La reunión, la cuarta en la serie desde el inicio de la crisis migratoria en Canarias, estaba abocada al fracaso por la falta de voluntad de ceder desde ninguna de las partes negociadoras. Y así se ha constatado. El Gobierno y el PP no han llegado a un acuerdo para desbloquear la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería, con la que se pretende establecer un reparto obligatorio entre las comunidades autónomas de los menores migrantes sin amparo familiar que han colapsado el sistema de acogida canario, que soporta una presión sin precedentes.
Al término de la reunión, celebrada en la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid, aledaña al Congreso de los Diputados, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha insistido en que la política migratoria del Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar provoca un “efecto llamada”, mientras que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha explicado que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo ni siquiera ha querido debatir la propuesta que ha puesto sobre la mesa el presidente canario, Fernando Clavijo, que vincula el reparto de menores entre todas las comunidades a la financiación.
Aunque el PP llegaba a la reunión con un paquete de medidas para luchar contra la crisis migratoria firmado por Clavijo y Feijóo en septiembre, y en el que, además de la reforma del artículo de la ley de Extranjería se plantea implicar a la Unión Europea en la solución de la crisis, lo realmente urgente es la situación de los más de 5.500 menores extranjeros no acompañados que permanecen en Canarias sin poder ser derivados al resto de las comunidades autónomas.
La ley establece que corresponde a la comunidad autónoma la tutela de los niños y adolescentes que llegan solos en pateras o cayucos, por lo que el reparto entre el resto de territorios está sujeto a la solidaridad. El Gobierno central y el canario, tras ocho meses de trabajo, encontraron en la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería la fórmula para que esa distribución fuese obligatoria. Sin embargo, el intento de reforma -a través de una proposición de ley- en el Congreso fue infructuoso ante la negativa del PP, Vox y Junts a inicios de verano. Desde entonces, el Gobierno no ha encontrado un plan B para lograr el apoyo de los populares, y la opción del decreto ley chocaría con la necesidad de convalidarlo en el Congreso con la misma aritmética parlamentaria que tumbó la proposición.
La ministra Rego ha reprochado la “falta de vocación para ponerse a trabajar” con la que Tellado ha acudido a la negociación, que se había retomado después de que el PP se levantase de la mesa a principios de octubre. “Es muy preocupante que asuman la agenda de Vox”, ha señalado en referencia a la amenaza lanzada por los ultras de no aprobar los presupuestos en las comunidades autónomas en las que gobierna el PP. La titular de Juventud e Infancia ha calificado la reforma del artículo 35 de “imprescindible”, ya que si esta no se materializa, con un cambio estructural en el sistema de acogida, se seguirá repitiendo la situación en futuras crisis migratorias. Rego también ha avanzado que el asunto se tratará en una próxima conferencia sectorial, en la que volverán a tener voz todas las comunidades autónomas.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha enumerado, a la salida del encuentro, que se ha prolongado unas dos horas, las exigencias del PP que el Gobierno ha ido asumiendo en los últimos meses: desde convocar una conferencia sectorial para dar voz a los consejeros autonómicos en materia migratoria hasta dejar plasmado en el texto que ninguna comunidad se quede fuera del reparto, pasando por pedir más ayuda a la Unión Europea o aclarar la letra pequeña sobre la financiación de las plazas de acogida. Pero nada de ello, ha lamentado, ha servido para acercar posiciones con el PP, que forma parte del Gobierno de Canarias junto con Coalición Canaria.
Y precisamente quien no ha hablado a la salida de la infructurosa reunión ha sido Fernando Clavijo, que es quien se ve obligado a gestionar el drama humanitario sin que los dos principales partidos se pongan de acuerdo en una solución.
