En caso de estar dentro del Parlament de Catalunya, Carles Puigdemont no podría ser detenido. Eso es lo que ha defendido este lunes el presidente de la Cámara catalana, el también posconvergente Josep Rull, que ha garantizado que no permitiría que la policía se lleve al expresidente catalán si está en la institución.
“Dentro del Parlament no será detenido”, ha aseverado Rull, que ha subrayado que existe “un protocolo vigente operativo” que lo impide. “Me encargaré de que se cumpla [el protocolo] íntegramente. Ningún diputado puede ser detenido o retenido dentro del Parlament y la policía, mientras yo sea presidente del Parlament, no entrará a detener a nadie”, ha añadido en una entrevista en Ser Catalunya.
Ningún diputado puede ser detenido o retenido dentro del Parlament y la policía, mientras yo sea presidente del Parlament, no entrará a detener a nadie
Así las cosas, Rull ha reiterado que en caso de que se celebre un debate de investidura el líder de su partido estará presente en el hemiciclo, sea él el aspirante a la presidencia de la Generalitat o no. No obstante, sobre Puigdemont pesa una orden de detención nacional que sigue vigente aunque la ley de Amnistía dispone que un plazo de dos meses a partir de su entrada en vigor se tienen que levantar las medidas cautelares.
Los magistrados del Tribunal Supremo resolvieron hace una semana, con una decisión que aún no es firme, no incluir el delito de malversación que afecta a los líderes del procés en el olvido penal. De ese modo, si Puigdemont regresa a Catalunya, tal y como ha prometido, se expone al riesgo de ser detenido. Preguntado al respecto, Rull ha dicho de forma clara que el dirigente independentista asumirá el riesgo.
La policía debe contar con el aval del presidente de la institución para cumplir con las órdenes judiciales y el protocolo impide la detención de los diputados
Toda esta situación retrotrae a enero del 2018, cuando ya se hablaba de dicho protocolo, puesto que se había convocado para el 30 de enero un pleno de investidura y se especulaba con la posibilidad de que el expressident apareciera en la Cámara por sorpresa.
El protocolo al que hace referencia Rull se aprobó en agosto del 2017. Unas semanas antes, agentes de la Guardia Civil habían irrumpido en la Cámara por las investigaciones relativas a la causa del 3%, sobre la corrupción en Convergència Democràtica de Catalunya y hubo registros en los despachos.
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El sexto punto del protocolo que aprobó la Mesa hace siete años señala que los agentes podrán acceder si cuentan con la autorización del presidente. “Si aportan una orden judicial, y la presidencia ha autorizado la entrada, depositarán las armas en el armario correspondiente y se les tiene que acompañar a la sala de espera habilitada a este efecto”, señala el documento. En otro punto se remarca que “en ningún caso, la policía judicial puede acceder al Parlament para practicar la detención de un diputado”
Además, se apunta que los agentes deben llevar el rostro descubierto en todo momento. “Mientras permanezcan en el interior del edificio, los agentes de la policía judicial tienen que mantener el rostro descubierto. No obstante, si los propios agentes pidieran que se preserve su imagen, se tienen que adoptar las medidas necesarias para garantizar la preservación de ese derecho”, se recoge en el protocolo, que en su día fue aprobado por todos los grupos salvo el PP.
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