El instructor del Tribunal Supremo que abrió una causa penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está dispuesto a llegar hasta el final. El magistrado Ángel Luis Hurtado, después de que llegase a sus manos un informe de la Guardia Civil en el que se señalaba que no se había encontrado ningún mensaje recibido en su móvil entre el 8 y el 14 de marzo de 2014 —periodo en el que presuntamente se filtraron datos de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso—, ha realizado una nueva ronda de diligencias, entre las que se incluyen la petición de un informe sobre la posibilidad de recuperar los mensajes o un listado de las llamadas que hizo el máximo representante del Ministerio Público aquella semana.
El origen del caso se encuentra en la nota de prensa difundida por las Fiscalía de Madrid a las 10:20 horas del 14 de marzo, donde se daba cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigada por presuntos delitos fiscales, Julián Salto. Un comunidado con el que se pretendía desmontar un bulo de El Mundo, en el que se indicaba que fue el fiscal quien ofreció pactar a González Amador, en vez de al revés, como ocurrió. Sin embargo, cuando el Supremo abrió causa el pasado 16 de octubre descartó delito en esa nota de prensa porque la información que ofrecía ya se había publicado horas antes en los medios. Así, puso el foco en la filtración de los 'emails' a la prensa a lo largo de la noche del 13 de marzo.
El juez Hurtado ha requerido este martes un nuenvo informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la posibilidad de recuperar el contenido vinculado a las aplicaciones de mensajería instantánea que pudieran haber existido asociadas a dos números de abonados de telefonía móvil vinculados al fiscal general del Estado.
En el mismo auto, el instructor de la causa contra el fiscal general solicita a Vodafone y Movistar que faciliten los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten, y los paquetes de datos emitidos y recibidos, así como la identificación del receptor y el emisor, de los mismos números de teléfono, todo ello entre el 8 de marzo de 2024 y el 14 de marzo del mismo año, ambos días incluidos.
En otro auto, el juez rechaza el recurso de reforma planteado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que es una de las acusaciones populares en la causa, contra la decisión del magistrado de acotar la investigación a las fechas que abarcan del 8 al 14 de marzo de 2024.
