El Gobierno central se abrió ayer, después de dos semanas de discretas conversaciones, a pactar la última fórmula que plantea el presidente canario, Fernando Clavijo, para aliviar la situación de desbordamiento que sufre el sistema de menores migrantes no acompañados en las islas. La propuesta, con la que se pretende derivar –de manera puntual, pero obligatoria– a la península a unos 4.000 niños y adolescentes llegados en cayucos al archipiélago sin amparo familiar, va a ser estudiada en un plazo de diez días por los servicios jurídicos, puesto que comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ya avisan de una posible invasión de competencias.
Las piezas del rompecabezas con la solución al problema de los menores migrantes en Canarias se mueven, pero la probabilidad de que lleguen a encajar son escasas, pese a que ayer el Gobierno central y el canario exhibieron cierta esperanza. El plan A sigue siendo la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería, pues permitiría un reparto obligatorio entre comunidades autónomas cuando alguna de las regiones –como es el actual caso de Canarias, que vive una crisis humanitaria sin precedentes– supere el límite de su capacidad de acogida. Pero esta fórmula está en punto muerto, ya que su aprobación en el Congreso de los Diputados requiere los votos favorables del Partido Popular, que gobierna junto a Coalición Canaria en las islas, o de Junts. Ambos votaron, al igual que Vox, en contra de que esta reforma iniciase ni tan siquiera su trámite parlamentario.
El texto, pactado por Clavijo y el lehendakari:
Nació ante el bloqueo del Partido Popular a la reforma de la ley de Extranjería
Ante la situación de bloqueo, Clavijo elaboró un plan B –“un parche”, en sus propias palabras– con el lehendakari Imanol Pradales, que contempla una distribución extraordinaria de obligado cumplimiento para el resto de comunidades autónomas. La derivación extraordinaria se realizaría sobre la base de cinco criterios: la población de la comunidad autónoma de acogida; la media de menores tutelados por cada cien mil habitantes en los últimos seis meses; el PIB per cápita; la tasa de desempleo y la solidaridad. Este último punto se mediría con respecto a los niños y adolescentes acogidos en los últimos cinco años. Esta fórmula es la que el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a estudiar.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el líder canario se reunieron ayer en Madrid para analizar la viabilidad de la propuesta y salieron del encuentro con una especie de calendario de actuación para las próximas semanas, en el que se recoge un plazo de diez días para dar una respuesta. Fuentes ministeriales insisten en que la mejor fórmula sigue siendo la reforma de la ley de Extranjería, pero aseguran que van a avanzar en esta propuesta extraordinaria, aunque hay que pulir “cuestiones” desde el punto de vista jurídico.
Los servicios jurídicos
Analizarán la viabilidad, ya que podría invadir competencias de las comunidades
He aquí el primer obstáculo del texto, con un complicado encaje, puesto que el borrador implica la transferencia de la tutela de los menores de una comunidad a otra, por lo que podría incurriese en una invasión de competencias. El Ministerio enviará el documento a la Abogacía del Estado y al Consejo de Estado para que emitan informe sobre su viabilidad. En una reciente entrevista de Clavijo con La Vanguardia, en la que desgranó este plan, fue preguntado por un posible aluvión de recursos de las comunidades. “Que recurran y que asuman las consecuencias. Prefiero el aluvión de recursos, pero que los menores estén atendidos y sus derechos sean respetados”, respondió.
Si el texto, finalmente, obtiene el visto bueno de los servicios jurídicos, debería pasar un segundo obstáculo, no menos complicado: el de la difícil aritmética parlamentaria. Aunque sea aprobado mediante un decreto ley, este debería ser convalidado por las Cortes en los siguientes 30 días. Y es en este punto en el que todas las miradas se dirigen a Junts, una vez que el Partido Popular ya rechazó ayer este reparto no consensuado con las comunidades autónomas. Los siete diputados de la formación independentista serían los determinantes, puesto que nadie duda de que el resto de socios habituales del gobierno apoyaría la distribución que permitiese aliviar las consecuencias de la ruta canaria de la inmigración, que cerró el 2024 pulverizando por segundo año consecutivo su récord con 63.970 llegadas irregulares.
Cinco criterios
La distribución se realizaría con criterios, como la población, el PIB o el desempleo
El ministro reconoció ayer que sigue negociando con la formación de Carles Puigdemont la modificación del artículo 35, pero no concretó si habían iniciado las conversaciones para el reparto puntual. De momento, concretan las mismas fuentes gubernamentales, Junts está en el “no”, en ambas fórmulas. Sin embargo, Clavijo sí asegura que Junts está “en disposición” de apoyar “la filosofía de la distribución extraordinaria” de los menores migrantes. Es decir, a favor de un reparto extraordinario, pero que en ningún caso quede recogido en una ley como obligatorio, como se pretende con la reforma de la ley de Extranjería.
