Loading...

La juez rechaza investigar las torturas del franquismo por "prescritos y amnistiados"

La Fiscalía admitió la querella del sindicalista Carlos Vallejo sobre la base de la Ley de Memoria Histórica

La consellera de Justicia de la Generalitat anuncia que recurrirá a la decisión

Jefatura de la policía en Via Laietana, Barcelona 

Xavier CERVERA

La titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona ha decido no investigar las torturas de la policía franquista al sindicalista Carlos Vallejo en la comisaría de la Via Laietana al considerar que los hechos están "prescritos y amnistiados", en contra del criterio de la Fiscalía que se había posicionado a favor de admitir la querella.

La magistrada falla que los hechos que presenta el sindicalista, presidente de la Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme y del Consell de Participació del Memorial Democàtic, Carlos Vallejo no constituyen un delito de lesa humanidad, y que los "principios de legalidad penal, de irretroactividad de disposiciones desfavorables y de vigencia de la ley de amnistía son obstáculos insalvables", a la vista de la jurisprudencia constitucional. 

La magistrada falla que los hechos no constituyen un delito contra la humanidad

En la querella, Vallejo denunció que fue víctima de torturas en los calabozos de la jefatura de Via Laietana tras ser detenido a principios de los años setenta durante 20 días, y se dirige contra Vicente Joan Creix, comisario jefe de la Policía en la jefatura durante el franquismo, Genuino Navales, comisario del mismo centro durante la época, y cuatro inspectores más. 

la Ley de Memoria histórica impone al Estado “el deber de investigar las violaciones del derecho internacional”

Pocos minutos después de conocer la decisión de la jueza, la Consellera de Justícia de la Generalitat, Gemma Ubasart ha anunciado que recorrerán a la decisión pues entienden que “el derecho internacional establece el marco para abrir procesos judiciales” y que este escenario se consolida con la Ley de Memoria histórica, que impone al Estado “el deber de investigar las violaciones del derecho internacional” y “el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas” durante la Guerra Civil y la dictadura.