Bildu desinflama el frente de los presos

La cuestión de los presos de ETA continúa siendo un asunto capital para una parte de la izquierda abertzale, aunque ha dejado de ser material altamente inflamable. Cumplidos más de 13 años desde el cese definitivo de la violencia, el número de reclusos condenados por el terrorismo de ETA se ha reducido drásticamente, desde un máximo de 760 en el 2008 hasta los 122 actuales y, finiquitada la dispersión, la práctica totalidad cumple condena en cárceles vascas.

El primero de estos cambios, la reducción del número de reclusos, ha venido propiciado por la salida paulatina de los presos que entraron en prisión durante los años más duros del terrorismo, los ochenta, de manera que hoy el preso de ETA que permanece encarcelado desde hace más tiempo cumple condena desde 1990.

Los reclusos de ETA promedian los 50 años y cumplen condena desde finales de los 90 o principios de este siglo

En este momento, la fotografía del recluso de ETA que sigue en prisión es la de un preso que promedia los 50 años y cumple condena desde finales de los noventa o los primeros años del presente siglo, con entre 20 y 25 años cumplidos en la mayor parte de los casos y algunas excepciones que superan los 30 años de condena. La mayoría reconoce la legalidad penitenciaria y el daño causado.

Sare reclama movimientos en materia penitenciaria

Varios miles de personas secundaron ayer en Bilbao la manifestación convocada por la plataforma Sare “por los derechos de los presos”. Ane Muguruza, hija de Josu Muguruza, periodista y diputado de HB asesinado por los GAL, y Rosa Rodero, viuda del ertzaina Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA, fueron dos de las encargadas de portar la pancarta, que reivindicaba “una solución definitiva, convivencia y paz”. Al término de la manifestación, desde Sare denunciaron que “los derechos de los presos vascos siguen siendo vulnerados” y reclamaron que “es la hora de sellar todas las consecuencias de décadas de confrontación y sufrimiento”. La marcha ha sido apoyada por los partidos EH Bildu, Junts, ERC o las CUP, así como por los dos principales sindicatos vascos, ELA y LAB, o agrupaciones como ANC y Òmnium Cultural.

Por otro lado, el segundo cambio de calado, el fin de la política de dispersión iniciada en 1989 y finalizada en el 2023, ha venido favorecido por una decisión anunciada por el Gobierno español ya en el 2019 y que, obviamente, no escapa al juego de equilibrios en el Congreso. “Con ETA disuelta y derrotada por la sociedad, la dispersión no tiene sentido”, señaló el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En tercer lugar, la reciente aprobación de la modificación de la ley 7/2014, que, en consonancia con las directivas europeas, permitirá la convalidación de las penas de prisión cumplidas en otros países de Unión Europea y afectará a medio centenar de reclusos de ETA.

Así, EH Bildu, y en particular Sortu, la formación que en la coalición conecta con la izquierda abertzale histórica, han logrado encauzar una cuestión que amenazó su cohesión en torno al año 2015, cuando la sombra de una ruptura llegó a planear sobre este espectro político. 

Entonces, el proceso de desarme de ETA no arrancaba, la situación de los presos se encontraba en vía muerta y, a nivel político, EH Bildu vivió una auténtica debacle electoral, motivada en gran medida por la irrupción de Podemos.

En los años sucesivo, sin embargo, estas variables cambiaron de plano y, un decenio después, la izquierda abertzale ve cómo este asunto ha dejado de ser una espada de Damocles.

Esta situación llega, además, tras unos años en los que han optado por dejar en un segundo plano la proyección pública del frente penitenciario. Una estrategia que obedece tanto a su objetivo de gestionar la cuestión con discreción como a la necesidad de responder a un espacio electoral amplio, ya que Bildu abarca significativamente más que la izquierda abertzale histórica y este tema no inquieta por igual a toda su base electoral.

Así lo explica Ion Ansa, analista político y buen conocedor de la realidad política en este espacio. “Es un tema que históricamente ha sido muy importante para la izquierda abertzale y lo sigue siendo; sin embargo, ha optado por desligar la importancia que la cuestión de los presos tiene para ellos de la proyección mediática que le han otorgado. Bildu ha apostado por proyectar otros temas, y si se atiende a su trabajo en Madrid, es una de las cuestiones que menos foco tienen”.

En el otro lado, el Gobierno central, consciente de que el frente penitenciario podía haber lastrado los acuerdos en otros ámbitos y, en consecuencia, su mayoría, ha encontrado la fórmula para encauzarlo en la eliminación de medidas que históricamente se habían aprobado de manera excepcional pensando en los presos de ETA. Los ejemplos más claros son el fin de la dispersión y el cumplimiento de las directivas europeas para la convalidación de penas.

El traspaso de la competencia de Prisiones al Gobierno vasco en el 2021, una reivindicación histórica del PNV, ha sido otro elemento facilitador, aunque aquí hay que subrayar que cualquier decisión en relación con progresiones de grado o permisos está sometida al control judicial, que en el caso de los presos de ETA depende de la Audiencia Nacional.

La cuestión del terrorismo y los condenados por haberlo ejercido, en todo caso, tienen un componente emocional enorme y, aunque no son pocas las víctimas que ven con buenos ojos los cambios acometidos, desde colectivos como Covite se muestran muy críticos. Su presidenta, Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP asesinado por ETA en 1995, ha denunciado que la convalidación de penas busca la “impunidad de los terroristas”, y cuestiona también las demandas de la plataforma Sare.

Este colectivo, cuyo portavoz es el exdirigente de Eusko Alkartasuna Joseba Azkarraga, convocó la manifestación “por los derechos de los presos” que ayer recorrió las calles de Bilbao. Desde su surgimiento ha buscado llevar sus reivindicaciones más allá del ámbito de la izquierda abertzale y, como en otras ocasiones, situó al frente de la pancarta a una víctima de ETA, Rosa Rodero, viuda del ertzaina Joseba Goikoetxea.

Sus reclamaciones se centran ahora en la agilización de los terceros grados y la modificación de la ley 7/2003, que elevó a 40 años el máximo en prisión para delitos de terrorismo. En este punto, el choque con algunos colectivos de víctimas es total.