Las declaraciones de hoy eran las más incómodas para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por las consecuencias jurídicas que pueden conllevar. El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que le investiga por un presunto delito de revelación de secretos, escuchó hoy el relato como testigos de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y al fiscal Julián Salto, encargado de denunciar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal y quien mantuvo contacto con el abogado de éste por un intento de pacto de conformidad.
Ninguno de los dos ha salido en defensa de García Ortiz. Lastra, máxima responsable de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, ha relatado ante el instructor el malestar que le produjo todo lo ocurrido el 13 de marzo del pasado año, cuando desde la Fiscalía General del Estado se le reclamó todos los correos electrónicos cruzados entre Salto y el abogado del empresario Alberto González Amador.
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Según fuentes presentes en el interrogatorio, Lastra ha relatado que todo empezó el día 8 de aquel mes, cuando tiene conocimiento que González Amador es pareja sentimental de la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La jefa de Madrid ha reconocido que el día 13 de marzo tanto el fiscal general como las personas de su confianza le reclaman con urgencia todos los correos. Según ha declarado, a García Ortiz no le valía con saber el contenido de éstos sino que los quería tener. Aquella noche, el propio García Ortiz le llama y se los pide expresamente invocando su autoridad jerárquica.
La testigo indica que en aquellas horas escucha por la radio datos relacionados con González Amador que sólo podían haber salido de la Fiscalía. Entonces ella se enfada y así se lo trastada a la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que también se encuentra investigada por estos hechos al haber participado en el envío de los correos electrónicos entre Salto y el abogado del empresarios que acabaron haciéndose públicos.
Según Lastra, pidió a Rodríguez que no enviara los correos porque los iban a filtrar. En su relato, en la mañana del día 14 está tan enfadada porque los correos estuvieran en la prensa y porque desde Fiscalía General pretendieran difundir una nota de prensa bajo la rúbrica de la Fiscalía Superior de Madrid, que cuando le llamó García Ortiz se negó a responder.
Según Lastra, le llamó hasta seis veces y no le atendió hasta que al final la localizó a través de la centralita. Cuando cogió el teléfono, según ha recordado, le recriminó: “¿Álvaro, has filtrado tú los correos?”. Según su testimonio, el fiscal general le contestó: “Eso ahora no importa, lo que importa es hacer el comunicado y defender a los fiscales ,que lo han hecho bien”.
Por su parte, Salto también relató cómo fueron aquellas horas cuando le reclamaron los correos electrónicos en los que el letrado había ofrecido un pacto de conformidad para evitar ir a juicio, en el que pasaría por reconocer el fraude fiscal y el pago de una multa.
Pero además, este fiscal que además de formar parte de la Fiscalía de delitos económicos participa dentro de la Fiscalía a Madrid digital, ha negado que exista un protocolo de borrado de información, tal y como ha alegado García Ortiz para justificar que en su teléfono no ha aparecido ningún mensaje ni corroe electrónico sobre este asunto cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le intervino el teléfono en busca de pruebas. Lastra también ha negado la existencia de tal protocolo.
Estas declaraciones se producen días antes de que el fiscal general tenga que acudir al Tribunal Supremo a declarar en calidad de investigado al considerar el juez que los indicios contra él por un presunto delito de revelación de secretos han quedado “apuntalados”.
