Hecha la ley, hecha la trampa. El refranero es el ropero en el que se visten los comportamientos atávicos. En este caso un recordatorio de la universalidad del ardid malintencionado para sacar un provecho particular de las normas, prostituyendo su aplicación y el efecto que se buscaba con su aprobación.
La Moncloa y el PSOE han decidido declararle la guerra al refranero. Se acabaron las trampas con la acusación popular en los procesos penales. Y para ello se han sacado de la manga una proposición de ley orgánica que pretende limitar al mínimo este derecho constitucional. La criatura, en fase de gestación en el Congreso, tiene ya nombre y también apodo. Sus progenitores la han bautizado como “De garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”. Pero hay que reconocer que el mote, “ley Begoña”, tiene mayor atractivo.
La Moncloa y el PSOE han decidido declararle la guerra al refranero
La coartada socialista para impulsar una norma de estas características tiene base. Es cierto que la acusación popular en España funciona en muchos casos como un escenario al que subirse no para buscar justicia, sino para ganar protagonismo político o para perjudicar los intereses de terceros impulsando procedimientos que únicamente pretenden titulares con los que amedrentar a través de la pena del telediario. Como quiera que el abuso existe, nada cabría objetar, en principio, a una reforma razonada que explorase la mejora de su praxis, tal y como ya intentaron en su día José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy.
Hasta aquí todo lo teóricamente bueno que puede decirse de la iniciativa socialista que, por lo demás, resulta un despropósito en términos de pulcritud democrática. Y es que la norma que impulsa el PSOE, remarcando en su disposición transitoria única que será de aplicación para los procesos ya iniciados, hace imposible no ver en la mano del legislador, léase Pedro Sánchez, la clara intencionalidad de acabar por las bravas con los problemas judiciales de su entorno familiar y político, en especial aquellos que afectan a su esposa. Igual mala fe de parte se observa en la exposición de motivos, que no es más que el recurrente argumentario gubernamental sobre las tres fábricas de fango de la derecha –mediática, judicial y política– reescrito con lenguaje de apariencia tecnócrata para disimular, aunque no mucho.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da un discurso durante la IX Conferencia de Embajadores de España, esta semana, en el Ministerio de Exteriores
Los ataques oportunistas al funcionamiento de la justicia siempre tienen justificación por parte de quien los impulsa. La historia es siempre la misma. Quien gobierna, o quien aspira a hacerlo, se siente injustamente perseguido o maniatado e intenta ampliar su espacio de poder, y ya puestos de impunidad, achicando el de aquellos que considera sus enemigos. Cuando son Victor Orban o Donald Trump quienes practican este deporte, la tendencia natural es a escandalizarse. Pues bien, la iniciativa del PSOE, en la medida que no deja dudas sobre la búsqueda de un beneficio personal para quien ostenta la presidencia del gobierno, merece un juicio similar.
La práctica de la acusación popular genera abusos y su utilización con fines espurios, no sólo por parte de la derecha, como pretende hacer creer el gobierno. Pero su utilización con fines fraudulentos no impide que puedan contarse también múltiples casos en los que sus efectos son beneficiosos y sanadores. Sobre todo en un país en el que la fiscalía, por desgracia, deja mucho que desear a la hora de comportarse como un verdadero órgano independiente con capacidad de plantar cara y confrontar en nombre del interés general las interferencias, cuando no órdenes, del ejecutivo de turno. Que la justicia española, toda ella, necesita muchas horas de taller –motor, chapa y pintura– es incuestionable. Pero de ahí a legislar pensando en el beneficio propio media mucho más que un abismo. El que va de un refrán malo –hecha la ley, hecha la trampa– a otro que, sin ser refrán, resultaría mucho peor: la trampa hecha ley. Y eso es lo que inevitablemente uno acaba pensando cuando lee el texto que el PSOE aspira a convertir en norma.