El Gobierno ha salvado esta semana una de las votaciones más importantes de la legislatura, la de la reforma fiscal. El acuerdo fue “extremadamente complejo”, en palabras de un negociador, ya que el PSOE tuvo que hacer auténticos malabares para reunir a todos sus socios de investidura en un asunto, los impuestos, en el que cada partido tiene su visión. De Junts a Podemos, pasando por PNV, ERC, Bildu y BNG. La principal fogonera del pacto fue la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, apoyada por otros dirigentes del Gobierno y del PSOE, que llegó a hablar con Carles Puigdemont. El teléfono entre Madrid y Waterloo se activó.
Es la primera vez que el Congreso convalida una reforma fiscal en la que han participado partidos de izquierda y de derecha. Ningún otro Gobierno lo había conseguido. Aznar aprobó medidas económicas gracias al apoyo de la extinta CiU. Y Sánchez había impulsado en la pasada legislatura cuestiones fiscales con la antigua mayoría progresista. En esta ocasión, Montero y su equipo consiguieron el concurso de formaciones con recetas económicas incluso antagónicas.
El Gobierno no se podía permitir tener que renunciar a la reforma fiscal porque estaba en juego el quinto pago de los fondos europeos (7.200 millones). Además, el mensaje político que saldría de una derrota dejaría al Ejecutivo tocado, más si cabe el mismo día en el que Víctor de Aldama vertía serias acusaciones contra miembros del PSOE.
Todo salió bien, pero la ley corrió serio peligro. La Vanguardia ha podido reconstruir los momentos decisivos a través de fuentes implicadas en las negociaciones. Fueron tres instantes. El primero, la noche del lunes, en la comisión de Hacienda del Congreso. El objetivo principal de la vicepresidenta Montero en esa jornada era salvar la ponencia, es decir, que no decayera la ley. Hacienda entró a la sala Cánovas con un acuerdo con Junts y PNV, pero sin el apoyo de ERC, Bildu y BNG (Podemos no participa en dicha comisión).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de viaje en el G20 de Brasil, estuvo informado de las negociaciones fiscales
El primer ejercicio de malabarismo consistió en un acuerdo con ERC, Bildu y BNG recogiendo “el compromiso del Gobierno” de aprobar “un real decreto-ley para prorrogar durante 2025 el impuesto a las energéticas”. Hacienda amarraba así los votos de la izquierda, pero el péndulo podía hacer que descarrilara el acuerdo por la derecha, que había conseguido eliminar el gravamen energético para proteger la inversión de 1.100 millones de Repsol en Tarragona. Para amarrarlo el Gobierno se movilizó al más alto nivel.
La vicepresidenta María Jesús Montero habló con Carles Puigdemont esa noche para mantener a Junts en el pacto fiscal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de viaje en el G20 de Brasil, estuvo informado. El grupo catalán aceptó entonces mantenerse en el acuerdo. Junts había defendido que las medidas fiscales pactadas con Hacienda beneficiarán a contribuyentes y empresas en Catalunya, pero no quería aparecer como un partido que había sido engañado. En efecto, el pacto con la izquierda, comprometiéndose a negociar un nuevo impuesto energético, podría parecer que echaba por tierra el compromiso alcanzado con Junts.
Se decidió entonces que el Ministerio de Hacienda emitiera un comunicado reafirmando el pacto inicial con Junts. Fue una iniciativa inédita. Tres simples líneas al filo de la 1 de la madrugada. Se apretó el botón de “enviar” justo después de la votación en comisión. “El Gobierno quiere aclarar que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso con la descarbonización”. Primera bola de partido salvada.
Pero quedaba el pleno del jueves y había otro escollo: Podemos. El Gobierno también se movilizó al máximo nivel. El miércoles fue intenso. Ese día se produjo la mediación del expresidente Zapatero, que habló con Ione Belarra. Intervino también el ministro Bolaños, pero Montero lideró. Tras ofrecer distintas alternativas, Hacienda aceptó la exigencia de Podemos de amarrar el compromiso de Junts de sentarse a negociar el futuro impuesto a las energéticas. La fumata blanca llegó el jueves, pero antes de anunciarla había que volver a amarrar que Junts no saltara.
El mismo jueves, minutos antes de la votación, Montero contactó con la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, y le transmitió que quería reunirse con ella en la zona reservada para el Gobierno en el Congreso. Le explicó el acuerdo con Podemos. Nogueras, tras gestiones internas, accedió: Junts votaría a favor de lo pactado y, a su vez, se sentaría en la mesa negociadora del impuesto energético. La reforma fiscal estaba salvada in extremis y con todos dentro.
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