En pleno repunte de cayucos rumbo a las islas canarias desde las costas de Mauritania, el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado que la Unión Europea se involucre más en la crisis de refugiados que vive el país africano, considerado como el último socio estratégico de Occidente en el Sahel —una zona cada vez más convulsa debido a la expansión del yihadismo—. Se estima que en el campo de Mbera, en la frontera con Mali, malviven unas 92.000 personas. Y la cifra aumenta cada semana porque siguen llegando miles de malienses que huyen de la guerra entre tuaregs, yihadistas y el Ejército. Este escenario tiene un impacto directo en España, que se ha convertido en la principal vía de acceso irregular a Europa después de que en los últimos dos meses se hayan disparado las llegadas de embarcaciones desde Mauritania. Una oleada de embarcaciones que tiene forma de llamada de auxilio.
España ha dado por oída esa llamada de emergencia, y este jueves ha desembarcado en Nuakchot el líder del ejecutivo, Pedro Sánchez, de la mano de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,— para reunirse con su homólogo mauritano Mohamed Ould Ghazouani. A media mañana, tras ser recibidos con honores en el aeropuerto internacional próximo a la capital se han dirigido al Palacio Presidencial, entre calles plagadas de banderas españolas y europeas, para poner sobre la mesa del gobierno mauritano un paquete de más 300 millones de euros: 210 de ellos procedentes del presupuesto europeo y 110 adicionales por parte de España para cooperación en ayuda humanitaria.
La filosofía de estas ayudas es similar a las ofrecidas a Túnez, desde donde parten la inmensa mayoría de pateras rumbo a Italia. Lo urgente ahora en Mauritania: firmar acuerdos de colaboración policial que permitan un mayor control fronterizo en las costas para frenar las salidas de cayucos. Lo importante, también en Mauritania: regar con inversiones económicas el país para crear oportunidades que desincentiven las migraciones irregulares.
Esas son las ideas en las que se sustenta el reciente pacto migratorio alcanzado por los socios europeos, en línea con la política migratoria del gobierno de coalición. Según ha comentado el presidente en el avión del Ejército del Aire que le ha trasladado a Mauritania, España confía que la firma de estos acuerdos tenga un efecto próximo en las entradas irregulares. Algo que hoy mismo ha puesto en duda el presidente canario, Fernando Clavijo.
Aumentará la cooperación en el control fronterizo y los proyectos de "migración circular"
En el ámbito nacional, se ha rubricado un nuevo Acuerdo Marco País, en el que se desgranan los 110 millones para Mauritania. Este documento prevé 60 millones de euros para proyectos de desarrollo durante los próximos cuatro años. Adicionalmente, Sánchez se ha comprometido a comenzar proyectos de cooperación financiera por un monto de 50 millones de euros en los próximos cinco años. También se doblará la ayuda humanitaria, incrementando del millón de euros dedicado en 2023 a dos millones en 2024. El Gobierno se ha encargado de que también quede en negro sobre blanco el refuerzo de la cooperación en el control fronterizo. Además, ambos gobiernos están explorando proyectos de migración circular, como el que el Ministerio de Inclusión lleva a cabo con países de Sudamérica.
En el centro de las inversiones que las Unión Europea quiere proyectar está la apuesta por la transición energética y la descarbonización de la economía de Mauritania a través del desarrollo de sus industrias de hidrógeno verde. Precisamente este asunto ha centrado la mesa redonda en la que han participado empresas españolas como Acciona, Enagás o Eurofer, entre otras. En la mesa, Sánchez ha recordado que la producción a gran escala de hidrógeno verde “solo es posible” en países que “tienen disponibilidad de tierra y un potencial significativo para la generación renovable”. Y España es uno de ellos.
Sánchez ofrece 200 millones para desarrollo de proyectos de renovables con participación española
Según los cálculos ofrecidos por Sánchez, la economía del hidrógeno puede aportar 32.000 millones de euros al año al PIB de España y mantener más de 80.000 puestos de trabajo durante su desarrollo. Y esa estela podría seguir Mauritania si realiza “grandes inversiones”. El Gobierno ha propuesto al presidente mauritano la asociación bajo la iniciativa Global Gateway, con la que crear empleos de calidad y conservar el valor añadido económico y social aquí. Así, ha ofrecido 200 millones de euros en apoyo financiero durante los próximos cinco años para facilitar el desarrollo de proyectos con participación española líderes en las energías renovables.
Inmigración irregular, inversiones y lucha contra el terrorismo. Este es el último de los ejes sobre los que pivota el viaje de la delegación española en Mauritania. En un momento en el que la alianza antiyihadista que crearon cinco países africanos en 2015 —bajo el nombre de G5 del Sahel— se ha disuelto después de que Mauritania y Chad firmasen su defunción tras la salida de Mali, Burkina Faso y Níger, desde Occidente se ve a Mauritania como el último bastión de la zona que no ha optado por Rusia como nuevo socio para luchar contra el terrorismo. Y es ahí donde España entiende que la Unión Europea no puede dejar un vacío de presencia frente a la inestabilidad.