La justicia europea se ha inclinado hoy por primera vez a favor de las tesis de Carles Puigdemont sobre la negativa inicial del Parlamento Europeo a asignarle un escaño inmediatamente después de las elecciones de mayo del 2019, una polémica decisión que en su día fue avalada por el Tribunal General de la Unión Europea y que el expresident recurrió. Puigdemont podría apuntarse en los próximos meses una tardía pero importante victoria moral pues, de acuerdo con el abogado general de la UE, debería haber podido acceder a su escaño el uno de julio del 2019, al inicio de la legislatura, y no solo en diciembre de ese mismo año.
Las conclusiones del abogado general, publicadas hoy en Luxemburgo, se posicionan contra el dictamen emitido por el Tribunal General de la UE en julio del 2022 y proponen la anulación de la sentencia que consideraba conforme al derecho europeo la negativa del entonces presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, miembro del Partido Popular Europeo, a reconocer tanto al expresident como a Toni Comín como eurodiputados y asignarles un escaño en la institución. La opinión del abogado general no es vinculante pero orienta la sentencia final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y en tres de cada cuatro casos coinciden.
De acuerdo con el abogado general, la justicia europea no puede avalar la decisión tomada por Tajani contra Puigdemont
La IX legislatura del Parlamento Europeo está a punto de terminar pero el asunto sigue siendo relevante para aclarar no solo la situación legal de Puigdemont y Comín sino, en general, qué condiciones deben darse para que un político electo acceda a un escaño en la institución. Aunque tanto Puigdemont como Comín constaban en la lista de diputados electos publicada por la Junta Electoral central (JEC) tras los comicios europeos del mayo del 2019, no aparecían en la lista definitiva remitida a Bruselas por no haber cumplido con el requisito fijado en la legislación española de jurar la Constitución por riesgo ser detenidos si viajaban a España para cumplir ese trámite. Tajani basó su decisión de no reconocerles como eurodiputados en ese punto y, hasta ahora, la justicia europea lo había respaldado. Su sucesor, el socialdemócrata David Sassoli, se apartaría sin embargo del posicionamiento de Tajani y, apoyándose en una sentencia sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, les extendió la credencial de eurodiputados y les permitió tomar posesión de su escaño en diciembre del 2019.
Detalle de la credencial de Carles Puigdemont como diputado del Parlamento Europeo.
De acuerdo con el abogado general de la UE, Maciej Szpunar, el Tribunal General de la UE erró en su sentencia sobre el tema al no considerar que "el escrito de 27 de junio de 2019 contenía la decisión definitiva del presidente del Parlamento Europeo de hacer caso omiso de la proclamación de 13 de junio de 2019". Al adoptar tal posición, el presidente del Parlamento Europeo "puso en cuestión los resultados electorales oficialmente proclamados, a pesar de que el Parlamento estaba vinculado por la proclamación de 13 de junio de 2019, que era la proclamación oficial de los resultados", argumenta Szpunar.
"Por el contrario, su presidente [Tajani] optó por dar curso a las posteriores notificaciones de las autoridades españolas, que no reflejaban de forma fiel y completa esos resultados", incide el abogado general, explica el TJUE en el comunicado de prensa publicado hoy. Por otra parte, añade, con su escrito del 27 de junio Tajani fio efectos a la suspensión de las prerrogativas de los señores Puigdemont y Comín dimanantes de su condición de miembros del Parlamento Europeo, en violación del Derecho de la Unión". "Ningún precepto de este Derecho autoriza a un Estado miembro a suspender las prerrogativas de los miembros del Parlamento Europeo", concluye el abogado general.
En diciembre del 2019, Sassoli corrigió a Tajani y asignó un escaño a Puigdemont
La sentencia del Tribunal General de la UE declaraba en efecto inadmisible el recurso presentado por Puigdemont y Comín contra la decisión de la Eurocámara alegando que se había limitado a “tomar nota” de la situación jurídica que le había sido notificada por la Junta Electoral Central de España y ya puntualizaba que no era una decisión definitiva sino que, al contrario, podía cambiar "en función de cualquier nueva información" aportada por las autoridades españolas. Entonces, los jueces concluyeron que la decisión era la consecuencia de “la aplicación del derecho español” y no de la negativa de Tajani a asignarles un escaño tras recibir la lista de la JEC, en la que no aparecían ni Puigdemont ni Comín por no haber jurado la Constitución, como estipula la legislación española.
Los jueces estimaron de hecho que la Eurocámara no era competente para pronunciarse si la legislación nacional y la exclusión de Puigdemont y Comín de la lista notificada por España a la institución eran conformes con el derecho europeo pero la posición del abogado general es radicalmente opuesta pues, apoyándose en la sentencia sobre la inmunidad de Junqueras, los reconoce como miembros del Parlamento Europeo desde el momento en que se proclaman los resultados, sin necesidad de cumplir requisito alguno derivado del derecho nacional. Es lo que, en la práctica, hizo Sassoli seis meses después de las elecciones. La paradoja es que la propia institución considera que aquella decisión fue “probablemente ilegal”, según dijo el abogado Norbert Lorenz, miembro de los servicios jurídicos de la Eurocámara, durante la vista del Tribunal General de la UE celebrada en noviembre del 2022 en Luxemburgo sobre la inmunidad parlamentaria Puigdemont, Comín y Clara Ponsatí.
Metsola apura su mandato como presidenta del PE sin posicionarse
La sucesora de Sassoli, la popular maltesa Roberta Metsola, ha optado por pasar de puntillas sobre la decisión del socialdemócrata italiano, fallecido prematuramente en la recta final de su mandato, y no se ha pronunciado sobre la situación legal de Puigdemont y Comín. Los informes requeridos por su oficina a la JEC reiteraban su posición de que los candidatos de Junts no han sido reconocidos oficialmente pero Metsola no se ha pronunciado y ha conseguido llegar al final de la legislatura sin posicionarse sobre el espinoso debate jurídico y político cuya resolución, a la postre, va a quedar en manos de la justicia europea.
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