Más allá de Emiliano García-Page y Javier Lambán, los primeros que expresaron públicamente su disconformidad con el preacuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa que incluye una financiación “singular” para Catalunya y su salida del régimen común, otros líderes territoriales del PSOE se han sumado a las críticas en las últimas horas.
La última reacción significativa ha sido la del secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, quien ha pedido al líder del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reúna al Consejo de Política Federal del PSOE para que todos los responsables autonómicos del partido dialoguen y definan la postura ante la financiación autonómica. Otra nota discordante la ha puesto el consejero asturiano de Hacienda y Fondos Públicos, Guillermo Peláez, quien ha mostrado el rechazo de su gobierno -del PSOE en coalición con Convocatoria por Asturias-IU- a que Catalunya, o cualquier otra Comunidad, abandone el régimen común de financiación a través de un concierto fiscal.
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Gallardo ha comparecido este jueves en rueda de prensa tras el preacuerdo alcanzado por la dirección de su partido con ERC para investir a Salvador Illa y se ha mostrado convencido de que “ningún socialista pondrá en riesgo la igualdad entre españoles consagrada en el artículo 14 de la Constitución”, una certeza, ha dicho, sobre la que tiene una “confianza absoluta”.
El líder de los socialistas extremeños ha dejado claro en todo momento que de este preacuerdo no existe un documento oficial que permita analizarlo, aunque ha recordado que todos los socialistas se guían por los principios de igualdad y justicia social, algo en lo que también se ha basado el modelo de estado que han construido desde la multilateralidad de un sistema de financiación que necesita ser mejorado pero sin dejar de garantizar la equidad, el equilibrio territorial y la solidaridad, según ha defendido.
En ese sentido, ha reivindicado lo recogido en la Declaración de Granada, en 2013, y posteriormente en la de Barcelona, sobre los principios que el PSOE considera básicos en financiación autonómica, para avanzar hacia la mejora de un nuevo modelo “más justo y más equitativo, adaptado a la realidad del siglo XXI”.
Gallardo defiende que la llave de la caja la tenga el Estado, "que es quien distribuye y redistribuye”
También ha manifestado que la solidaridad entre españoles va más allá de la aportación dineraria y que Extremadura, con la energía que ofrece al resto de las comunidades autónomas, contribuye a la riqueza de estas. En ese sentido, ha dejado claro que “la llave de la caja la tenga el Estado, que es quien distribuye y redistribuye”.
Sobre la reunión de todos los secretarios generales de las distintas federaciones regionales socialistas en el Consejo de Política Federal del PSOE que él propone, ha dicho que cree que este es el espacio para todos puedan hablar con “libertad y lealtad”. Se ha mostrado convencido, además, de que el hecho de que el PSOE pueda definir en ella su postura de consenso sobre la financiación autonómica no es solo lo mejor para el partido, sino también para España.
Un concierto fiscal supone una merma de los recursos del Estado"
“Hay que entender que un concierto fiscal supone una merma de los recursos del Estado”, ha razonado, por su parte, el consejero asturiano de Hacienda y Fondos Públicos, Guillermo Peláez quien ha asegurado que este asunto “va más allá” del debate de la financiación autonómica y afecta al debate de la financiación del Estado en su conjunto. En este sentido, Peláez ha asegurado que un concierto fiscal “puede suponer una merma de los recursos del Estado” y, por tanto, “un límite a la solidaridad”.
Supondría, ha agregado, “caminar hacia un modelo de financiación que únicamente tenga en cuenta la capacidad fiscal de los territorios”, quebrantando la solidaridad interterritorial. Peláez ha indicado que, si bien el preacuerdo incluye una cláusula de solidaridad, esta debe valorarse “con mucha prudencia” porque el propio preacuerdo la limita por el principio de ordinalidad. “El principio de ordinalidad no debe primar a la hora de asignar los recursos entre comunidades autónomas”, ha aseverado.
De acuerdo con este planteamiento, el titular de Hacienda también ha rechazado la propuesta de UGT en Asturias para que el Principado negocie una financiación singular para Asturias. “No es la posición del Gobierno del Principado de Asturias porque eso conduciría a la ruptura del régimen común de financiación y por tanto supondría irse a un escenario donde únicamente se tenga en cuenta la capacidad fiscal de los territorios”, ha explicado.
Esto, ha agregado, “supondría no ya un límite sino la ruptura total del principio de solidaridad y caminar hacia un sistema donde los que pagan impuestos son los territorios y no las personas”, algo que “perjudicaría notablemente a las comunidades autónomas con menor capacidad fiscal”. El Principado defenderá su postura en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para el que todavía no hay fecha.
Preguntado por la posibilidad de que los diputados socialistas asturianos rechacen el preacuerdo si llega en estos términos al Congreso de los Diputados, Peláez ha indicado que él representa al Gobierno del Asturias y como tal tomarán “las acciones necesarias” para que su modelo “multilateral y de régimen común” sea el que “definitivamente sirva para reformar el modelo de financiación de las comunidades autónomas”.
Luis Tudanca (Castilla y León), Miguel Ángel Gallardo (Extremadura), Juan Espadas (Andalucía) y Juan Lobato (Madrid) han sido los otros barones socialistas que a través de sus declaraciones públicas han manifestado sus dudas o directamente su rechazo al preacuerdo.