Catalunya está sedienta. Los embalses que abastecen a Barcelona y su área metropolitana están al 20%. La Generalitat quiere trasvasar agua del Segre. Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, se opone. El Gobierno catalán busca alternativas que suenan estrambóticas, como traer agua en barco. Estamos en marzo de 2008. Gobierna el tripartito en Catalunya y Zapatero en la Moncloa. Artur Mas, en la oposición, pide el trasvase del Ródano. Se discute sobre el desperdicio de agua, sobre piscinas, desalinizadoras… En abril el Gobierno aprueba la prolongación de una tubería que lleva agua del Ebro a Tarragona como ayuda “temporal” a la “emergencia” que vive Barcelona. Aragón (PSOE) y Comunitat Valenciana (PP) ponen el grito en el cielo. El conseller Francesc Baltasar, comunista, le reza a la Moreneta. El primer barco con agua llega al puerto de Tarragona... y empieza a llover.
Nos vamos a remontar un poco más lejos en el tiempo. Verano del 2003. Jordi Pujol visita Castellón. Allí, defiende el trasvase del Ebro que planea Aznar. “Nadie puede discutir que el País Valencià necesita agua y Castellón de una manera importante”, alecciona el president, que unos meses antes había recibido en Alcanar con gritos de “traidor” de 600 seguidores de su partido. Aquello le pasaría factura. Él mismo lo reconoció años después en Torrent, donde dijo haberse sentido “muy maltratado” por sectores valencianos: “Fue mi Gobierno el que apostó por el trasvase del Ebro para Valencia, por lo que perdí cuatro diputados y, quizás, hasta la presidencia del Gobierno catalán (…) enfrentándome a Aragón, a les terres de l’Ebre y a la oposición interna en Catalunya”. Y redobló: “Yo me jugué el tipo por ustedes, pero ustedes dirigen la protesta hacia Catalunya y no hacia Aragón”.
En Catalunya ya se reparten culpas: regantes, ayuntamientos, empresas, turismo, piscinas...
Valga este somero repaso histórico para constatar dos cosas: lo de la sequía viene de lejos y no se ha hecho lo suficiente y segundo, el asunto se presta a la manipulación política y al encono entre territorios. La Moncloa empieza a discurrir cómo afrontar un escenario que creen que el PP ya visualiza: que el Gobierno se tueste sobre la tierra reseca y resquebrajada de muchas zonas de España. El entorno de Pedro Sánchez está convencido de que el PP confió en que la pandemia primero y luego en la guerra y la inflación sin éxito, y que ahora ve una oportunidad en la sequía y los incendios. La luz de alerta ya se ha encendido. Doñana ha sido un aviso.
El círculo de confianza del presidente trabaja desde hace tiempo en la agenda de un año electoral intenso. Se trata de llevar la iniciativa y que Alberto Núñez Feijóo vaya a remolque. De ahí que Sánchez quisiera zanjar cuanto antes la reforma de la ley del solo sí es sí. Pactada la rectificación con el PP, se acallan las críticas a nuevas excarcelaciones de agresores sexuales. Y se pone sobre la mesa la vivienda. Hace un año Nadia Calviño se hizo con el control de la Sareb, lo que obligó a asumir como deuda pública 35.000 millones que el banco malo tenía pendiente de devolver. El objetivo de aquel movimiento es ahora evidente, con el anuncio de Sánchez de la puesta a disposición de autonomías y ayuntamientos de 50.000 pisos para alquiler asequible. Feijóo sólo acertó a replicar con una ayuda de mil euros a jóvenes con recursos insuficientes (sin concretar) para emanciparse.
El ministro Félix Bolaños frente a la Moreneta
La sequía no estaba en ningún plan. Pero en la Moncloa reaccionaron con rapidez, también en Europa, para arrinconar a Juanma Moreno Bonilla. El presidente andaluz puede sacar adelante su plan para regularizar regadíos ilegales, ganar apoyo local y decantar la Diputación de Huelva para el PP, pero eso tendría costes para Feijóo en el resto de España, acusado de permitir que España sea multada por la UE por incumplir sentencias que protegen un patrimonio de la Humanidad como es Doñana. El Gobierno ha reunido esta semana a las autonomías en la mesa sobre la sequía y trata de conjurar una posible guerra política del agua. En los próximos días también se tratarán de coordinar los servicios de protección civil ante los probables incendios. Pero ofrecer soluciones a corto plazo a la escasez de lluvias va a ser difícil. De momento, sus consecuencias en la carestía de los alimentos ha dado al traste con el descenso de precios que Economía esperaba que se empezaría a notar por estas fechas.
En Catalunya vemos indicios de las refriegas que pueden suscitarse. La reunión entre los partidos sobre el decreto de la sequía acabó sin acuerdo. El PSC acusa a ERC de traspasar su responsabilidad a los ayuntamientos. Y ya se escuchan discursos que culpabilizan a los agricultores de regadío, las empresas suministradoras de agua, el turismo, los dueños de piscinas...
En un Estado autonómico en el que la solidaridad interterritorial se utiliza como arma arrojadiza entre baronías políticas y siglas, la disputa por un bien imprescindible y escaso como el agua puede tensionar más sus costuras y hacer tambalear gobiernos. Lo vivió Pujol. Lo experimentó José Montilla. No es de extrañar que esta semana se viera a Fèlix Bolaños, mano derecha de Sánchez y ministro de Presidencia y de “asuntos catalanes”, contemplando a la Moreneta en actitud piadosa.
Junts no sale en la foto de la feria
La feria de abril de Catalunya recuperó ayer, en el encendido que da inicio a la fiesta, la atracción que siempre había ejercido entre los políticos. Por allí pasaron el primer días los más altos representantes socialistas, del PP, de ERC, de Ciudadanos... El desembarco desde Madrid fue notable, con el ministro Fèlix Bolaños o el líder popular Alberto Núñez Feijóo. Estuvo la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. La delegación de ERC incluyó al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, además de Oriol Junqueras. Y los candidatos por Barcelona, con la alcaldesa Ada Colau. En la foto, sin embargo, no hay nadie de Junts. Nada que ver con la época de Pujol, cuando CiU tenía caseta y todo.
Malestar en la Moncloa por el acuerdo de claridad
Lo anunció Pere Aragonès durante su discurso navideño: “El 2023 tiene que ser el año de dar forma a la propuesta catalana de acuerdo de claridad”. Y el pasado día 11 anunció que empezaban los trabajos a través de un consejo académico asesor y más adelante mediante una mesa de partidos, después de las elecciones del 28-M. El PSC no está por la labor de participar en esa mesa de partidos. Su experiencia sobre el debate del “derecho a decidir” fue tan traumática que no están dispuestos a entrar a discutir sobre ningún referéndum que incluya la independencia, ni siquiera como ejercicio de debate. El anuncio, además, sentó mal en la Moncloa al llegar sin aviso previo, ya que la premisa de las relaciones entre Sánchez y ERC es la mutua información en estos asuntos.