El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice si Álvaro García pudo utilizar otros números de teléfono no analizados la noche que se revelaron datos sobre Alberto González Amador, pareja se Isabel Díaz Ayuso.
El juez toma esta decisión después de recibir el informe de los investigadores sobre el análisis del teléfono del fiscal general en el que se concluye que tenía guardados cero mensajes sobre la pareja de la presidenta de Madrid.
Fuentes fiscales ya dijeron que por protección de datos, el máximo representante de la Fiscalía borra periódicamente los mensajes de su teléfono.
García Ortiz está investigado por un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de una cadena de correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal que le investiga por fraude fiscal.
El Supremo inició una investigación al fiscal general por ser quien dio la orden de que se emitiera una nota de prensa relatando esos contactos y comunicando que el abogado del empresario ofreció un pacto con la Fiscalía para admitir los hechos y el pago de una multa.
En el marco de esta causa, el magistrado ordenó a la UCO registrar el despacho de García y hacer una copia del contenido de su teléfono y ordenadores. Los agentes entregaron la semana pasada el informe sobre el análisis de este contenido concluyendo que sobre este asunto, el fiscal general no tenía ningún mensaje en ninguna aplicación de mensajería instantánea ni ningún correo electrónico.
Tras conclusiones, Hurtado ha requerido a la Guardia Civil para que le facilite los números de teléfono e IMSI/IMEI asociados de las tarjetas de los dispositivos móviles que figuran en el acta de la diligencia de entrada y registro practicada el 30 de octubre en el despacho de Álvaro García Ortiz, así como la titularidad asociada a estos números de teléfono.
El instructor de esta causa señala que adopta esta decisión a la vista del resultado obtenido tras el informe pericial realizado por esta misma unidad sobre el material intervenido en el registro efectuado en el despacho del fiscal general del Estado “y en razón a los datos obrantes sobre dispositivos móviles que figuran en el acta levantada con ocasión de este”.
