La réplica del PP al año 1 de la alianza Sánchez-Puigdemont es “rearmar al Estado ante el desafío independentista”. Las exequias del procés se han cantado, aunque ni ERC ni Junts hayan salido en procesión porque es más efectivo inaugurar “una nueva etapa” que admitir un fracaso. Eso ha hecho Pere Aragonès desde el Palau de la Generalitat y Carles Puigdemont a la hora de vender su pacto de investidura con el PSOE. La confrontación inteligente del expresident se ha convertido en diálogo, con sobresaltos, avisos y alambicadas negociaciones.
En dos tiempos, el giro estratégico del independentismo llevó a ERC a arrancarle al PSOE primero los indultos y, ahora, gracias a la necesidad de los votos de Junts, una amnistía. A la derecha del hemiciclo, el PP ha vuelto a la pantalla del “ho tornarem a fer” con el que Jordi Cuixart cerró el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo, aunque el independentismo no quiera porque ahora no puede.
La pirueta del PP no preocupa; el bienestar de Sánchez depende de otras lealtades
Durante el 2017 el gobierno popular subcontrató la resolución del conflicto catalán a los tribunales. Mariano Rajoy no ofreció alternativa política y fracasó en la operación policial para evitar que las urnas llegaran a los colegios. Sí logró que el independentismo pagara las consecuencias judiciales. El Estado tenía armas y no ha renunciado a ellas. La amnistía también depende de la aplicación de los jueces. Pero mientras Pedro Sánchez hace de la necesidad virtud y negocia con el independentismo para apuntalar su mandato, la apuesta del PP es otra pirueta judicial, que lo aísla en el mapa político y limita su batalla al combate ideológico con Vox.
Las amenazas de disolución de partidos que incluye el PP en su enmienda a la totalidad de la ley de amnistía amalgaman la mayoría de la investidura y no inquietan a Junts y ERC. Por falta de votos y porque el Tribunal Constitucional se ha cansado de sentenciar que el actual sistema no es una democracia militante que imponga la lealtad a la Constitución, ni siquiera a la democracia. El delito de “deslealtad constitucional” es, para la mayoría de expertos, etéreo; y ligarlo únicamente a la preservación de la unidad de España, extravagante. “Prohibir la disidencia política. La vieja fórmula de los autoritarios. Innovan poco”, fue la reacción de Josep Rull en Junts. “Si no es totalitarismo, se le parece mucho”, concluyen en ERC.
Pedro Sánchez y Miriam Nogueras
La propuesta del PP tiene como objetivo religar los votos de la derecha en las elecciones gallegas y las europeas, más que poner en aprietos al Gobierno. El bienestar de Sánchez depende de otras lealtades. Jordi Turull, le ha trasladado al negociador socialista Santos Cerdán que, si no hay cambios, Junts votará contra los decretos que el Gobierno debe convalidar la próxima semana en el Congreso alegando que ponen en riesgo la aplicación de la amnistía, atacan competencias catalanas y abundan en la infrafinanciación. En ERC siguen estudiando el contenido de las normas pero recelan del uso que hacen de la votación sus exsocios con el propósito de “marcar perfil ideológico”.
Junts mantiene el discurso de la “desconfianza” hacia el PSOE incluso ante la opción de tramitar el denominado decreto ómnibus, otro del Ministerio de Trabajo y el de las medidas anticrisis como proyectos de ley que permitan enmendarlos. “No hay garantías”. Por contra, el pragmatismo de los republicanos les lleva a esperar la posición definitiva de Junts, PNV y Bildu para pronunciarse; a descartar la presentación de enmiendas a la ley de amnistía que no sean viables y, por tanto, que no estén pactadas también con Junts; y a vincular las negociaciones de presupuestos de la Generalitat y del Estado.
Para disgusto de Salvador Illa, en ERC entienden que hay compromisos entre presidentes en ese sentido, ya que ambos gobiernos necesitan estabilidad. Los republicanos no contemplan, de momento, ningún otro escenario que no sea agotar la legislatura en Catalunya, menos aún cuando es imposible determinar el calendario de aplicación de la amnistía. Pero para exprimir el último año de mandato y vender la imagen de capacidad gestora, a pesar de la minoría del Govern, Aragonès necesita unos presupuestos que condicionan votos y lealtades de ERC y PSC.
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