estén atados. Por eso, el presidente canario, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, empezarán la segunda semana de febrero –aunque la idea inicial era comenzar esta misma– una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios. Fuentes gubernamentales, optimistas, no descartan que si finalmente logran el apoyo de Junts el PP acabe por sumarse al sí, como hizo con el decreto ómnibus.
