El Parlament celebrará dentro de dos días un pleno que pondrá en marcha el reloj de la repetición electoral en Catalunya. Da escalofríos de pensar en volver a las urnas, pero hay dos meses de plazo para que los grupos se pongan de acuerdo y elijan a un presidente de la Generalitat. La votación, como marca la ley, debería celebrarse este miércoles, pero nadie quiere ser candidato sin tener los apoyos bien amarrados. Así que el presidente del Parlament, Josep Rull, hará un simulacro. Ha convocado el pleno para ese día y firmará una resolución que equivaldrá a una investidura fallida. Es el famoso acto equivalente del que se viene hablando desde hace una semana.
El acto equivalente es un truco para sortear la falta de candidatos y cumplir la ley poniendo en marcha la cuenta atrás de dos meses para investir a un presidente de la Generalitat antes del 26 de agosto. La política es el arte de lo posible.
Ridao ve “una anomalía” emplear un mecanismo que está pensado para situaciones extremas
El mecanismo se aplicó por primera vez en 2003, en Madrid. Fue a partir de un dictamen que emitió el Consejo de Estado y que permitió una repetición de las elecciones que acabara con la parálisis institucional que se produjo en la Asamblea de Madrid después del episodio de transfuguismo conocido como tamayazo .
En Catalunya, el acto equivalente no figura en la ley 13/2008 de la presidencia de la Generalitat i del Govern. Pero fue la vía que rescataron los letrados del Parlament en 2018, a raíz de la prohibición de la investidura a distancia de Carles Puigdemont. Sin embargo, al final no se aplicó, ya que después de diversos avatares acabó siendo investido Quim Torra.
Dos años después sí se echó mano del acto equivalente. En octubre del 2020, con la inhabilitación de Torra como presidente de la Generalitat –por negarse a retirar en campaña electoral una pancarta en defensa de los presos del 1-O–, el presidente del Parlament, entonces Roger Torrent, se vio en la tesitura de presentar un candidato a la investidura diez días después de hacerse efectivo el cese de Torra. En esas circunstancias nadie quiso postularse. Y entonces Torrent firmó un acto equivalente para poner en marcha el reloj electoral y evitar el bloqueo institucional. Los comicios se celebraron el 14 de febrero del 2021.
El presidente del Parlament, Josep Rull, se reunió el miércoles con el líder del PSC, Salvador Illa
La vía del acto equivalente es válida, ya se ve. Lo que no está claro es que sea adecuada para la situación actual. Rull lo justifica después del fiasco de la ronda de contactos que celebró la semana pasada con los grupos parlamentarios. Según explicó, tanto el PSC como Junts van a “explorar la posibilidad de proponer” un candidato –Salvador Illa o Carles Puigdemont–, pero no ahora, sino en los próximos dos meses.
¿Es la mejor solución? No lo ve así el profesor de Derecho Constitucional Joan Ridao, que fue ponente de la citada ley 13/2008, y era letrado mayor del Parlament cuando se avaló esta vía en 2020. Para Ridao, “el acto equivalente está pensado como último recurso para situaciones extremas, de bloqueo total, que es lo que pasó con el tamayazo o con Torra”.
En la situación actual, juzga “una anomalía institucional” activar esa vía, ya que convierte “en un plazo ilusorio” los diez días que da la ley desde la constitución del Parlament tras las elecciones para que se encuentre un candidato a la investidura. Si diez días son pocos, se puede cambiar la ley, apunta. “La misma noche electoral se postularon dos candidatos y lo normal hubiera sido proponer uno, y si fracasa, pone en marcha el reloj y no pasa absolutamente nada”, destaca, recordando que hay precedentes de investiduras fallidas, en referencia a Artur Mas o Pere Aragonès.
